Anticorrupción pide hasta 24 años y medio de cárcel, multas que superan conjuntamente los 630 millones y el decomiso de la residencia de Felechosa. Tras una década de investigación, el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía dibujan una operación en la que confluyeron influencia sindical, cambios normativos, una adjudicación sin garantías, sobrecostes extraordinarios y dinero presuntamente retornado a los impulsores del proyecto

El «caso Hulla» ha dejado de ser una investigación interminable para acercarse, por fin, al banquillo. La Fiscalía Anticorrupción ha presentado su escrito de acusación contra quince personas por las presuntas irregularidades cometidas en la construcción del complejo residencial del Montepío de la Minería en Felechosa, una obra financiada prácticamente en su totalidad con los fondos públicos destinados a ofrecer un futuro económico a las comarcas golpeadas por el cierre de las minas.

La acusación pública solicita para el expresidente del Montepío José Antonio Postigo una pena de 24 años y seis meses de prisión y una multa de 80,7 millones de euros. Las penas reclamadas para el conjunto de los procesados oscilan entre los tres años y medio y los 24 años y medio, mientras que las multas solicitadas superan conjuntamente los 630 millones. Anticorrupción pide además que la residencia sea decomisada al Montepío. No existe todavía sentencia ni fecha de juicio: estas cifras representan la tesis y las peticiones de la Fiscalía, que deberán ser discutidas por las defensas y juzgadas por un tribunal.

Un proyecto social convertido en la pieza central de una macrocausa

Sobre el papel, el proyecto resultaba difícil de cuestionar. Los fondos mineros debían compensar la desaparición del carbón mediante infraestructuras, actividad económica y empleo alternativo. El Montepío proponía construir en Aller una gran residencia para mayores ligada al colectivo minero, dotada de servicios sociosanitarios y capaz de generar alrededor de cien empleos directos.

La residencia se levantó entre mayo de 2009 y enero de 2012. La previsión inicial recogida en febrero de 2008 ascendía a 28,86 millones de euros. El convenio firmado en diciembre de 2009 elevó el coste financiable a 30,92 millones, aunque la documentación presentada posteriormente por el Montepío cifró el coste total en 32,48 millones. El antiguo Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón abonó finalmente 27,61 millones y dejó sin pagar un último tramo de 3,30 millones porque consideró que no estaba suficientemente justificado.

No estamos, por tanto, ante treinta millones que desaparecieran íntegramente. La residencia existe, continúa prestando servicios y generó actividad y empleo en el Alto Aller. Lo que investiga la justicia es si una parte sustancial del dinero fue desviada mediante sobrecostes, certificaciones falsas, facturas improcedentes, comisiones y retornos en efectivo.

Esa precisión es esencial: el posible perjuicio económico deberá determinarse en el juicio partida por partida. El titular político de «treinta millones saqueados» resume la dimensión del proyecto, pero no equivale todavía a una cuantificación judicial definitiva del dinero presuntamente apropiado.

El primer paso: adaptar la norma al beneficiario

La operación comenzó mucho antes de que llegaran las hormigoneras.

La normativa de los fondos mineros limitaba al 1% la financiación que podía concederse a determinadas instituciones privadas sin ánimo de lucro. El proyecto del Montepío necesitaba que ese obstáculo desapareciera para recibir el 100% del coste.

El Tribunal de Cuentas comprobó que en diciembre de 2008 ya se había advertido de ese impedimento y de la intención del Instituto del Carbón de modificar el Real Decreto 1112/2007. La memoria justificativa para conceder la ayuda se firmó el 21 de julio de 2009, varios días antes de que se publicara y entrara en vigor la modificación normativa que permitía financiarla. La Abogacía del Estado dejó constancia de que, hasta la entrada en vigor del cambio, continuaba existiendo el límite del 1%.

La modificación legal no constituye por sí misma un delito. Las normas pueden cambiarse para permitir proyectos que el Gobierno considera de interés público. Lo que sostiene Anticorrupción es que la enorme capacidad de influencia del histórico líder del SOMA-UGT, José Ángel Fernández Villa, habría sido utilizada para abrir una vía diseñada específicamente en beneficio del proyecto controlado por la cúpula del Montepío.

La sospecha se refuerza por otra circunstancia: el expediente avanzó sin que existiera un verdadero estudio sobre la necesidad de construir aquella infraestructura y sin analizar si los mismos fondos habrían generado más empleo o desarrollo mediante otras alternativas.

