Un documento localizado en el Archivo Militar de Ávila revela que dirigentes republicanos proyectaron una región autónoma formada por Asturias, León, Zamora y Salamanca, con Parlamento, Gobierno, Hacienda, policía y justicia propios

Asturias estuvo mucho más cerca de construir un sistema político propio durante la Guerra Civil de lo que hasta ahora se sabía. Un documento mecanografiado, sin firma ni fecha, permaneció durante décadas entre los fondos del Archivo General Militar de Ávila hasta que el historiador asturiano Pablo Martínez Corral y los investigadores de la asociación La Trókola dieron con él.

El texto lleva por título «Estatuto del Consejo Regional de Asturias y León» y contiene 18 artículos y varias disposiciones transitorias. No es un simple borrador administrativo ni una declaración genérica de intenciones. Sus páginas dibujan una auténtica arquitectura de autogobierno: delimitan el territorio de la futura región, reconocen una ciudadanía propia, crean unas Cortes regionales, una Presidencia y un Ejecutivo, organizan una Hacienda autónoma y distribuyen competencias entre el poder regional y el Estado republicano.

El hallazgo abre una página desconocida de la historia política asturiana. Demuestra que, mientras las tropas combatían en el frente y la zona republicana del norte permanecía prácticamente aislada del resto del país, algunos sectores políticos no pensaban únicamente en sobrevivir a la guerra. También estaban diseñando cómo convertir el poder excepcional asumido durante el conflicto en una autonomía estable y duradera.

Una región que habría llegado hasta Salamanca

La primera gran sorpresa aparece en el artículo inicial. El proyecto proponía constituir una región autónoma inspirada en la tradición histórica del antiguo Reino de Asturias y León e integrada por las provincias de Oviedo —denominación oficial de la actual Asturias—, León, Zamora y Salamanca.

La propuesta resulta especialmente llamativa porque, cuando fue redactada, Zamora, Salamanca y buena parte de León estaban en manos de las fuerzas sublevadas. Por tanto, el documento no se limitaba a ordenar el territorio que permanecía bajo control republicano. Miraba más allá de la contienda y parecía partir de la posibilidad de una victoria de la República que permitiera aplicar posteriormente aquel nuevo mapa territorial.

Asturias habría sido el centro político de una extensa región del noroeste peninsular, muy diferente de la organización autonómica surgida décadas después durante la Transición.

Un Parlamento, un presidente y un Gobierno regional

El modelo institucional previsto estaba muy lejos de una diputación provincial ampliada. El Estatuto establecía que el Consejo Regional de Asturias y León estaría compuesto por tres grandes órganos: las Cortes, el presidente del Consejo y el Consejo de Comisarios.

Las Cortes ejercerían el poder legislativo y aprobarían las normas regionales. El presidente representaría a Asturias y León ante el Gobierno de la República. El Consejo de Comisarios actuaría como poder ejecutivo y asumiría la dirección política y administrativa.

Era, en la práctica, el diseño de un verdadero poder regional, dotado de Parlamento, Gobierno, recursos propios y capacidad normativa. La propuesta trataba de proporcionar una estructura jurídica permanente a unas instituciones que ya estaban tomando decisiones fundamentales sobre la economía, los transportes, la sanidad, los salarios, la producción industrial, las prisiones y la organización de la guerra.

Derecho al voto desde los 18 años

El sistema electoral planteado también contenía elementos muy avanzados para su tiempo. Las Cortes regionales serían elegidas mediante sufragio universal, igual, directo y secreto entre trabajadores de ambos sexos.

Podrían votar quienes hubieran cumplido 18 años y serían elegibles a partir de los 21. La edad mínima para votar anticipaba en varias décadas el límite que acabaría implantándose en la España democrática.

El documento concedía además un papel decisivo a las organizaciones sindicales. Las centrales obreras participarían en la elaboración y el control del censo electoral. De esta manera, el trabajo se convertía en una de las bases de la ciudadanía política y los sindicatos dejaban de ser exclusivamente organizaciones reivindicativas para intervenir directamente en la estructura institucional.

