El primer decreto permitiría prolongar hasta dos años decenas de miles de contratos en Asturias y amplía la protección frente a determinados desahucios; el segundo cambia radicalmente las reglas de renovación del alquiler. Junts mantiene su voto contrario, mientras PNV y Coalición Canaria apoyan únicamente el primero. El resultado tendrá consecuencias inmediatas para inquilinos y propietarios y ha abierto además un nuevo frente político sobre la estabilidad de la legislatura.

Para 41.917 hogares de alquiler en Asturias, lo que ocurra este viernes en el Congreso no es una discusión política abstracta. Es la diferencia entre conservar o perder, desde el momento en que se produzca la votación, una nueva posibilidad de prolongar hasta dos años determinados contratos que vencen antes de terminar 2028.

El número procede de estimaciones del Ministerio de Consumo sobre los contratos susceptibles de acogerse a esa prórroga extraordinaria. Son 41.917 en Asturias y alrededor de 1,9 millones en toda España. No significa que todos vayan a necesitarla ni que todos cumplan finalmente los requisitos, sino que forman parte del universo potencialmente afectado. 

Y hay una peculiaridad que hace especialmente extraña la jornada de hoy: las medidas ya están en vigor.

El Real Decreto-ley 26/2026 entró en vigor ayer, 1 de octubre. El segundo, el 27/2026, ha entrado en vigor este mismo viernes. Ahora el Congreso debe decidir si los convalida o los deroga.

Primer decreto: el que afecta directamente a esos 41.917 contratos asturianos

El primero es, con diferencia, el paquete más amplio.

Entre sus medidas está una prórroga extraordinaria de hasta dos años para determinados contratos de vivienda habitual cuyo periodo de prórroga obligatoria, tácita o reconducción finalice antes del 31 de diciembre de 2028. El inquilino debe solicitarla y encontrarse al corriente del alquiler, incluidos los ocho meses anteriores. Existen además excepciones, entre ellas determinados supuestos en los que el propietario necesita recuperar la vivienda. 

Ahí están los 41.917 contratos asturianos contabilizados como potencialmente prorrogables.

Pero ese decreto es mucho más que esa medida.

También limita hasta finales de 2028 determinadas compras de viviendas realizadas por entidades cuya actividad consiste en adquirir inmuebles por debajo del 70% de su valor de tasación; regula con mayor precisión los alquileres temporales y por habitaciones; limita, bajo determinadas circunstancias, las actualizaciones de renta al 2% hasta finales de 2027; e introduce medidas fiscales destinadas tanto a aumentar la oferta como a incentivar determinados alquileres. 

Además establece una protección especial frente al desahucio para personas vulnerables sin alternativa habitacional, con distintos mecanismos dependiendo de quién sea el propietario, que alcanza hasta el 31 de diciembre de 2030. 

Para un inquilino asturiano, por tanto, el debate de hoy puede traducirse en algo tan sencillo como esto: si su contrato está próximo a terminar, las reglas que tiene esta mañana pueden no ser las mismas después de la votación.

El segundo decreto va todavía más lejos

El Real Decreto-ley 27/2026 aborda una cuestión diferente: qué sucede cuando un contrato de vivienda habitual llega al final de su duración.

La norma establece que, superados los primeros cinco años de contrato —siete cuando el arrendador sea una persona jurídica—, si ninguna de las partes comunica que quiere terminarlo, el alquiler se renovaría por nuevos periodos de cinco años o siete años, respectivamente. 

El propietario que no quiera continuar tendría que comunicarlo con seis meses de antelación, frente a los dos meses exigidos al arrendatario.

Y aparece una de las medidas que más controversia política ha provocado: en determinados supuestos, el propietario que decide no renovar tendría que indemnizar al inquilino con una cantidad equivalente, como mínimo, a doce mensualidades de una vivienda de características similares, con las excepciones contempladas en el propio decreto. 

Son, por tanto, dos votaciones distintas y dos modelos diferentes. Que caiga uno no implica jurídicamente que tenga que caer el otro.

¿Qué dicen ahora mismo los números del Congreso?

A primera hora de este viernes no hay resultado. Hay posiciones anunciadas.

Junts decidió anoche votar en contra de los dos decretos y esta mañana ha reiterado su petición al Gobierno para que los retire y negocie un nuevo texto. El partido sostiene que sus alternativas también deben actuar contra los grandes fondos pero considera que las fórmulas escogidas por el Ejecutivo pueden tener efectos negativos sobre la oferta. 

El Gobierno ha decidido mantener las votaciones y esta mañana la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha pedido todavía a Junts que cambie el voto por una abstención. 

