La ingeniería asturiana intenta salvar su futuro con un plan de reestructuración pendiente del juzgado, mientras el caso Termocentro vuelve al primer plano por su conexión con Nervis Villalobos y las presuntas maniobras investigadas en el entorno de Leire Díez y Santos Cerdán

Duro Felguera vuelve a mirar al pasado justo cuando más necesita convencer al presente de que tiene futuro. La ingeniería asturiana, una de las compañías industriales históricas de Asturias, se encuentra en uno de los momentos más delicados de su larga trayectoria: pendiente de que el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Gijón homologue su plan de reestructuración, con una deuda pesada sobre los hombros, con activos en venta, con una plantilla redimensionada y con una reputación empresarial que intenta recomponer después de años de crisis.

Pero, en plena operación de supervivencia, ha regresado con fuerza el fantasma que nunca terminó de irse: Venezuela.

La aparición de Duro Felguera en el sumario del llamado caso de las “cloacas” del PSOE no responde a una nueva actuación de la compañía actual, sino al eco judicial de uno de los episodios más comprometidos de su etapa anterior: el contrato de Termocentro, adjudicado en 2009 en Venezuela por más de 1.500 millones de euros y convertido desde hace años en un frente penal, fiscal y reputacional de primer orden.

La conexión se produce a través de Nervis Villalobos, exviceministro venezolano de Energía, acusado en la causa de los presuntos sobornos pagados para favorecer la adjudicación del contrato. Villalobos aparece ahora también en el entorno de las investigaciones sobre Leire Díez y Santos Cerdán, en las que la Guardia Civil analiza presuntas maniobras para obtener información comprometida contra fiscales, jueces y agentes policiales, así como posibles intentos de influir en causas judiciales sensibles.

El resultado es un cóctel endiablado para la empresa asturiana: una compañía que asegura ser “radicalmente diferente” a la de aquella época ve cómo una causa de hace más de quince años reaparece en el peor momento posible, justo cuando necesita estabilidad, confianza financiera y una resolución judicial favorable para evitar el deterioro definitivo de su situación.

Un contrato gigantesco que se convirtió en una herencia tóxica

El origen de todo está en Termocentro, la gran central termoeléctrica venezolana adjudicada a Duro Felguera en 2009, durante el Gobierno de Hugo Chávez, en un contexto de emergencia energética en el país. El contrato, de más de 1.500 millones de euros, fue presentado en su día como una operación internacional de enorme calado para la ingeniería asturiana.

Años después, aquel proyecto se transformó en uno de los mayores problemas judiciales de la compañía.

La Audiencia Nacional ha fijado para el 19 de octubre el inicio del juicio oral por los presuntos sobornos relacionados con la adjudicación de la central. En el banquillo estarán Duro Felguera como persona jurídica, antiguos directivos de la empresa y ex altos cargos venezolanos, entre ellos Nervis Villalobos y Javier Alvarado.

La Fiscalía Anticorrupción sostiene que responsables de la compañía habrían entregado cantidades millonarias a funcionarios venezolanos a través de sociedades interpuestas para que utilizaran su influencia en beneficio de la empresa asturiana. Las cifras que aparecen en la causa son de una magnitud demoledora: hasta al menos 105,6 millones de dólares en presuntos pagos irregulares, según los indicios recogidos en la investigación judicial.

Para los antiguos responsables de Duro Felguera, la Fiscalía solicita penas de prisión y multas millonarias. Para la propia compañía, como persona jurídica, se reclama una multa de 160 millones de euros y la posible inhabilitación temporal para obtener subvenciones, contratar con el sector público o recibir beneficios fiscales y de la Seguridad Social.

Ese es el punto que más preocupa en Asturias: aunque los hechos investigados correspondan a una etapa anterior, una eventual condena afectaría a la sociedad actual. Las empresas cambian de dueños, de presidentes, de consejos de administración, de estrategia y hasta de cultura interna. Pero la persona jurídica sigue siendo la misma. Y ahí está el problema.

“No somos aquella Duro Felguera”

La defensa empresarial de Duro Felguera se apoya en una idea central: la compañía actual no es la compañía de los años de Termocentro. Fuentes próximas al grupo insisten en que los hechos investigados se remontan principalmente al periodo 2008-2011, que la investigación arrancó en 2015 y que el procedimiento penal se activó formalmente en 2017. Desde entonces, el grupo ha cambiado de propiedad, de dirección, de estructura y de prioridades.