Esta concepción refleja el enorme peso que la Unión General de Trabajadores y la Confederación Nacional del Trabajo tenían en la Asturias republicana y en los organismos creados tras el golpe militar de julio de 1936.

Una autonomía con capacidad para intervenir empresas y recursos

El Estatuto no proponía únicamente descentralizar servicios. Presentaba un modelo de autonomía profundamente social e intervencionista, coherente con el clima político y económico de la zona republicana durante la guerra.

El futuro Gobierno regional habría asumido competencias sobre organización municipal, carreteras, ferrocarriles, puertos, obras públicas, agricultura, ganadería, pesca, montes, minería, sanidad, enseñanza, seguros sociales y numerosos servicios públicos.

Entre las atribuciones más significativas figuraban expresamente la expropiación y la socialización de riquezas naturales y empresas económicas. El poder regional habría podido intervenir sobre la propiedad de compañías, minas, instalaciones industriales y recursos estratégicos.

También habría contado con facultades para crear centros educativos y servicios de radiodifusión, y para gestionar museos, archivos, bibliotecas, monumentos y Bellas Artes.

No se trataba, por tanto, de una autonomía limitada a administrar competencias transferidas por Madrid. El proyecto pretendía construir un instrumento político capaz de transformar la economía y desarrollar su propia política social.

Policía, justicia y un Tribunal de Casación propios

Uno de los aspectos más ambiciosos era la regulación de la seguridad y la justicia. El Consejo Regional asumiría los servicios ordinarios de Policía y Orden Interior, mientras que el Estado conservaría las competencias relacionadas con las fronteras, la extranjería y otras materias generales.

Una Junta de Seguridad se encargaría de coordinar a ambas administraciones.

El Estatuto también preveía la creación de un Tribunal de Casación de Asturias y León, que actuaría como máximo órgano judicial regional en determinadas materias.

Aquella combinación de Parlamento, Ejecutivo, policía, justicia y recursos financieros revela el alcance del proyecto. Sus redactores no estaban improvisando una solución temporal para administrar la retaguardia, sino definiendo las bases de una autonomía política completa dentro de la República.

Una Hacienda con impuestos y deuda propios

La futura región dispondría de una Hacienda propia, financiada mediante tributos cedidos por el Estado, participaciones en determinados impuestos y los recursos que hasta entonces correspondían a las diputaciones provinciales.

El Consejo podría crear nuevos impuestos y recibir ingresos procedentes de minas, montes, aguas, caza y pesca. También tendría capacidad para emitir deuda interior.

El límite se fijaba en el acceso a la financiación internacional: el poder regional no podría recurrir al crédito extranjero sin autorización del Gobierno central.

Este detalle resulta fundamental para interpretar el documento. La propuesta no buscaba crear un Estado independiente ni romper con la República. Aspiraba a una autonomía muy amplia, pero integrada en el marco constitucional republicano y sometida al Estado en competencias esenciales.

El autogobierno que nació del aislamiento

Para comprender por qué pudo surgir un proyecto tan ambicioso hay que regresar al verano de 1936. Tras el golpe militar, la Administración republicana se descompuso en numerosos lugares y aparecieron comités locales, organizaciones de abastecimiento, controles sindicales, organismos de guerra y nuevas estructuras de poder.

Entre septiembre y diciembre de 1936, buena parte de la dirección política de la Asturias republicana quedó en manos del Comité Provincial del Frente Popular, presidido por el socialista Belarmino Tomás. A finales de ese año se constituyó oficialmente el Consejo Interprovincial de Asturias y León, siguiendo la reorganización administrativa impulsada por el Gobierno de Francisco Largo Caballero.

La nueva institución debía administrar la retaguardia, sostener el esfuerzo militar y coordinar un territorio cada vez más aislado del Gobierno central.

