Once familias del bloque gijonés firman nuevos contratos con alquileres de entre 100 y 600 euros, nunca superiores al 30% de sus ingresos. La deuda reclamada queda condonada y el primer lanzamiento, previsto para el 5 de octubre, se paraliza.

Hace apenas unos días, algunas familias del número 3 de la calle Río Piloña, en Gijón, miraban el calendario con una fecha marcada en rojo: 5 de octubre. Ese día estaba previsto el primero de los lanzamientos que amenazaban con poner fin a años de residencia en el edificio.

Ya no ocurrirá.

Las once familias que continuaban pendientes de resolver su situación han firmado nuevos contratos de alquiler por siete años, con rentas adaptadas a su capacidad económica y un compromiso especialmente relevante: ninguna pagará más del 30% de los ingresos familiares. Los importes se sitúan entre aproximadamente 100 y 600 euros mensuales, dependiendo de cada caso.

El acuerdo elimina además otro de los grandes obstáculos que había acompañado al conflicto: la deuda que Sareb venía reclamando a los residentes queda condonada y los nuevos contratos se formalizan sin esas cantidades pendientes.

De reclamar miles de euros a firmar un contrato sin deuda

El desenlace resulta especialmente significativo si se compara con la situación vivida durante los últimos dos años.

El conflicto tiene su origen en los problemas financieros de la promotora que había sido propietaria del inmueble y en el posterior procedimiento que llevó el edificio al ámbito de Sareb. La situación jurídica de los contratos quedó entonces seriamente cuestionada.

Según los vecinos, durante aquel proceso llegaron a recibir reclamaciones cercanas a 20.000 euros por residente y en febrero de 2024 se inició un procedimiento destinado al desalojo del bloque. Esas cantidades habían sido uno de los principales puntos de enfrentamiento entre las partes.

Ahora, el escenario es exactamente el contrario: los contratos recién firmados parten sin aquella deuda.

Siete años de estabilidad y un alquiler ligado al sueldo

La clave del acuerdo no está únicamente en haber detenido los lanzamientos.

Está también en las condiciones.

Los contratos tendrán siete años de duración, lo que proporciona a estas familias un horizonte residencial muy distinto del que tenían hasta ahora.

Entre los once hogares existen situaciones económicas diferentes. Siete han sido considerados vulnerables y pueden acceder a condiciones propias del alquiler social, mientras que en el conjunto de los contratos las mensualidades se sitúan entre los 100 y los 600 euros.

Hay, sin embargo, una misma frontera para todos: el alquiler no podrá representar más del 30% de los ingresos familiares.

Ese porcentaje ya figuraba en el programa de alquiler social planteado para el edificio en las negociaciones iniciadas anteriormente entre Sareb y el Principado. El modelo contemplaba contratos sujetos a la Ley de Arrendamientos Urbanos durante siete años y una renta adaptada a la situación económica familiar.

Una batalla que se ha llevado por delante parte del vecindario

El acuerdo llega, además, después de un proceso prolongado.

Los propios residentes sitúan el comienzo de la amenaza de desalojo en febrero de 2024. A partir de ahí llegaron movilizaciones, negociaciones, mediaciones institucionales, propuestas de contrato y sucesivos aplazamientos.

Según el portavoz de los afectados, Pepo González, cuando comenzó el conflicto eran alrededor de 40 familias las que residían en el bloque. Durante estos más de dos años algunas encontraron otras alternativas y otras alcanzaron acuerdos anteriormente.

Las once que han llegado conjuntamente hasta esta última fase son las que ahora han firmado los nuevos contratos.

El dato permite mirar el acuerdo desde otra perspectiva: no sólo cuenta quién se queda, sino también el desgaste producido durante casi dos años de incertidumbre.

¿Y qué ocurrirá ahora con los pisos vacíos?

El cierre del conflicto de estas familias no resuelve automáticamente el futuro de todo el edificio.

En el inmueble quedan viviendas actualmente desocupadas, y sobre ellas todavía deberá definirse su destino dentro de la reorganización del patrimonio inmobiliario procedente de Sareb y gestionado en el nuevo marco estatal de Casa 47.

El Principado ha planteado que esos inmuebles puedan incorporarse a la oferta de vivienda pública o asequible. Las informaciones publicadas en las últimas horas ofrecen cifras diferentes sobre el número exacto de viviendas vacías, por lo que conviene no dar por definitivo ese dato hasta disponer del balance actualizado del edificio.

Río Piloña abre ahora una pregunta mucho mayor

El caso puede tener interés más allá de estas once familias, aunque el acuerdo no constituye automáticamente un protocolo aplicable a todos los inmuebles procedentes de Sareb.

Asturias y el Ministerio de Vivienda suscribieron en marzo un protocolo para trabajar sobre cerca de 400 viviendas de Casa 47 existentes en el Principado, procedentes del antiguo patrimonio inmobiliario de Sareb, con el objetivo de destinarlas a alquiler asequible.

Y esa es precisamente la cuestión que deja abierta Río Piloña.

Aquí se ha conseguido transformar una situación de posible desalojo en contratos de larga duración; se han estudiado individualmente los ingresos de cada hogar; se han establecido alquileres proporcionales a esos ingresos y se ha eliminado una deuda que hacía prácticamente imposible cualquier salida negociada.

El interrogante es hasta dónde puede utilizarse ese mecanismo en otros conflictos semejantes.

No existe, por ahora, una paralización general de los procedimientos vinculados a Sareb ni el acuerdo de Gijón genera por sí mismo ese derecho para otros inquilinos.

Pero Río Piloña deja algo que hace apenas dos años parecía difícil imaginar: el lanzamiento previsto para el 5 de octubre ha desaparecido del calendario y las familias que han firmado tienen por delante siete años en las viviendas que llevan considerando su hogar desde hace más de una década.