La empresa sostiene que hoy es una organización renovada, sometida a nuevas reglas de control, con otra gobernanza y con una hoja de ruta centrada en sobrevivir primero y relanzarse después.

El argumento es comprensible desde el punto de vista empresarial, pero no borra el riesgo judicial. La nueva Duro Felguera puede no ser moral ni operativamente la misma que la de hace quince años, pero sigue cargando con las consecuencias legales de aquella etapa. Es la maldición de las grandes herencias corporativas: los responsables cambian, pero los expedientes se quedan.

El caso Leire: la pieza política que reactivó el foco

La gran novedad de los últimos días no está en el sumario original de Termocentro, sino en su conexión indirecta con el caso Leire Díez, una investigación que ha sacudido la política nacional al situar bajo la lupa a la exmilitante socialista y al ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil investiga si existió una red dirigida a recabar información contra fiscales, jueces y agentes policiales, con el supuesto objetivo de desacreditar o neutralizar investigaciones judiciales que afectaban al entorno socialista o a personas conectadas con distintas causas de corrupción.

En ese escenario aparece Nervis Villalobos, pieza clave del caso Duro Felguera. Según las informaciones conocidas del sumario, la trama habría mantenido contactos o intereses vinculados a Villalobos, tanto por su situación judicial como por su solicitud de nacionalidad española. También se ha informado de presuntas gestiones para obtener información contra fiscales de Anticorrupción relacionados con causas sensibles, entre ellas procedimientos en los que aparecían nombres como Villalobos o empresarios investigados en otros sumarios.

Santos Cerdán ha negado cualquier implicación delictiva y denuncia una campaña para destruir su reputación. El PSOE, por su parte, ha intentado desvincular la actuación de Leire Díez de la estructura del partido. Pero la existencia de informes de la UCO, libretas intervenidas, conversaciones y diligencias judiciales ha convertido el caso en una de las investigaciones políticas más delicadas del momento.

Para Duro Felguera, el daño no está tanto en aparecer como protagonista de esa trama —porque la compañía actual no es investigada por esas supuestas maniobras— como en que su causa penal más delicada vuelva a ocupar titulares nacionales en un contexto de enorme toxicidad política.

Y eso, para una empresa que está pidiendo confianza al mercado, a los acreedores, al juzgado, al Estado y a posibles socios industriales, es gasolina sobre un suelo ya mojado.

Octubre, el mes que puede marcar un antes y un después

El juicio de Termocentro está previsto para octubre y llega en un momento crítico. Si el calendario se mantiene, la Audiencia Nacional volverá a poner bajo los focos el mayor caso penal pendiente de la historia reciente de Duro Felguera.

La empresa se enfrenta a una paradoja cruel: necesita proyectar futuro, pero el juicio obligará a revisar su pasado más incómodo. Necesita hablar de proyectos, reorganización, México, nuevos contratos y viabilidad. Pero tendrá que convivir con titulares sobre Venezuela, presuntos sobornos, funcionarios chavistas, sociedades interpuestas y multas multimillonarias.

La situación es especialmente sensible porque el plan de reestructuración se sostiene sobre una idea de credibilidad. Duro Felguera intenta demostrar que puede ser viable si se ordena financieramente, reduce cargas, ajusta estructura y recupera actividad comercial. Cualquier ruido judicial que ponga en duda su estabilidad o multiplique los riesgos contingentes puede complicar esa narrativa.

El otro frente venezolano: Hacienda y más de 150 millones en juego

El caso penal no es el único problema heredado de Termocentro. Duro Felguera mantiene también una batalla fiscal con la Agencia Tributaria por la tributación de los ingresos obtenidos a través de la UTE creada para desarrollar el proyecto venezolano.

Hacienda reclama a la compañía más de 150 millones de euros por diferencias de criterio sobre cómo deben tributar las rentas de uniones temporales de empresas que operan fuera de España. La empresa defiende que esos ingresos deberían beneficiarse de determinadas exenciones y confía en que los precedentes judiciales de otros grupos industriales le den la razón.

El pleito no es menor. Tiene impacto directo sobre activos estratégicos y sobre la capacidad de maniobra de la compañía. El taller de Barros, en Langreo, aparece vinculado a garantías relacionadas con este conflicto fiscal, lo que complica su eventual venta a Indra en las condiciones que pretende la compañía tecnológica y de defensa.

