Democracia en quiebra

Siempre me han gustado los refranes, las máximas, los proverbios. Son el precipitado final de la experiencia acumulada durante años por los seres humanos. Como buen aficionado, no desaproveché la oportunidad de crearlos a partir de mi bagaje en la Administración pública. 

Creo que mi aforismo más logrado es aquel que dice: «No hay políticos corruptos sin funcionarios permisivos». Hay muchos más. Hoy viene a cuento el que sentencia: «Cuando el interés público no coincide con el interés particular, deja de ser público».

Y viene a cuento porque refleja la personalidad de Sánchez. Muchos dirán que, desaparecido el principal instigador de la crispación, el oscuro sujeto Iglesias, ha tomado el relevo de mis críticas el falsario Sánchez. No es exactamente así. Sánchez, desgraciadamente, merece la reprobación permanente de todo ciudadano español con un mínimo sentido común.

Ha puesto nuestra democracia en quiebra, quiebra que técnicamente se produce cuando una empresa se ve obligada a cesar en su actividad por falta de liquidez para pagar sus deudas. 

Aquí el deudor es el Estado español en manos de un demagogo, y los acreedores, vascos, catalanes, bilduetarras, comunistas, podemitas, chavistas, empresas de dudosa reputación y demás fauna que pretende vivir a costa del presupuesto público español en aras de un mal entendido progresismo.

Pero no solo ha puesto en quiebra al país por los millones despilfarrados con vascos y catalanes, por permitir que se constituya la nueva Generalidad «republicana», por haber creado una estructura administrativa elefantiásica, por despilfarrar el dinero público en subvenciones que nadie controla, sino por haberse apropiado de todos los instrumentos de poder, por haber nombrado a un fiscal general que hizo gala de que «la información vaginal es éxito asegurado», por el oprobioso empeño en indultar a los delincuentes golpistas sin que se cumpla ni uno solo de los requisitos establecidos por la ley, con el daño colateral de colocar de nuevo al Rey en el brete de firmar el decreto de concesión de dudosa legalidad, cuando no ilegal.

Muchos dirán y hasta le exigirán que se oponga a la firma o que añada alguna coletilla similar a la que adicionan al juramento de toma de posesión la pandilla de sediciosos, aprovechateguis y calaña similar que apoyan a Sánchez contra los intereses de España. 

Y para ello invocarán la figura del Rey Balduino de Bélgica, que, para eludir la firma de la Ley del Aborto, cuyo texto no aceptaba, solicitó al Primer Ministro la búsqueda de una solución legal que pasó por incapacitarlo durante 36 horas asumiendo el Gabinete sus funciones. 

Cuánto tardarían Sánchez y sus cómplices en declarar la república si Felipe VI planteara una cuestión similar. 

Lo dijo Montesquieu: «No hay peor tiranía que la que se ejerce a la sombra de las leyes y bajo el calor de la justicia». 



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