Aquel Consejo no se limitó a transmitir las órdenes recibidas desde Valencia. Sus integrantes debatieron sobre el control de las empresas, la intervención obrera, los salarios, los transportes, la asistencia sanitaria, el funcionamiento de las cárceles, la organización municipal y la dirección de la guerra.

La autonomía dejó así de ser una aspiración teórica. Durante meses se convirtió en una práctica cotidiana nacida de la necesidad: Asturias tenía que tomar decisiones propias porque el frente norte se encontraba separado territorialmente del resto de la España republicana.

De Consejo Interprovincial a Consejo Soberano

La evolución alcanzó su punto culminante el 24 de agosto de 1937. Tras la caída de Santander y ante el avance de las fuerzas franquistas, el Consejo Interprovincial se transformó en el Consejo Soberano de Asturias y León.

La institución concentró las jurisdicciones civiles y militares del territorio, mantuvo a Belarmino Tomás al frente y asumió facultades que desbordaban ampliamente las de un organismo administrativo ordinario.

El Consejo Soberano sobrevivió menos de dos meses. Celebró su última reunión el 20 de octubre y desapareció con la ocupación de Gijón y Avilés al día siguiente.

El Estatuto encontrado en Ávila permite interpretar aquella proclamación desde una perspectiva nueva. La soberanía de agosto de 1937 fue una respuesta desesperada ante el derrumbe militar del norte. El proyecto estatutario, en cambio, aspiraba a proporcionar territorio, instituciones, recursos y continuidad jurídica al autogobierno después de la guerra.

Uno respondía a la emergencia. El otro intentaba imaginar el futuro.

No fue el primer sueño autonomista de Asturias

El descubrimiento no significa que la idea de una Asturias autónoma naciera durante la Guerra Civil. La cuestión ya había estado presente en el debate público durante la Segunda República.

En 1932, el jurista Sabino Álvarez Gendín publicó unas bases para un estatuto regional de Asturias dentro de una obra dedicada al regionalismo y al problema autonómico asturiano.

Aquel texto fue una propuesta personal y no llegó a convertirse en un proceso político comparable a los desarrollados en Cataluña, el País Vasco o Galicia.

La relevancia del documento descubierto ahora reside en otra cuestión: fue elaborado desde el entorno de unas instituciones que ya ejercían el poder y parece destinado a transformar aquella autonomía de hecho en un sistema político estable.

Por eso los investigadores llaman a evitar afirmaciones exageradas. No existe hasta el momento un acta que pruebe que el texto fuera aprobado oficialmente ni que llegara a ser enviado al Gobierno de la República. Tampoco puede sostenerse que Asturias constituyera jurídicamente un Estado independiente.

Debe hablarse, con rigor, de un proyecto de Estatuto.

Dieciocho artículos que pudieron cambiar el mapa de España

El documento permaneció sin aplicar y la derrota republicana en Asturias acabó con cualquier posibilidad de desarrollo. El 21 de octubre de 1937, las tropas franquistas entraron en Gijón y Avilés y pusieron fin al poder republicano en el norte.

Durante casi nueve décadas, aquel proyecto quedó enterrado en los archivos.

Su recuperación no reescribe por completo la historia de Asturias, pero sí obliga a añadirle un capítulo desconocido. En medio de una guerra, con el frente acercándose y el territorio aislado, hubo quienes pensaron que el autogobierno ejercido por necesidad podía convertirse en una autonomía permanente.

Aquellos 18 artículos imaginaban una extensa región formada por Asturias, León, Zamora y Salamanca, con Parlamento, presidente, Gobierno, policía, justicia, impuestos y capacidad para intervenir en la economía.

El proyecto nunca llegó a entrar en vigor. No hubo elecciones regionales, ni Tribunal de Casación, ni Hacienda de Asturias y León. La derrota militar sepultó aquel modelo antes de que pudiera salir de los despachos.

Pero el documento encontrado en Ávila demuestra que, mucho antes del Estatuto aprobado en 1981, Asturias ya había imaginado con enorme precisión cómo gobernarse a sí misma.