El presidente defiende la mejora del empleo, la recuperación demográfica y siete presupuestos consecutivos. La vivienda, la ejecución de las inversiones, la transformación industrial y la ampliación de la «vía fiscal asturiana» marcarán, sin embargo, el balance definitivo antes de las elecciones de 2027.

Adrián Barbón ha convertido el balance de sus siete años al frente del Principado en el punto de partida de su último curso político completo antes de las elecciones autonómicas de 2027. La comparecencia, celebrada este viernes en la sede de Presidencia, se prolongó durante 48 minutos y tuvo más contenido de rendición de cuentas y reivindicación del modelo asturiano que de presentación de un nuevo programa de gobierno.

A diferencia del balance de 2025, cuando anunció la reforma del IRPF que acabaría dando forma a la denominada «vía fiscal asturiana», esta vez no ha trascendido, por el momento, una medida de impacto comparable. A las 12:30, el Principado había publicado la grabación íntegra de la comparecencia y la galería de imágenes, pero todavía no había difundido una nota escrita con posibles anuncios, calendarios o compromisos cuantificados.

La conclusión política es clara: Barbón quiere que sus siete años sean juzgados por la estabilidad institucional, la aprobación anual de presupuestos, la evolución del empleo y el refuerzo de los servicios públicos. Pero el examen final no se decidirá por lo presupuestado ni por lo anunciado, sino por lo que llegue efectivamente a las viviendas, las fábricas, las infraestructuras y los servicios públicos durante los próximos diez meses.

La estabilidad, principal activo político

El presidente llegó al Gobierno en 2019 y gobierna desde 2023 en coalición con IU-Convocatoria por Asturies, sin mayoría absoluta. Pese a esa aritmética, el Ejecutivo ha conseguido aprobar siete presupuestos consecutivos, un resultado que Barbón presenta como prueba de estabilidad frente al bloqueo político de otras administraciones.

Las cuentas de 2026 alcanzan el máximo histórico de 6.993 millones, un 4,9% más que las del año anterior. Reservan 4.637 millones para políticas sociales, 2.549 para sanidad y 187 para vivienda. El propio Gobierno las presentó como el instrumento para financiar el pacto educativo, reforzar la prevención de incendios y acelerar la construcción residencial. El presupuesto oficial puede consultarse aquí.

Ese es, precisamente, uno de los puntos donde cambia el criterio del examen. Haber aprobado siete presupuestos constituye un mérito político; haber ejecutado sus inversiones, reducido los plazos administrativos y terminado los proyectos es la prueba de gestión. En la documentación oficial disponible tras la rueda de prensa no se ha incorporado un balance detallado de ejecución por consejerías, programas o grandes obras.

La rebaja fiscal que puede tensionar la coalición

La fiscalidad será uno de los primeros asuntos que pondrán a prueba al Ejecutivo después del verano. Barbón quiere revisar los límites de renta que dan acceso a las deducciones autonómicas para evitar que una subida salarial derivada de la inflación deje fuera de las ayudas a familias de clase media.

No se trataría, en principio, de una rebaja generalizada de tipos, sino de ampliar o actualizar los umbrales de la «vía fiscal asturiana». El Gobierno calcula que este modelo permitió ahorrar 90 millones en el IRPF de 2024 y que su impacto podría alcanzar los 133 millones en la campaña correspondiente a 2025. El planteamiento oficial de Barbón es extender sus beneficios sin que las rentas más altas se beneficien de una reducción indiscriminada.

La propuesta ha abierto un debate con IU, socio de gobierno y responsable de la Consejería de Vivienda. La discusión no será únicamente tributaria: afectará al equilibrio interno de la coalición y a la negociación de los presupuestos de 2027. Todavía faltan el coste definitivo, los nuevos límites de renta y la fórmula jurídica que permitiría aplicar la modificación.

Vivienda: 1.500 iniciadas no significa 1.500 entregadas

La vivienda es probablemente el terreno donde más distancia puede existir entre el anuncio político y la percepción ciudadana. El compromiso del Principado consiste en poner en marcha 1.500 viviendas públicas durante la legislatura y elevar el parque autonómico por encima de los 11.000 pisos.