Ese taller no es una pieza cualquiera. En el contexto actual de rearme europeo, defensa industrial y búsqueda de capacidades productivas, Barros se ha convertido en un activo con interés estratégico. Indra ya adquirió El Tallerón, en Gijón, y ha mostrado interés por ampliar su implantación en Asturias. Pero la negociación sobre Barros se cruza con el pleito fiscal y con la necesidad de Duro Felguera de no malvender activos en plena reestructuración.

Una empresa en cirugía mayor

La Duro Felguera actual está en plena cirugía de urgencia. Sus cuentas de 2025 reflejan la dureza del momento: pérdidas millonarias, caída de ventas, deuda financiera elevada, patrimonio neto negativo y un esfuerzo de reestructuración que incluye desinversiones, cancelación de proyectos deficitarios, reorganización societaria, ajustes de plantilla y búsqueda de liquidez.

El plan presentado ante el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Gijón contempla una inyección de capital de 10 millones de euros por parte del grupo mexicano Prodi, socio mayoritario; quitas de deuda; venta de activos no estratégicos; redimensionamiento de la plantilla y una nueva etapa comercial apoyada en proyectos internacionales, especialmente en México.

La propia compañía ha defendido ante el juez que su plan no es una promesa en el aire, sino una hoja de ruta que ya ha empezado a ejecutarse. Cita como avances la novación del respaldo público recibido a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, las desinversiones formalizadas, el ERE, la venta de la sede social, la operación de El Tallerón y el respaldo financiero comprometido por Prodi.

Pero el margen es estrecho. Duro Felguera arrastra una deuda importante con el Estado por el rescate público concedido en 2021, además de obligaciones financieras, litigios internacionales y riesgos heredados de proyectos antiguos como Djelfa, Iernut o Termocentro.

En términos industriales, la empresa todavía conserva conocimiento, marca, experiencia internacional y capacidad técnica. En términos financieros, vive pendiente de que cada pieza del puzle encaje. Y en términos judiciales, octubre amenaza con abrir una nueva fase de incertidumbre.

El dilema asturiano: salvar una compañía histórica sin ignorar su pasado

Para Asturias, Duro Felguera no es una empresa cualquiera. Forma parte de la historia industrial de la comunidad, de la memoria de las cuencas, de la ingeniería pesada, de la internacionalización empresarial y de una identidad productiva que durante décadas sostuvo empleo, conocimiento y orgullo tecnológico.

Por eso su crisis tiene una lectura que va más allá de la cuenta de resultados. Cada movimiento afecta a trabajadores, proveedores, instalaciones, suelo industrial, capacidad productiva y reputación económica del Principado.

Pero esa dimensión emocional no puede tapar la gravedad de los hechos investigados. Si se confirma que en la etapa anterior hubo pagos millonarios para obtener contratos internacionales, el daño no es solo jurídico: es también ético, institucional y reputacional. Y si, además, una causa de esa naturaleza aparece ahora conectada con una presunta red política para influir en procedimientos judiciales, el impacto público se multiplica.

La Duro Felguera de hoy intenta convencer de que merece otra oportunidad. La justicia deberá determinar qué ocurrió en la Duro Felguera de ayer. Entre una y otra se juega buena parte del futuro de una compañía que ya no puede permitirse otro incendio.

Una conclusión incómoda: el futuro de Duro depende también de su pasado

La empresa asturiana vive atrapada entre dos tiempos. El presente le exige reestructurarse, reducir deuda, vender activos, recuperar contratos y demostrar que puede volver a ser viable. El pasado, en cambio, le devuelve una y otra vez al caso Termocentro, a Venezuela, a los presuntos sobornos y ahora también al ruido político de las “cloacas” del PSOE.

La gran pregunta ya no es solo si Duro Felguera logrará que el juez homologue su plan de reestructuración. La pregunta es si podrá reconstruir su credibilidad mientras uno de los mayores escándalos de su historia vuelve a ocupar el centro del tablero judicial y político.

En octubre, la Audiencia Nacional empezará a examinar los hechos. Antes, el juzgado mercantil deberá pronunciarse sobre la viabilidad de la compañía. Entre ambas fechas se juega una partida decisiva.

Duro Felguera quiere ser otra empresa. Pero para demostrarlo tendrá que sobrevivir a la empresa que fue.