El PNV y Coalición Canaria apoyarán el primer decreto y rechazarán el segundo. El PNV ha argumentado que quiere mantener la protección a las personas vulnerables y la regulación frente a prácticas especulativas, pero rechaza medidas del segundo texto que, a su juicio, trasladan excesivamente al pequeño propietario las obligaciones de la política pública de vivienda. Coalición Canaria ha utilizado argumentos similares sobre seguridad jurídica y oferta de alquiler. 

Con los posicionamientos comunicados hasta ahora, la Cadena SER cifra el primer decreto en 172 votos favorables frente a 178 contrarios si todos los diputados votan conforme a lo anunciado. Eso no es todavía el resultado de la votación, que debe producirse en el pleno.

¿Qué ocurre exactamente si el Congreso dice no?

Aquí hay otro matiz importante.

Un real decreto-ley entra en vigor antes de que el Congreso lo convalide. Por eso ambos textos han podido producir efectos desde ayer y desde hoy respectivamente.

Si el Congreso los deroga, cesan sus efectos desde ese momento y desaparecen del ordenamiento jurídico. Pero eso no supone borrar automáticamente lo que hayan producido durante el breve tiempo en que estuvieron vigentes: la propia explicación jurídica de La Moncloa señala que los efectos generados durante su vigencia no quedan anulados por la posterior derogación. 

Eso puede abrir situaciones muy particulares para contratos, solicitudes o actuaciones realizadas durante estas horas y obligará a examinar cada supuesto concreto.

Para la inmensa mayoría de los asturianos, sin embargo, la consecuencia será más sencilla: si el primer decreto es derogado, desaparece hacia el futuro la nueva prórroga extraordinaria de hasta dos años a la que potencialmente podían acogerse esos 41.917 contratos.

Y detrás de la vivienda se ha abierto otra batalla: la legislatura

La votación ha adquirido durante las últimas horas una dimensión política que va mucho más allá de los alquileres.

El Gobierno llegó a esta legislatura dependiendo de acuerdos variables con varias fuerzas parlamentarias. En esta ocasión ha conseguido para el primer decreto posiciones favorables de formaciones que habitualmente condicionan sus mayorías, entre ellas PNV y Coalición Canaria, pero no el respaldo de Junts. Para el segundo, las diferencias son todavía mayores. 

Eso no significa jurídicamente que una derrota obligue al Gobierno a dimitir ni a convocar elecciones. La Constitución reserva la pérdida formal de la confianza parlamentaria a mecanismos específicos como la cuestión de confianza y la moción de censura; la convocatoria anticipada de elecciones es una decisión distinta que corresponde proponer al presidente del Gobierno en los términos constitucionales.

Pero políticamente el debate ya está abierto.

Esta misma mañana, Coalición Canaria ha pedido elecciones si el Gobierno no logra sacar adelante los decretos; dirigentes del PP también han reclamado una convocatoria electoral, mientras Sumar ha anunciado una reunión para el domingo en la que analizará el escenario político. Son posiciones de los respectivos partidos, no una consecuencia automática de la votación. 

Asturias: detrás de la aritmética hay un mercado de alquiler cada vez más tenso

Y es precisamente aquí donde la discusión nacional aterriza en Asturias.

No hablamos únicamente de 41.917 contratos. Hablamos de familias que pueden afrontar la finalización de su alquiler durante los próximos dos años en un mercado en el que encontrar una vivienda alternativa puede exigir pagar bastante más que en el contrato que dejan atrás.

Por eso la prórroga extraordinaria tiene una consecuencia económica que va más allá de permanecer otros dos años en el mismo piso: puede significar aplazar durante ese tiempo la exposición del inquilino a los precios actuales del mercado.

Al mismo tiempo, el debate incluye la otra parte del mercado: propietarios y organizaciones que sostienen que aumentar obligaciones y restricciones puede reducir el número de viviendas que sus dueños están dispuestos a poner en alquiler. Ese argumento forma parte precisamente de las razones utilizadas por PNV, Coalición Canaria y Junts para rechazar algunas de las medidas, mientras el Gobierno sostiene que los decretos combinan protección al inquilino con incentivos fiscales y garantías para los pequeños propietarios. 

Y esa es probablemente la mejor manera de entender lo que se vota hoy: no son simplemente dos decretos ni una nueva pelea parlamentaria. Son dos respuestas diferentes a la misma pregunta que lleva años sin resolverse: cuánto debe intervenir el Estado para proteger a quien vive de alquiler sin reducir, al mismo tiempo, la oferta de viviendas disponible.

En Asturias, 41.917 contratos ponen cifra concreta a esa discusión.