El Principado culmina la regulación de un censo confidencial destinado a saber con qué profesionales cuenta cada centro para garantizar las interrupciones voluntarias del embarazo. La declaración podrá modificarse o revocarse y tendrá efectos tanto en la sanidad pública como en la privada

Asturias afronta esta semana un cambio importante en la organización de la interrupción voluntaria del embarazo.

Después de meses de tramitación y de haber funcionado con unas instrucciones provisionales, el Principado ultima la entrada en funcionamiento del registro autonómico de profesionales sanitarios objetores de conciencia ante el aborto.

No será una lista pública. Tampoco servirá para conocer las razones personales, morales o religiosas de los profesionales que decidan objetar.

Su finalidad es mucho más concreta: que el Servicio de Salud sepa cuántos profesionales están disponibles en cada centro para intervenir directamente en una interrupción voluntaria del embarazo y pueda organizar la asistencia para garantizarla. La legislación estatal obliga a las comunidades autónomas a disponer de este instrumento precisamente con esa finalidad organizativa.

¿Quién puede declararse objetor?

La objeción no afecta a cualquier trabajador de un hospital o centro sanitario.

La legislación se refiere exclusivamente a quienes participan directamente en la realización de una interrupción voluntaria del embarazo.

El protocolo aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud incluye a especialistas en Ginecología y Obstetricia, Anestesiología y Reanimación, Medicina Familiar y Comunitaria, enfermería y matronas.

Asturias llevaba ya desde octubre de 2025 aplicando unas instrucciones transitorias. Aquellas contemplaban expresamente a ginecólogos, anestesistas, personal de enfermería y matronas. El proyecto de decreto sometido posteriormente a información pública fijaba como perfiles Ginecología y Obstetricia, Anestesiología y Reanimación y personal de enfermería. Por eso será importante comprobar la redacción definitiva que publique el BOPA para determinar exactamente cómo queda incorporada Medicina Familiar y Comunitaria y la referencia específica a las matronas.

No será necesario explicar por qué se objeta

Este es uno de los elementos esenciales del sistema.

El profesional debe manifestar su decisión, pero el registro no puede recoger el motivo de conciencia que la provoca.

Sí figurarán los datos imprescindibles para identificar al sanitario, su categoría profesional, el centro o centros públicos o privados en los que trabaja y la modalidad de interrupción del embarazo respecto de la que formula su objeción.

La información está considerada legalmente como una categoría especial de datos personales y estará sometida a estrictas medidas de confidencialidad.

Eso significa que un ciudadano, otro profesional sanitario sin funciones de gestión o cualquier persona ajena a la organización asistencial no podrá consultar quién está inscrito.

El acceso quedará limitado fundamentalmente a las direcciones o gerencias de los centros y a las personas responsables de organizar los recursos humanos necesarios para garantizar la prestación. Quienes accedan estarán sometidos al deber de confidencialidad incluso después de abandonar su puesto.

Se podrá objetar a todos los abortos o solo a determinados supuestos

Tampoco la objeción tiene por qué ser necesariamente absoluta.

El sistema permite diferenciar entre una objeción total y una objeción parcial, dependiendo de las situaciones contempladas en la legislación.

Un profesional puede manifestar su rechazo a participar en cualquier interrupción voluntaria del embarazo o circunscribirlo a determinados supuestos.

Entre ellos están las interrupciones realizadas por decisión de la mujer durante las primeras catorce semanas y los diferentes supuestos médicos previstos posteriormente por la ley, como grave riesgo para la vida o salud de la gestante, determinadas anomalías fetales o enfermedades extremadamente graves e incurables.

La decisión puede cambiarse

La inscripción tampoco es irreversible.

El profesional podrá declarar, modificar o revocar su objeción de conciencia. El proyecto autonómico establece que el procedimiento se realizará electrónicamente y que el sistema expedirá automáticamente un justificante de la inscripción. La declaración comenzará a producir efectos desde el siguiente día hábil a su presentación y continuará vigente hasta que el propio profesional comunique una decisión diferente.

Hay además una consecuencia relevante: la objeción acompaña al profesional tanto si trabaja en la sanidad pública como en la privada.

La ley estatal establece expresamente que quien se declare objetor lo será respecto de la práctica directa de la interrupción voluntaria del embarazo en ambos ámbitos.

Lo que no viaja de una comunidad autónoma a otra es la inscripción.

El modelo establece registros territoriales independientes. Los datos asturianos no pueden ser consultados por otras administraciones y, si un profesional inscrito en otra comunidad pasa a trabajar en Asturias, tendrá que realizar aquí la correspondiente declaración para que produzca efectos.

¿Para qué necesita Asturias saber quién objeta?

Esta es, en realidad, la clave de toda la regulación.

No se trata únicamente de reconocer el derecho individual de un sanitario a no participar directamente en un aborto.

El registro permite conocer de cuántos profesionales no objetores dispone cada centro y reorganizar plantillas, equipos y derivaciones para evitar que la objeción individual impida prestar la asistencia.

La propia ley obliga además a las administraciones a evitar discriminaciones en ambos sentidos: ni el profesional objetor puede sufrir consecuencias por ejercer su derecho ni los profesionales que no objetan deben acabar destinados de manera sistemática o exclusiva a realizar interrupciones voluntarias del embarazo.

El Tribunal Constitucional avaló en 2024 la existencia de estos registros y consideró que responden a una finalidad organizativa legítima: permitir que los servicios sanitarios conozcan la disponibilidad de personal y puedan garantizar la prestación.

Un registro que Asturias tenía pendiente desde 2023

La creación de estos registros deriva de la reforma estatal de la ley del aborto aprobada en 2023. El Consejo Interterritorial concretó posteriormente, en diciembre de 2024, las condiciones mínimas que debían cumplir las comunidades autónomas.

Asturias puso en marcha en octubre de 2025 un sistema provisional mientras tramitaba el decreto definitivo. El proceso continuó con la consulta e información pública y se prolongó durante buena parte de 2026.

Ahora llega el paso definitivo.

Según la información publicada este fin de semana, el Consejo de Gobierno tiene previsto aprobar este lunes 28 de septiembre el decreto que regula el registro autonómico. La norma deberá publicarse después en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y, conforme al texto tramitado, entrará en vigor al día siguiente de esa publicación.

A partir de entonces, Asturias tendrá ya un instrumento permanente para hacer compatibles dos derechos que la legislación reconoce simultáneamente: el del profesional sanitario a ejercer individualmente la objeción de conciencia y el de la mujer a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo sin que esa objeción impida recibir la prestación sanitaria.