Los trabajadores denuncian falta de efectivos y medios materiales después de varias fugas y agresiones, mientras el Principado anuncia medidas para reforzar la vigilancia y mejorar las instalaciones

Oviedo, 14 de agosto de 2026. La situación en el Centro de Responsabilidad Penal de Menores de Sograndio, en Oviedo, vuelve a situarse en el centro de la actualidad asturiana después de que los trabajadores encargados de la vigilancia hayan alertado este viernes de las dificultades que encuentran para garantizar la seguridad en las instalaciones. Los vigilantes se han concentrado a las puertas del centro para reclamar más medios y denunciar una situación que consideran grave y que, según explican, afecta tanto a los trabajadores como a los propios menores internos.

La protesta se produce después de una semana especialmente complicada en Sograndio, marcada por varias fugas de internos y agresiones a miembros del personal. Los trabajadores consideran que los incidentes recientes han puesto de manifiesto problemas que, según aseguran, se vienen acumulando desde hace meses y que afectan a la dotación de personal, al equipamiento de seguridad y a las condiciones en las que deben desarrollar su trabajo.

El portavoz de los vigilantes, Carlos Lozano, ha señalado que actualmente no pueden garantizar la seguridad de todas las personas que trabajan en el centro. La advertencia incluye al personal educativo y a los trabajadores de servicios como cocina, limpieza y mantenimiento, además de los propios vigilantes. También existe preocupación por la seguridad de los menores internos, especialmente en situaciones en las que puedan producirse enfrentamientos entre ellos.

Uno de los principales problemas denunciados es la falta de efectivos. Según los representantes de los trabajadores, la plantilla prevista debería alcanzar los 49 vigilantes, mientras que actualmente trabajan alrededor de 30 y otra treintena se encuentra de baja. Los trabajadores aseguran además que en determinados turnos pueden faltar varios efectivos respecto a los puestos que deberían estar cubiertos.

La escasez de personal supone una dificultad especialmente importante en un centro de estas características. Los vigilantes tienen que controlar diferentes espacios y responder ante posibles incidentes que pueden producirse de forma simultánea. Cuando parte de la plantilla debe desplazarse para intervenir en un altercado, otras zonas pueden quedar con menos vigilancia.

Precisamente esa situación ha quedado reflejada en los incidentes registrados durante los últimos días. Una semana después de una fuga múltiple en la que ocho internos consiguieron abandonar las instalaciones y varios vigilantes resultaron heridos, los trabajadores han decidido hacer pública su preocupación.

A las dificultades relacionadas con el personal se suman, según denuncian los vigilantes, problemas con determinados sistemas y elementos de seguridad. Entre ellos mencionan el funcionamiento deficiente del circuito de cámaras, retrasos en la instalación de sistemas de detección y problemas con algunos equipos utilizados durante los controles de acceso.

También reclaman disponer de equipamiento de protección adecuado para afrontar determinadas situaciones de riesgo. La falta de medios, aseguran, incrementa la sensación de inseguridad entre los trabajadores y dificulta su capacidad para responder ante incidentes.

La situación laboral también forma parte de las reivindicaciones. Los representantes de los trabajadores consideran que las condiciones existentes no están facilitando la contratación de nuevos vigilantes, lo que contribuye a mantener el problema de falta de personal.

La protesta llega después de que el Gobierno del Principado anunciara la adopción de diferentes medidas para reforzar la seguridad del centro. Entre ellas se encuentra el aumento de la plantilla de vigilancia, la mejora de determinados elementos de las instalaciones y el refuerzo del perímetro del recinto.

El Principado anunció la semana pasada que había incorporado diez efectivos adicionales, elevando a 21 el número de profesionales de vigilancia que trabajan actualmente en el centro para una población de 53 internos. También comunicó el inicio de obras para aumentar la altura de la valla perimetral y dificultar posibles fugas.

Otra de las medidas anunciadas consiste en ampliar el número de habitaciones destinadas al aislamiento dentro del régimen sancionador. El Gobierno asturiano también anunció una auditoría externa de las grabaciones de videovigilancia con el objetivo de analizar lo ocurrido durante los incidentes recientes y determinar si existen responsabilidades.

El Ejecutivo autonómico ha reconocido la gravedad de la situación y ha defendido la necesidad de adaptar el funcionamiento del centro a una realidad que ha cambiado durante los últimos años.

Uno de los elementos que se encuentran sobre la mesa es precisamente el perfil de parte de los internos. Según explicó el consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, de los 53 internos que se encontraban en el centro, 23 eran mayores de edad. El Principado considera que esta circunstancia ha aumentado la complejidad de la gestión de Sograndio y ha planteado que determinados internos mayores de edad puedan ser trasladados al sistema penitenciario de adultos cuando legalmente corresponda.

El debate sobre la seguridad no puede separarse, sin embargo, de la finalidad del propio centro. Sograndio es un centro de responsabilidad penal de menores y su función no se limita a la custodia. La reinserción y la intervención socioeducativa forman parte esencial de su finalidad.

Por eso, cualquier mejora de la seguridad debe tratar de mantener ese objetivo. Los trabajadores necesitan disponer de medios suficientes para garantizar el funcionamiento cotidiano del centro, pero también es necesario que las instalaciones y los recursos permitan desarrollar programas educativos y de reinserción.

Los últimos acontecimientos han abierto precisamente un debate sobre si las actuales instalaciones y medios son suficientes para afrontar las características de la población interna.

Desde el Gobierno asturiano se ha reconocido que el centro necesita una adaptación y se mantiene el proyecto de construir un nuevo equipamiento en la misma ubicación. Mientras ese proyecto se desarrolla, el Ejecutivo pretende aplicar medidas provisionales destinadas a mejorar la seguridad.

Los vigilantes, sin embargo, consideran que las soluciones deben llegar con rapidez. Su concentración de este viernes pretende llamar la atención sobre una situación que consideran insostenible y reclamar respuestas concretas.

La protesta pone además sobre la mesa la necesidad de proteger a todas las personas que trabajan en el centro. Los profesionales de vigilancia se encuentran en primera línea cuando se producen situaciones de conflicto, pero junto a ellos trabajan educadores, personal sanitario, empleados de mantenimiento, cocina y otros profesionales.

Cualquier incidente importante puede afectar a todo el funcionamiento del centro y generar una situación de riesgo para trabajadores e internos.

El caso de Sograndio se ha convertido así en uno de los asuntos sociales más relevantes de Asturias durante esta semana. Las fugas, las agresiones y las reclamaciones de los vigilantes han generado un debate sobre la situación de las instalaciones y sobre los medios necesarios para garantizar tanto la seguridad como la reinserción.

Ahora serán las medidas anunciadas por el Principado y las actuaciones que se desarrollen en las próximas semanas las que permitirán comprobar si la situación mejora.

Mientras tanto, los trabajadores mantienen su reclamación de más efectivos, mejores medios y condiciones adecuadas para desarrollar su labor. El objetivo que plantean es que el centro vuelva a contar con unas condiciones de seguridad que permitan trabajar con normalidad y garantizar la protección de todas las personas que se encuentran en sus instalaciones.

La situación permanece abierta y el debate continuará previsiblemente durante los próximos días. La prioridad, tanto para los trabajadores como para la Administración, deberá ser conseguir que Sograndio pueda funcionar con seguridad sin perder la finalidad educativa y de reinserción que debe caracterizar a un centro destinado a menores.