La Junta General respalda poner en marcha un mecanismo para actuar ante impagos de hipoteca o alquiler y coordinar soluciones habitacionales antes de que llegue el lanzamiento. La resolución parlamentaria reactiva un compromiso pendiente desde 2024, pero su aplicación práctica todavía deberá concretarse
Perder la vivienda habitual por no poder pagar la hipoteca o el alquiler es probablemente una de las situaciones más duras a las que puede enfrentarse una familia.
Asturias acaba de dar un paso político para intentar intervenir antes de que ese momento llegue.
La Junta General del Principado aprobó este viernes una propuesta para poner en marcha el denominado Plan de Prevención de Desahucios, concebido para evitar, en la medida de lo posible, que una persona o una familia pierda su vivienda habitual sin que las administraciones hayan intentado previamente articular una alternativa.
La iniciativa contempla tanto los casos derivados de ejecuciones hipotecarias como los procedimientos por impago del alquiler y plantea coordinar de forma inmediata alternativas habitacionales dignas antes de que se ejecute un lanzamiento.
Pero hay una precisión fundamental.
La aprobación parlamentaria no significa que desde hoy exista ya un nuevo servicio completamente desplegado ni que cualquier desahucio quede automáticamente suspendido.
Lo que se ha aprobado es una resolución política que insta al Gobierno del Principado a poner en marcha ese plan.
Ahora habrá que concretar procedimientos, responsables, coordinación administrativa, recursos disponibles y criterios de intervención.
La clave está en intervenir antes del lanzamiento
El concepto central del plan es relativamente sencillo de entender.
Cuando una familia entra en dificultades para pagar su vivienda, el problema no aparece el día del lanzamiento.
Empieza mucho antes.
Puede comenzar con varias mensualidades de alquiler pendientes.
Con cuotas hipotecarias que dejan de poder afrontarse.
Con una pérdida de empleo.
Con una caída brusca de ingresos.
O con una situación de vulnerabilidad que se prolonga durante meses.
La filosofía de un plan preventivo consiste precisamente en intentar que las administraciones no lleguen tarde.
Es decir, detectar el problema durante la tramitación y coordinar una posible salida antes de que llegue la fecha efectiva de pérdida de la vivienda.
¿Qué pretende evitar?
El objetivo aprobado por la Junta es que no se produzca la pérdida de la vivienda habitual por causas hipotecarias o por impago del alquiler sin que previamente se hayan buscado alternativas habitacionales.
En términos prácticos, eso puede implicar la coordinación entre diferentes niveles de la Administración, especialmente:
servicios sociales,
servicios de vivienda,
ayuntamientos,
organismos autonómicos
y, cuando proceda, los órganos relacionados con el procedimiento judicial.
Pero será el desarrollo concreto del plan el que determine cómo funcionará esa coordinación y qué soluciones podrán ofrecerse en cada caso.
No significa que se prohíban los desahucios
Este matiz es especialmente importante.
La resolución aprobada no elimina los procedimientos judiciales de desahucio ni modifica por sí sola las competencias de los tribunales.
Tampoco significa que una persona que deje de pagar alquiler o hipoteca pueda permanecer indefinidamente en una vivienda por el mero hecho de acogerse al plan.
Lo que plantea es otra cosa:
que, cuando exista una situación que desemboque en la pérdida de la vivienda habitual, las administraciones trabajen previamente para encontrar una alternativa habitacional digna.
Es una diferencia importante.
El plan pretende actuar sobre las consecuencias sociales de un lanzamiento y anticiparse a ellas, no sustituir el procedimiento judicial.
Un acuerdo que viene de atrás
La aprobación de este viernes tampoco nace de cero.
El Plan de Prevención de Desahucios ya había sido objeto de iniciativas anteriores en la Junta General.
De hecho, Covadonga Tomé había reclamado este mismo mes al Gobierno autonómico explicaciones sobre el estado de implantación del plan aprobado anteriormente, recordando que existía un mandato parlamentario desde 2024 para ponerlo en funcionamiento. La propia Junta registró el 9 de septiembre una pregunta urgente al Gobierno sobre cuándo se implantaría ese plan.
