Miles de personas han pasado la noche en calles, descampados y alrededores del CETI; continúan las llegadas por el espigón, se investigan incidentes aislados y al menos 18 migrantes han muerto. Sánchez y Marlaska viajan hoy a una ciudad que ha visto aumentar su población de hecho cerca de un 60% en apenas un día
Ceuta ha vivido la noche más difícil de su historia reciente. Lo que ayer por la tarde era ya una gravísima crisis fronteriza se ha convertido esta mañana en una emergencia nacional de dimensiones desconocidas: las primeras estimaciones manejadas por el Gobierno calculan que unas 49.000 personas habrían entrado desde Marruecos en las últimas 24 horas, de las cuales al menos 7.000 podrían ser menores de edad.
El recuento todavía es provisional. No existe una filiación completa y resulta extremadamente difícil saber cuántas personas permanecen en Ceuta, cuántas han intentado regresar a Marruecos y cuántas pueden haber sido contabilizadas más de una vez durante los movimientos producidos en la frontera. Sin embargo, la cifra ha sido confirmada por fuentes ministeriales y atribuida al Departamento de Seguridad Nacional y al Ministerio del Interior.
Para entender su magnitud basta una comparación: Ceuta tiene alrededor de 83.000 habitantes. Una entrada de 49.000 personas equivaldría a incrementar de golpe su población en cerca de un 60%.
Ninguna ciudad española dispone de policías, plazas de acogida, servicios sanitarios, trabajadores sociales, alimentos, baños, transporte y alojamientos suficientes para absorber en unas horas una transformación demográfica semejante.
De la promesa de coordinación al despliegue militar
Cuando Asturias Mundial publicó su primera crónica, alrededor de las cinco de la tarde del jueves, el Gobierno central acababa de anunciar un acuerdo con Marruecos para reforzar la coordinación fronteriza y devolver «lo antes posible» a quienes hubieran entrado irregularmente.
Interior defendía entonces la «ejemplar colaboración» de Rabat, agradecía a las fuerzas marroquíes haber impedido miles de intentos y acusaba a las redes de tráfico de personas de estar instrumentalizando una reciente sentencia del Tribunal Supremo para extender la idea de que quienes llegaran a nado no podrían ser devueltos.
Pero la realidad que se imponía sobre el terreno era mucho más grave que el mensaje oficial.
Durante la tarde, la Asamblea de Ceuta acusó al Ejecutivo central de mantener una actitud insuficiente ante una crisis que estaba poniendo en riesgo la capacidad de funcionamiento de la ciudad. Todos los grupos representados reclamaron una respuesta extraordinaria, más fuerzas de seguridad, la intervención de las Fuerzas Armadas, el cierre temporal del Tarajal y la consideración de la situación como una emergencia para la seguridad nacional.
El Gobierno rechazó inicialmente que pudiera declararse una emergencia nacional al amparo de la normativa de protección civil, porque los flujos migratorios no aparecen recogidos como uno de los riesgos previstos en ese sistema. El Gobierno ceutí replicó que su petición no se basaba en la legislación de protección civil, sino en la Ley de Seguridad Nacional.
La discusión jurídica quedó rápidamente superada por los acontecimientos.
Al final de la tarde, La Moncloa ordenó movilizar a las unidades del Ejército de Tierra desplegadas en Ceuta para apoyar a la Guardia Civil y contribuir al mantenimiento de la seguridad. La decisión evocó de inmediato la crisis de mayo de 2021, aunque el volumen estimado ahora sería muy superior.
Más policías, guardias civiles, buceadores y medios marítimos
El dispositivo preparado durante la tarde y la noche incluye unidades militares, refuerzos de la Guardia Civil y hasta 200 agentes de las unidades de intervención y prevención de la Policía Nacional.
A los 60 guardias civiles de la Agrupación de Reserva y Seguridad destinados habitualmente en el perímetro se sumaron inicialmente 20 agentes más, con otros dos pelotones previstos. También se movilizaron 30 efectivos de Seguridad Ciudadana procedentes de unidades de Andalucía y dos equipos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas, con ocho buceadores destinados a rescates y recuperación de cadáveres.
