Los ladrones se llevaron ordenadores, discos duros, documentación y fotografías familiares del chalé donde tres menores permanecieron aislados durante casi cuatro años. La ley no obliga a mantener precintada una vivienda por el mero hecho de que sus ocupantes hayan sido detenidos

Mientras Christian Steffen y Melissa Ann Steffen permanecían en prisión preventiva y sus tres hijos estaban bajo la tutela del Principado de Asturias, la casa de Fitoria en la que había vivido la familia quedó vacía, desprotegida y, finalmente, a merced de los ladrones.

Cuando los abogados del matrimonio pudieron acceder al inmueble meses después, encontraron una vivienda completamente revuelta. Los cajones estaban abiertos, el contenido de armarios y muebles aparecía esparcido por las habitaciones y las paredes habían sido cubiertas con pintadas, algunas dirigidas expresamente contra la pareja.

Del interior habían desaparecido ordenadores, discos duros, documentos personales, cajas todavía cerradas desde la mudanza de la familia desde Alemania y numerosas fotografías familiares. Objetos que quizá no tuvieran un elevado valor económico, pero que constituían prácticamente toda la memoria personal de un matrimonio que acababa de pasar más de un año entre rejas.

El saqueo se descubrió el pasado enero, cuando terminó el contrato de alquiler y los letrados acudieron a retirar las pertenencias que aún quedaban en la casa. Lo poco que pudo recuperarse fue trasladado a un trastero de Oviedo.

Las defensas sospechan que la vivienda pudo quedar mal cerrada el mismo día de la intervención policial, el 28 de abril de 2025. Los intrusos habrían accedido posteriormente por una puerta del salón comunicada con el jardín. No se conoce, sin embargo, cuándo se produjeron las entradas ni cuántas personas pudieron participar.

Una casa vacía desde el día de las detenciones

El operativo que destapó el caso comenzó después de que una vecina alertara de que escuchaba voces infantiles en el chalé, aunque nunca veía salir a ningún niño. Tras varios días de vigilancia, la Policía Local y los servicios sociales acudieron a la vivienda.

El padre recibió a los agentes y accedió a que entrasen, según la información publicada entonces. Por tanto, aquella primera intervención no comenzó necesariamente como un registro judicial forzoso, sino como una entrada consentida para identificar a las personas que residían en la casa. Dentro se localizaron los tres menores, que no estaban escolarizados, llevaban mascarillas superpuestas y vivían en un entorno de grave insalubridad.

Los niños, que entonces tenían ocho y diez años, quedaron inmediatamente bajo la protección del Principado. Sus padres fueron detenidos y posteriormente enviados a prisión provisional sin fianza. En la vivienda se localizaron pañales usados, medicamentos, animales en malas condiciones y camas inadecuadas para la edad de los menores.

Desde ese momento, el chalé quedó sin moradores. Pero eso no significa que se convirtiera automáticamente en una propiedad judicialmente custodiada.

¿No debería haber estado precintada?

La respuesta jurídica es clara, aunque pueda resultar sorprendente: no existe un precinto automático por el simple hecho de detener y encarcelar a quienes viven en una casa.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que la entrada en un domicilio requiere el consentimiento de su titular o una resolución judicial motivada. También permite adoptar medidas de vigilancia cuando un juez acuerda un registro, con el objetivo de impedir que desaparezcan personas, documentos o efectos relacionados con el delito.

Pero esa vigilancia está vinculada a la investigación y al registro, no a la conservación indefinida de toda la vivienda.

La propia ley contempla cerrar y sellar un local cuando un registro debe interrumpirse y todavía quedan diligencias pendientes. Una vez concluida la inspección y recogidas las pruebas consideradas necesarias, no existe una obligación general de mantener la casa precintada durante los meses o años que dure el procedimiento penal.

Dicho de otra manera: el precinto protege una diligencia judicial o una prueba; no funciona como un servicio gratuito de alarma y vigilancia para una vivienda cuyos ocupantes han ingresado en prisión.

¿Y los ordenadores y discos duros?

Este es uno de los puntos más delicados del saqueo.

La legislación permite que el juez ordene recoger documentos, objetos, ordenadores o dispositivos que puedan resultar necesarios para esclarecer los hechos. Cuando se trata de discos duros o equipos informáticos, su incautación y registro requieren garantías específicas para preservar los datos y evitar alteraciones.