Treinta millones sin un estudio que justificara la necesidad

El Tribunal de Cuentas fue demoledor en este punto. No encontró ninguna memoria, estudio técnico o análisis socioeconómico que justificara por qué debía priorizarse una residencia de mayores frente a otras posibles inversiones para la reconversión minera.

En 2011, Asturias ya contaba con 259 centros geriátricos y 14.027 plazas. El índice autonómico de cobertura residencial era del 5,74%, por encima del 4,53% nacional. Dentro de un radio de cien kilómetros alrededor de Felechosa, la fiscalización calculó una cobertura del 14,94% incluso sin incluir las plazas del nuevo complejo. El área tomada como referencia era muy amplia —abarcaba zonas asturianas y leonesas—, por lo que el dato no demuestra que el proyecto careciese de utilidad local, pero sí evidencia que no se documentó adecuadamente su prioridad frente a otras necesidades de las cuencas.

El proyecto apareció primero en la Comisión de Cooperación y después en la Mesa de la Minería, invirtiendo el orden de intervención previsto en el Plan del Carbón. Las actas iniciales tampoco identificaban al Montepío como entidad que ejecutaría la obra ni explicaban con detalle cómo la residencia iba a producir la transformación económica prometida.

Dicho de forma sencilla: se decidió gastar cerca de treinta millones antes de disponer de una explicación técnica sólida sobre por qué aquella era la inversión adecuada, por qué debía asumirla el Montepío y qué resultados concretos produciría.

La constructora fue elegida antes de firmarse la subvención

El segundo engranaje fue la contratación de la obra.

El consejo del Montepío adjudicó el proyecto a Alcedo de los Caballeros el 9 de marzo de 2009. El convenio mediante el que el Estado comprometió la subvención no se firmó hasta el 22 de diciembre de ese mismo año. La constructora, por tanto, había sido seleccionada nueve meses antes de que existiera formalmente el convenio que iba a financiar el complejo.

El Tribunal de Cuentas concluyó que aquel procedimiento no cumplió las reglas de publicidad, concurrencia, transparencia y objetividad exigidas por la legislación contractual. El Montepío alegó que, por su naturaleza privada, no le resultaba aplicable la Ley de Contratos del Sector Público; el órgano fiscalizador rechazó esa interpretación porque el propio convenio exigía respetarla y porque se trataba de una obra financiada con dinero público.

Según la Fiscalía, el concurso fue una «pantalla»: pliegos poco rigurosos, criterios subjetivos y una oferta ganadora más cara que otras alternativas. Anticorrupción considera que la empresa elegida resultaba imprescindible para desarrollar el mecanismo posterior de sobrecostes, subcontrataciones y presuntas comisiones.

Los administradores y socios de la constructora se encuentran entre los principales acusados. La Fiscalía pide 18 años de prisión y 80 millones de multa para Juan Antonio Fernández, administrador de Alcedo; 16 años y medio y 70 millones para su socio Juan Carlos Riera, y 15 años y medio y 60 millones para Rocío San José González.

Las obras comenzaron sin suelo regularizado y sin cobertura urbanística completa

La residencia empezó a construirse en mayo de 2009, pero el Montepío no tenía todavía plenamente regularizada la titularidad de los terrenos. La inscripción registral no se completó hasta 2013.

La licencia de obra tampoco fue concedida hasta septiembre de 2009, cuando la construcción ya había comenzado. Además, el suelo estaba calificado inicialmente como rural de uso agropecuario y no fue recalificado hasta 2010. El Tribunal de Cuentas consideró que el inicio de las obras incumplió las normas urbanísticas y de edificación aplicables.

Una pieza separada investigó a los miembros de la corporación municipal de Aller que aprobaron la compra y cesión de los terrenos. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias terminó archivándola al no apreciar indicios suficientes de prevaricación administrativa o urbanística en aquellos acuerdos colectivos.

Ese archivo no ha impedido que el exalcalde Gabriel Pérez Villalta aparezca ahora en la acusación principal. Anticorrupción solicita para él siete años de prisión y una multa de 60 millones por actuaciones que la Fiscalía considera individualizadas dentro de la ejecución del proyecto. Será el tribunal el que determine si esas conductas son distintas de los acuerdos municipales ya archivados y si tienen relevancia penal.

Un edificio excepcionalmente caro

Las cifras del Tribunal de Cuentas permiten entender por qué la obra despertó tantas sospechas.

Actualizado a euros de 2018, el coste de la residencia ascendía a 111.694 euros por plaza. Era un 31% superior al siguiente centro más caro incluido en la comparación y aproximadamente el doble de la media de las demás residencias analizadas.