En el mar, el buque Duque de Ahumada fue enviado durante la madrugada para reforzar las dos embarcaciones medias y las cuatro zódiacs de la Guardia Civil. El operativo contempla además un helicóptero, pilotos de drones, patrones y mecánicos para sostener durante los próximos días una vigilancia marítima intensiva.
La Policía Nacional ha reforzado especialmente las tareas de identificación, control de las calles y prevención de altercados. El problema es que filiar individualmente a decenas de miles de personas no puede hacerse en unas horas, y mucho menos cuando una parte importante carece de documentación.
Una noche a la intemperie
La llegada masiva transformó la ciudad al caer la noche.
El CETI, cuya capacidad ordinaria se encontraba ya superada antes de esta última avalancha, no podía asumir a los recién llegados. En los días anteriores ya había cientos de jóvenes acampados en sus inmediaciones esperando ser registrados por la Policía Nacional y autorizados a entrar.
Durante la madrugada, miles de personas buscaron un lugar donde dormir en calles, parques, montes, descampados, playas, polígonos industriales y alrededores del centro de acogida. Associated Press documentó la presencia de adultos y menores no acompañados durmiendo al aire libre tras atravesar la frontera.
Los medios locales informaron de algunos incidentes: la entrada de un grupo acompañado por un bebé en una vivienda de Loma Colmenar, una pelea en la zona de Real 90 y la intervención policial ante concentraciones y acampadas en el Monte Hacho.
También se detectaron grupos que intentaban regresar a Marruecos, bien porque no encontraban alojamiento, alimentos o medios para continuar, bien porque habían quedado separados de sus familiares durante la entrada. A primera hora de esta mañana seguían reuniéndose personas en las proximidades de la frontera con intención de volver.
Estos episodios no permiten afirmar que Ceuta haya sufrido una oleada general de violencia. Sí confirman, en cambio, una situación de desorden extremo y de absoluta insuficiencia de recursos, con decenas de miles de personas dispersas por una ciudad de apenas 19 kilómetros cuadrados.
Disturbios y vehículos incendiados en el lado marroquí
La tensión más grave durante la noche se produjo en Castillejos —Fnideq—, la localidad marroquí situada junto a la frontera.
Miles de personas siguieron llegando desde Tánger, Tetuán y otras localidades del norte de Marruecos. Algunas caminaron por carreteras y senderos de montaña para evitar los controles. Otras permanecieron durante horas en las colinas y los espacios abiertos próximos al Tarajal esperando una nueva oportunidad para cruzar.
Las fuerzas marroquíes desplegaron vehículos antidisturbios y cañones de agua, y consiguieron frustrar buena parte de los intentos nocturnos. Reuters constató enfrentamientos, estampidas y el incendio de un autobús y siete vehículos en el lado marroquí. Varios migrantes relataron situaciones de aplastamiento y miedo a morir entre las multitudes.
La presión no desapareció durante la madrugada, pero el dispositivo marroquí fue más contundente que en las horas en las que se produjo el gran desbordamiento del jueves.
Ese cambio obliga a formular la pregunta política decisiva: ¿por qué Marruecos fue capaz de contener buena parte de los intentos durante la noche, pero no evitó que decenas de miles de personas alcanzaran la frontera durante las horas anteriores?
El espigón siguió abierto durante la madrugada
Pese a los refuerzos, las entradas por el espigón del Tarajal continuaron durante toda la noche y al amanecer.
Algunas personas bordearon la estructura prácticamente caminando, aprovechando la escasa profundidad y los puntos por los que resulta posible acceder desde la playa marroquí. Otras llegaron a nado, con flotadores, cámaras de neumático o trajes de neopreno.
El Ejército desplegado esta mañana ha bloqueado la salida directa hacia la carretera nacional y ha comenzado a desviar a quienes cruzan hacia un área interior próxima a las naves del Tarajal, con el objetivo de impedir que se dispersen inmediatamente por la ciudad.