La resolución aprobada ahora vuelve por tanto a colocar el asunto sobre la mesa y aumenta la presión política para que se traduzca en un mecanismo efectivo.
Del Parlamento a la realidad
Y aquí empieza la parte decisiva.
Una resolución parlamentaria puede definir un objetivo.
Pero para que ese objetivo funcione hace falta crear un procedimiento operativo.
La pregunta clave será:
¿qué ocurre desde el momento en que una familia entra en riesgo hasta que se encuentra una alternativa?
Habrá que definir cuestiones tan concretas como:
quién detecta el caso,
quién certifica la vulnerabilidad,
qué organismo asume la coordinación,
qué recursos residenciales existen,
qué ocurre cuando no hay vivienda pública disponible,
cuánto tiempo puede durar el proceso
y qué solución se ofrece mientras aparece una vivienda estable.
Ahí se jugará la eficacia real del plan.
El cuello de botella: tener viviendas disponibles
Porque existe una cuestión que ningún protocolo administrativo puede resolver por sí solo.
Para ofrecer alternativas habitacionales hacen falta viviendas.
Y ese es precisamente uno de los grandes problemas de fondo.
Asturias acaba de fijarse también como objetivo construir 15.000 viviendas públicas en diez años, ampliar las ayudas al alquiler y aumentar el parque residencial asequible.
Ambas decisiones están directamente relacionadas.
Un plan contra los desahucios puede detectar una emergencia.
Los servicios sociales pueden intervenir.
La Administración puede coordinarse perfectamente.
Pero si no existe una vivienda disponible donde alojar a la familia afectada, el sistema encuentra rápidamente su límite.
Por eso el Plan de Prevención de Desahucios y la ampliación del parque público forman parte, en la práctica, del mismo problema.
También se acelerarán las zonas tensionadas
La propuesta aprobada incluye además otra cuestión relevante: continuar de forma ágil los estudios técnicos necesarios para declarar Zonas de Mercado Residencial Tensionado en aquellas áreas de Asturias que cumplan los requisitos.
Estas declaraciones forman parte de las herramientas previstas por la legislación estatal de vivienda para actuar en mercados donde el coste residencial representa un esfuerzo especialmente elevado para las familias.
El Principado ya había iniciado procedimientos de este tipo en diferentes municipios y barrios.
La resolución reclama ahora acelerar esos estudios allí donde los datos justifiquen la declaración.
La vivienda se convierte en el gran asunto del cierre del debate
La aprobación del Plan de Prevención de Desahucios se produce además en un contexto político muy concreto.
El cierre del Debate de Orientación Política ha dejado varias resoluciones relacionadas directamente con la vivienda.
Entre ellas figura el objetivo de alcanzar 15.000 viviendas públicas en diez años, duplicar las ayudas al alquiler hasta llegar a 10.000 familias y avanzar hacia un Pacto Social por la Vivienda.
El Plan de Prevención de Desahucios añade otra pieza a esa estrategia:
actuar cuando el problema ya ha llegado a la puerta de una familia.
El verdadero examen empieza ahora
Sobre el papel, la idea es sencilla.
Que nadie llegue al momento de abandonar su vivienda sin que antes se haya intentado encontrar una solución.
Pero convertir ese principio en una política eficaz exigirá mucho más que una resolución.
Necesitará recursos.
Personal.
Coordinación.
Viviendas disponibles.
Y capacidad para actuar con rapidez, porque en un procedimiento de desahucio los plazos importan.
La Junta General ya ha dado el respaldo político.
Ahora habrá que comprobar cuándo se pone en marcha el plan, cómo funcionará y qué capacidad real tendrá para ofrecer una alternativa antes de que una familia tenga que entregar las llaves.
Porque en esta política, más que en muchas otras, llegar un día tarde puede significar llegar demasiado tarde.