Por tanto, si los ordenadores y discos duros que desaparecieron del chalé hubieran sido considerados relevantes para la causa, podían haber sido intervenidos y depositados bajo custodia judicial. El hecho de que aparentemente permanecieran en la vivienda permite pensar —aunque no lo demuestra— que no fueron considerados pruebas necesarias o que ya se había obtenido la información que interesaba a los investigadores.

Tampoco se ha aclarado si contenían datos relacionados con el procedimiento, información profesional de Christian Steffen o únicamente archivos privados de la familia. Su desaparición plantea, además del robo material, un evidente riesgo para la intimidad del matrimonio y de los menores.

Una posible responsabilidad difícil de demostrar

La cuestión cambiaría si pudiera acreditarse que existía una orden expresa de precinto o custodia y que esta fue incumplida, o que los agentes abandonaron la vivienda abierta después de hacerse cargo de ella.

En ese supuesto podría investigarse si existió una actuación negligente y si hay relación directa entre esa actuación y los daños sufridos. La legislación permite reclamar por lesiones o perjuicios causados por el funcionamiento de los servicios públicos, pero exige demostrar tanto el daño como el nexo causal con una actuación administrativa concreta.

Por ahora, lo único conocido es la sospecha expresada por las defensas de que alguna puerta pudo quedar mal cerrada. No hay información pública que confirme que la vivienda estuviera oficialmente precintada, que alguien rompiera sellos policiales o que existiera una orden para mantener vigilancia permanente.

En ausencia de esas medidas, la protección ordinaria del inmueble habría correspondido a quienes seguían siendo sus arrendatarios, a una persona autorizada por ellos o, una vez extinguido el alquiler, al propietario. El problema evidente es que ambos inquilinos estaban encarcelados, sus hijos habían sido trasladados y la familia carecía de alguien cercano que pudiera ocuparse inmediatamente de la vivienda.

Una condena reducida a seis meses

Christian y Melissa fueron condenados inicialmente por la Audiencia Provincial de Asturias a dos años y diez meses de prisión: dos años y cuatro meses por violencia psíquica habitual y otros seis meses por abandono de familia. También fueron absueltos del delito de detención ilegal.

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha revocado ahora la condena por violencia psíquica y mantiene únicamente los seis meses por abandono de familia. La Sala considera que el aislamiento de los niños respondió a una sobreprotección extrema y equivocada nacida del miedo al coronavirus, pero no aprecia una voluntad deliberada de provocarles daño psicológico. La sentencia todavía puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.

Como el matrimonio llevaba en prisión preventiva desde abril de 2025, había cumplido ampliamente la pena finalmente impuesta y fue puesto en libertad de manera inmediata. Los menores —dos gemelos que ahora tienen nueve años y su hermano mayor, de once— continúan bajo la tutela y atención de los servicios sociales del Principado.

Libres, pero sin casa y sin recuerdos

La salida de prisión no ha supuesto para Christian y Melissa el regreso a la vida que dejaron atrás.

Ya no conservan la casa de Fitoria, buena parte de sus pertenencias ha desaparecido, Christian perdió durante su encarcelamiento el empleo que desempeñaba para una empresa internacional y el matrimonio carece de una residencia estable. Busca ahora alojamiento provisional mientras trata de obtener ingresos y reconstruir desde cero una vida que quedó suspendida el día de su detención.

Por encima de los ordenadores, los documentos o las fotografías robadas, ambos mantienen una prioridad: recuperar el contacto con sus hijos.

Sus abogados aseguran que están dispuestos a cumplir todas las condiciones que establezcan los servicios de protección de menores y avanzar, aunque sea lentamente, hacia una posible reunificación familiar.

El chalé de Fitoria ha terminado convertido en el símbolo de dos historias diferentes. Primero fue el lugar en el que tres niños permanecieron aislados del mundo durante casi cuatro años. Después, mientras toda la atención se concentraba en el proceso judicial, se convirtió en una casa vacía y aparentemente desprotegida en la que otros entraron para llevarse cuanto encontraron.

Una vivienda investigada por la Policía, fotografiada por decenas de medios y conocida en toda España, pero que, cuando se apagaron las cámaras, quedó convertida en tierra de nadie.