Esta reorganización ha liberado parcialmente la carretera, pero ha complicado el acceso al centro de salud de la zona y ha creado nuevas acumulaciones en el interior del polígono.
La frontera terrestre seguía formalmente abierta a primera hora, aunque el tránsito ordinario era mínimo y estaba profundamente condicionado por el dispositivo policial y militar.
Al menos 18 muertos y un balance todavía incompleto
La dimensión humana de la tragedia continúa creciendo.
Las principales agencias y fuentes policiales elevan a al menos 18 las personas fallecidas durante los intentos de entrada. Parte murió ahogada al tratar de alcanzar Ceuta a nado y otras víctimas habrían sufrido aplastamientos durante las avalanchas junto al espigón y los accesos fronterizos.
Los medios ceutíes han publicado balances superiores, de entre 20 y 21 muertos, basándose en fuentes funerarias y en la sucesión de vehículos que continuaron retirando cadáveres durante la madrugada. Sin embargo, a las diez de la mañana no existía todavía una confirmación administrativa completa que permitiera elevar con seguridad el dato oficial.
La prudencia obliga por tanto a mantener la cifra de 18 víctimas confirmadas, indicando que el balance puede aumentar.
A ellas se suman decenas de heridos, personas atendidas por hipotermia, agotamiento, golpes, cortes y crisis de ansiedad, además de quienes pueden haber desaparecido en el mar.
Una estimación descomunal que necesita ser auditada
La cifra de 49.000 entradas supone un cambio radical respecto a las estimaciones difundidas durante el jueves, que hablaban primero de cientos, después de varios miles y, ya por la noche, de más de 20.000.
Ese salto no significa necesariamente que durante la madrugada hayan cruzado otras 30.000 personas. Es probable que responda también a una revisión del volumen real de la entrada terrestre del jueves, cuando los controles quedaron completamente desbordados y miles de personas se dispersaron sin ser identificadas.
El dato debe considerarse preliminar, no definitivo.
Será necesario cruzar imágenes aéreas, grabaciones de cámaras, registros policiales, atenciones sanitarias, ocupación de espacios públicos y controles posteriores para determinar cuántas personas entraron realmente y cuántas permanecen en la ciudad.
Pero incluso una revisión importante a la baja mantendría la crisis en una escala histórica.
La sentencia del Supremo: importante, pero malinterpretada
El Gobierno atribuye parte del movimiento a rumores difundidos por redes sociales y redes de tráfico de personas después de la sentencia del Tribunal Supremo del 8 de julio.
El fallo determinó que el mecanismo excepcional de «rechazo en frontera» —la denominada devolución en caliente— no puede aplicarse automáticamente a quienes sean interceptados en el mar intentando llegar a nado a Ceuta o Melilla.
La Ley de Extranjería permite ese rechazo inmediato cuando una persona intenta superar elementos físicos de contención fronteriza, como las vallas. El Supremo entendió que cámaras, drones y sensores vigilan la frontera, pero no constituyen por sí mismos una barrera material de contención.
Eso no significa que quien llegue a nado obtenga automáticamente permiso para quedarse en España.
La Administración puede abrir un expediente individual de devolución, comprobar la identidad, valorar posibles peticiones de asilo y ejecutar el retorno si se cumplen las condiciones legales. Lo que no puede hacer es entregar inmediatamente a esa persona a Marruecos sin procedimiento, identificación ni garantías.
La diferencia jurídica es importante, pero resulta mucho más difícil de explicar que el mensaje simplificado difundido en redes: «Si entras por el mar, no pueden devolverte».
Esa interpretación falsa o incompleta puede haber actuado como factor de movilización. Pero no explica por sí sola cómo decenas de miles de personas llegaron simultáneamente hasta una de las fronteras más vigiladas de África.
¿Ha influido la regularización extraordinaria?
La regularización aprobada por el Gobierno será utilizada inevitablemente en la batalla política.