El complejo tenía unos 19.000 metros cuadrados, casi cuatro veces la superficie de la siguiente residencia comparable. El coste por metro cuadrado resultaba un 66% superior al promedio de los otros centros examinados, aunque las conclusiones finales del informe rebajaron esa diferencia comparativa al 61%.

El tamaño por sí solo no prueba una malversación. La residencia incorporaba spa, zonas asistenciales, espacios comunes y servicios que podían encarecerla. El problema aparece cuando esas dimensiones se combinan con otras anomalías: ausencia de concurso transparente, dos presupuestos distintos firmados en la misma fecha, calidades ejecutadas inferiores a las proyectadas y porcentajes extraordinarios de gastos generales y beneficio empresarial.

Los técnicos del Ministerio de Hacienda calcularon que los gastos generales y el beneficio industrial representaban aproximadamente el 51% del proyecto, frente al 20% habitual en la contratación pública. También detectaron que una de las versiones del presupuesto material superaba en más de un 300% a la otra, especialmente en las instalaciones eléctricas.

La acusación conocida ahora añade certificaciones con mediciones presuntamente duplicadas o inexistentes y partidas llamativas, como un felpudo valorado en más de 2.700 euros o dos peceras que superaban conjuntamente los 25.000. Estos ejemplos forman parte de la tesis fiscal difundida sobre el escrito de acusación y deberán ser examinados con las facturas, mediciones y periciales durante el juicio.

La factura de hormigón que conducía a Murcia

Entre las irregularidades documentadas por el Tribunal de Cuentas aparece un ejemplo especialmente gráfico.

Dentro de la justificación de la residencia de Felechosa se incluyó una factura de 50.225 euros por preparación de hormigón. Los trabajos no se habían realizado en Aller, sino en Los Alcázares, Murcia, para otra residencia vinculada a una sociedad del propio grupo. El órgano fiscalizador concluyó que ese gasto no podía considerarse subvencionable y estimó que debía añadirse a las cantidades objeto de reintegro.

El Instituto del Carbón había declarado ya no justificables gastos por 945.500 euros, exigido la devolución de 428.957 euros más intereses y acordado la pérdida del derecho a cobrar los 3,30 millones pendientes. La ejecución quedó suspendida por los recursos interpuestos y por la prioridad del procedimiento penal.

Estos importes administrativos no equivalen necesariamente al total del fraude que sostiene Anticorrupción. Son gastos rechazados o discutidos dentro del expediente de subvención. La acusación penal va mucho más lejos y sostiene que existió una estructura organizada para inflar costes y recuperar parte del dinero público de forma clandestina.

El presunto circuito del dinero

La tesis de la Fiscalía describe una cadena con varias fases.

Primero se aseguraba la financiación pública completa. Después se adjudicaba la obra a una empresa supuestamente integrada en el acuerdo. El equipo técnico elaboraba presupuestos elevados y certificaba trabajos, materiales o mediciones presuntamente falseados. La constructora cobraba las cantidades subvencionadas y distribuía parte del dinero mediante subcontrataciones, proveedores y facturas sobredimensionadas. Finalmente, una fracción habría retornado en efectivo a quienes dirigían la operación.

Anticorrupción atribuye al arquitecto Manuel Sastre una participación esencial en la elaboración de los presupuestos y certificaciones y pide para él 13 años y medio de prisión y 80 millones de multa. Reclama también 13 años y medio y 80 millones para el asesor financiero José Manuel Fernández; diez años y 60 millones para el asesor jurídico Rafael Virgós, y ocho años y medio y 60 millones para el aparejador Vicente Fernández.

Estas peticiones no significan que todos se enriquecieran en esas cantidades. Las multas se calculan conforme a los delitos atribuidos y a las reglas penales aplicables; no son una estimación directa del dinero que cada uno habría recibido.

La amnistía fiscal que terminó alumbrando el caso

El hilo que condujo hasta la residencia apareció con la amnistía fiscal de 2012.

José Ángel Fernández Villa regularizó alrededor de 1,2 millones de euros y José Antonio Postigo unos 436.000 euros. La procedencia de esas cantidades despertó las sospechas que terminaron conectando el patrimonio oculto con los posibles sobrecostes de Felechosa. Anticorrupción abrió formalmente la investigación del «caso Hulla» en 2017.