El Gobierno también prevé estrenar los primeros alquileres del programa Alquilámoste, declarar las primeras zonas tensionadas y tramitar la ley autonómica de vivienda. A finales de 2025 contabilizaba 600 pisos en construcción y aseguraba que el 90% se destinaría al alquiler para jóvenes. Estos son los objetivos oficiales de vivienda.

La precisión es importante: «poner en marcha» incluye actuaciones en distintas fases de tramitación, licitación o construcción. No equivale a entregar 1.500 llaves. El balance definitivo dependerá del número de pisos terminados y ocupados, de los precios ofrecidos y de la capacidad para reducir las listas de demandantes.

También siguen pendientes la aprobación parlamentaria de la ley de vivienda y el despliegue real de Alquilámoste, diseñado para incorporar inmuebles privados vacíos al mercado mediante un canon garantizado y la conservación del piso por parte de la Administración.

Industria: inversiones anunciadas y decisiones empresariales pendientes

Barbón puede presentar datos favorables en empleo. El Gobierno cerró 2025 contabilizando 22.938 personas desempleadas menos y 30.534 afiliados más que en 2019. También destacó la creación de 1.565 sociedades durante el ejercicio y los 480 puestos asociados a 16 centros de investigación de grandes empresas instalados en Asturias.

El objetivo para 2026 es superar las 400.000 afiliaciones en los meses de mayor actividad y mantener el paro por debajo de las 50.000 personas. Estos indicadores forman parte de los 25 compromisos oficiales del Ejecutivo para este año.

Sin embargo, la industria asturiana continúa expuesta a decisiones que exceden el ámbito autonómico: la descarbonización de la siderurgia, el precio de la energía, las inversiones de ArcelorMittal, el desarrollo de la eólica marina, el futuro de los proyectos vinculados a la defensa y la llegada efectiva de nuevas fábricas.

La Ley de Proyectos Estratégicos pretende acortar los plazos, pero su eficacia se medirá por las inversiones culminadas y los empleos estables, no únicamente por el número de expedientes declarados prioritarios.

Infraestructuras: Pajares no cierra la lista de agravios

La llegada de la alta velocidad a través de la variante de Pajares es uno de los grandes hitos que Barbón incorpora a su balance. También puede reivindicar el abono CONECTA, la gratuidad de Cercanías, el soterramiento ferroviario de Langreo y los avances en Bobes y la Zalia.

Pero la apertura de Pajares no ha resuelto el problema ferroviario asturiano. Continúan pendientes la fiabilidad de Cercanías, la llegada de los nuevos trenes, la capacidad para mercancías, la conexión competitiva de los puertos y la integración efectiva de Asturias en el Corredor Atlántico.

A ello se suma el peaje del Huerna, cuya prórroga el Gobierno asturiano sigue calificando de ilegal, y una red autonómica de carreteras que necesita acelerar obras, conservación y conexiones interiores.

El balance real comienza ahora

Barbón dispone de argumentos para defender que Asturias es hoy más estable, tiene menos paro, recibe más población y cuenta con un presupuesto social superior al de 2019. También puede exhibir la gratuidad educativa de 0 a 3 años, la próxima extensión de la gratuidad universitaria, la Ley de Impulso Demográfico y la consolidación del transporte público asequible.

Pero sus asuntos pendientes son igualmente concretos: entregar vivienda pública, ejecutar las inversiones, culminar la Ley de Salud Mental y la del Tercer Sector, desplegar el nuevo modelo de cuidados, asegurar los proyectos industriales y conseguir avances verificables en ferrocarril y grandes infraestructuras.

La comparecencia estaba incluida en la agenda oficial del Principado. El verdadero balance, sin embargo, no terminará con esta rueda de prensa. Se cerrará cuando los asturianos puedan comprobar cuánto de lo presupuestado llegó realmente a ejecutarse antes de las urnas.