Puede discutirse si anuncios de este tipo generan en el exterior la percepción de que España mantiene una política migratoria más favorable que otros países europeos. Esa percepción, aunque se base en una interpretación errónea, puede ser aprovechada por traficantes, intermediarios y mensajes difundidos en redes.
Sin embargo, las personas que han entrado ahora en Ceuta no pueden beneficiarse de esa regularización.
La norma exige que los solicitantes se encontraran en España antes del 1 de enero de 2026 y que acrediten una permanencia ininterrumpida durante los cinco meses anteriores a la solicitud. Quien haya cruzado la frontera el 30 o el 31 de julio queda fuera de sus requisitos.
Por tanto, no resulta correcto afirmar que el Gobierno haya concedido directamente «papeles» o derechos de residencia a quienes están entrando ahora.
Sí es legítimo analizar si la comunicación política de la regularización, unida a la sentencia sobre las devoluciones marítimas y a los rumores de una frontera abierta, ha contribuido a crear una expectativa general de facilidad de permanencia. Eso requerirá pruebas, no únicamente intuiciones o consignas partidistas.
Marruecos: cooperación oficial y sospechas inevitables
La posición oficial del Gobierno español sostiene que Marruecos está colaborando de forma leal y permanente y que sus fuerzas han impedido miles de intentos durante los últimos días.
La actuación nocturna en Fnideq, con refuerzos, controles, antidisturbios y cañones de agua, demuestra que Rabat dispone de capacidad para bloquear los accesos cuando decide desplegarla.
Pero la entrada de decenas de miles de personas revela, como mínimo, un fallo gigantesco del sistema marroquí de prevención. Es difícil aceptar que una concentración humana de ese tamaño pueda alcanzar los alrededores del Tarajal de forma repentina, invisible e imprevisible.
No existe por ahora una prueba pública concluyente de que Marruecos haya abierto deliberadamente la frontera para presionar a España, como sucedió de hecho en mayo de 2021 tras la acogida hospitalaria en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.
Sí existen elementos suficientes para reclamar una explicación completa.
La crisis coincide con la Fiesta del Trono marroquí, con nuevas tensiones regionales y con movimientos recientes de la diplomacia española hacia Argelia. Ceuta, además, sigue siendo una herramienta de enorme valor estratégico para Rabat: basta con relajar durante unas horas la vigilancia para crear una crisis política, humanitaria y europea de primer orden.
La contradicción entre la retórica gubernamental —«colaboración ejemplar»— y la realidad observada en la frontera será uno de los puntos más delicados de la visita de Pedro Sánchez.
La intervención europea ya está sobre la mesa
Ceuta no es solo una frontera española. Es una frontera exterior de la Unión Europea.
El comisario europeo de Interior y Migraciones, Magnus Brunner, ha ofrecido ayuda financiera y la posibilidad de desplegar efectivos de Frontex para colaborar en el control de la situación.
La oferta tiene una enorme trascendencia política. Implica reconocer que la crisis ha superado el ámbito local y nacional y que puede afectar a la libre circulación dentro del espacio europeo.
España tendrá que decidir si acepta la intervención operativa de Frontex, qué funciones desempeñaría y cómo se coordinaría con la Guardia Civil, la Policía Nacional, el Ejército y las autoridades marroquíes.
También será necesario organizar traslados a la Península. Ceuta carece materialmente de capacidad para mantener a decenas de miles de personas en su territorio mientras se tramitan identificaciones, peticiones de protección internacional y procedimientos de retorno.
El problema de los 7.000 menores
La estimación de al menos 7.000 menores de edad introduce una dificultad añadida.
Los menores no acompañados no pueden ser tratados del mismo modo que los adultos. Deben ser identificados, recibir protección inmediata y quedar bajo tutela de la Administración. Cualquier retorno debe valorar individualmente su interés superior, comprobar la existencia de familiares y garantizar que serán entregados a un entorno seguro.