Según la acusación, Fernández Villa habría atribuido falsamente su dinero a una herencia familiar y Postigo habría utilizado distintos mecanismos y personas para ocultar fondos. La Fiscalía sitúa a ambos en la cúspide de la trama, aunque Villa no se sentará inicialmente en el banquillo.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo acordó en abril de 2024 el sobreseimiento provisional de la causa contra el antiguo líder minero. Los informes forenses concluyeron que su deterioro cognitivo le impedía comprender el desarrollo del proceso. El estado de salud debía revisarse periódicamente, pero la acusación presentada en 2026 mantiene a Villa fuera del juicio.

Su esposa y sus dos hijos sí aparecen acusados de blanqueo. Anticorrupción pide tres años y medio de prisión para cada uno, además de multas de 800.000 euros para María Jesús Iglesias y de 300.000 euros para cada hijo.

El extraño doble papel del Montepío

El Montepío actual se encuentra en una posición extraordinariamente compleja.

La entidad es propietaria del complejo cuya construcción originó la causa, pero al mismo tiempo se considera perjudicada por la gestión de sus antiguos responsables. Se personó como acusación y ha solicitado la apertura de juicio oral y condenas incluso superiores a las pedidas por la Fiscalía: llegó a reclamar 76 años de prisión para Postigo por 24 delitos.

Las defensas han calificado esa acusación de desproporcionada y temeraria. El arquitecto investigado, por ejemplo, rechaza haber participado en una operación delictiva y cuestiona tanto las imputaciones como el cálculo de las penas.

A la vez, Anticorrupción pide que la propia residencia sea decomisada al Montepío. Esa solicitud abre una incógnita trascendental: cómo compatibilizar la eventual recuperación del bien con la continuidad del centro, la atención a los residentes y el mantenimiento de los puestos de trabajo.

La actual dirección sostiene desde hace años que heredó un proyecto endeudado y deficitario, que la residencia presta una función sociosanitaria real y que su actividad ha contribuido al empleo en el Alto Aller. En uno de sus comunicados cifró en unos 90 los puestos de trabajo y defendió que las responsabilidades penales de los anteriores gestores no deben convertirse en un castigo para la plantilla, los mayores y el territorio.

Por qué el «caso Hulla» supera a sus protagonistas

La importancia de esta causa no reside únicamente en las cantidades presuntamente desviadas.

Los fondos mineros debían reparar una pérdida histórica. Cada euro estaba destinado a crear empleo y futuro en concejos castigados por el cierre de pozos, el envejecimiento, la emigración juvenil y la pérdida de actividad. Si se demuestra que una parte fue utilizada para pagar comisiones o enriquecer a quienes controlaban las organizaciones encargadas de defender a los trabajadores, el daño político y moral será mayor que el puramente contable.

El informe del Tribunal de Cuentas demuestra, con independencia del resultado penal, que fallaron prácticamente todas las barreras de control: no hubo un estudio serio de necesidad, se modificó la norma que impedía financiar el proyecto, la constructora fue seleccionada antes de firmarse el convenio, las obras comenzaron sin la situación urbanística regularizada, se aceptaron facturas improcedentes y el Instituto permaneció años sin reaccionar.

Ese es el elemento más inquietante. Una operación de esta dimensión no necesitó esconderse en un sótano. Circuló por mesas de negociación, consejos, ministerios, administraciones, certificaciones técnicas y expedientes oficiales. El dinero avanzó porque cada control aislado resultó débil, tardío o insuficiente.

Lo que falta por saber

La apertura de juicio oral deberá determinar qué parte de la descripción de Anticorrupción puede demostrarse con pruebas.

Habrá que establecer cuánto dinero fue realmente desviado; quién conocía el presunto falseamiento de los costes; qué pagos respondían a trabajos reales; qué cantidades retornaron en efectivo; si la modificación normativa fue fruto de una decisión política legítima o de tráfico de influencias, y qué relación existió entre el dinero regularizado en 2012 y las obras de Felechosa.

También deberán resolverse las responsabilidades civiles, el posible decomiso y el futuro patrimonial de la residencia.

Después de casi diez años de instrucción, la causa llega a su momento decisivo. Hasta ahora existe un relato acusatorio muy grave y una fiscalización oficial que documenta anomalías extraordinarias. Pero la última palabra no corresponde a la Fiscalía, al Montepío, a los sindicatos ni a los periódicos.

Corresponde al tribunal.

Y será allí donde se sabrá si el geriátrico construido para simbolizar el futuro de las cuencas terminó convertido, como sostiene Anticorrupción, en una máquina cuidadosamente diseñada para transformar el dinero de la reconversión minera en beneficio privado.