Ceuta ya denunciaba antes de esta crisis una sobreocupación extraordinaria de sus recursos de menores. El presidente de la ciudad había cifrado en un 2.400% la presión sobre algunos dispositivos.
Con varios miles de menores nuevos, la distribución entre comunidades autónomas deja de ser una discusión presupuestaria y se convierte en una necesidad inmediata.
El Gobierno central tendrá que activar mecanismos de traslado, habilitar centros provisionales y exigir corresponsabilidad territorial. De lo contrario, los menores permanecerán durmiendo en calles, naves y campamentos improvisados sin protección adecuada.
La ciudad paga ya el precio económico y social
La crisis ha provocado la suspensión de actividades institucionales, el cierre de establecimientos, restricciones en el transporte y la reorganización de servicios sanitarios y de emergencia.
La Feria de Ceuta ha sido suspendida. Comercios y centros comerciales cerraron durante parte de la jornada por no poder garantizar la seguridad de trabajadores y clientes. Los servicios municipales han tenido que alterar sus tareas y algunos sindicatos han pedido que los empleados que trabajan en la calle lo hagan por parejas.
Más allá del daño inmediato, la ciudad afronta un impacto económico serio sobre el comercio, el turismo, la hostelería, el puerto y la imagen exterior.
Existe además un riesgo social que debe afrontarse con rigor: la población ceutí tiene derecho a exigir seguridad y control fronterizo sin que esa preocupación derive en ataques, represalias o una criminalización colectiva de todos los migrantes.
La inmensa mayoría de quienes han entrado busca refugio, oportunidades o la posibilidad de llegar a la Península. Pero la falta de identificación, alojamiento y control favorece inevitablemente incidentes, miedo y desinformación.
Sánchez se enfrenta hoy a la prueba política
Pedro Sánchez y Fernando Grande-Marlaska viajarán esta mañana a Ceuta.
El presidente tiene previsto visitar la frontera del Tarajal a las 11:40 horas y presidir a las 12:15 una reunión con Juan José Vivas, el delegado del Gobierno, los mandos de la Policía Nacional y la Guardia Civil, y responsables del CETI y de Cruz Roja. Posteriormente ofrecerá una declaración institucional.
La visita llega después de que el Ejecutivo fuera acusado de reaccionar tarde y de minimizar durante días una presión migratoria creciente.
Sánchez tendrá que responder al menos a cinco preguntas:
¿Cuántas personas han entrado realmente?
¿Dónde van a ser alojadas y atendidas?
¿Cómo y en qué plazo se producirán las devoluciones pactadas con Marruecos?
¿Qué responsabilidad atribuye España a Rabat por el colapso de la frontera?
¿Aceptará el Gobierno el despliegue de Frontex y activará traslados urgentes a la Península?
Ya no es solo una crisis migratoria
Ceuta afronta simultáneamente una crisis fronteriza, humanitaria, policial, diplomática, jurídica y política.
Reducirla únicamente a una «invasión» impide entender la presencia de menores, familias y personas que han arriesgado su vida en el mar. Pero describirla únicamente como una llegada humanitaria tampoco refleja la ruptura efectiva de una frontera exterior de España y de la Unión Europea, ni el impacto que soporta la población ceutí.
La realidad obliga a mantener las dos dimensiones.
Hay seres humanos que deben ser rescatados, identificados y tratados con dignidad. Y existe un Estado que tiene la obligación de controlar sus fronteras, proteger a sus ciudadanos y evitar que otro país, una red criminal o una campaña de rumores pueda alterar en unas horas la vida de una ciudad entera.
La noche ha demostrado que reforzar el Tarajal permite reducir la presión, pero no resuelve el problema de las decenas de miles de personas que ya están dentro.
La jornada decisiva comienza ahora: contar, atender, identificar, separar adultos y menores, trasladar, tramitar solicitudes y ejecutar los retornos legalmente posibles.
Y, por encima de todo, averiguar cómo pudo abrirse durante horas un agujero semejante en una de las fronteras más sensibles de Europa.
