nterior acusa al juez de lanzar un “grave cuestionamiento” contra la Policía Nacional al insinuar que los agentes que protegen a la mujer de Pedro Sánchez podrían facilitar una hipotética fuga

La decisión del juez Juan Carlos Peinado de enviar a juicio oral a Begoña Gómez ya era, por sí sola, un terremoto político y judicial. Pero el verdadero incendio institucional estalló por un párrafo del auto: el magistrado no solo apreció riesgo de fuga en la esposa del presidente del Gobierno, sino que llegó a razonar que los policías nacionales que la escoltan podrían, llegado el caso, colaborar en esa fuga, por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores.

Ese argumento ha provocado una reacción en cadena: primero, la indignación de los sindicatos policiales; después, la intervención directa del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que este sábado 20 de junio remitió una carta a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, para trasladar su “más enérgica queja” y pedir que se adopten las medidas que procedan.

Peinado acordó la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios y apropiación indebida. Además, le impuso medidas cautelares: retirada del pasaporte, prohibición de salir del territorio nacional y obligación de comparecer en el juzgado cada 15 días. La defensa recurrirá esas medidas, aunque la apertura de juicio oral no puede ser recurrida.

El punto más explosivo del auto aparece cuando el juez responde al argumento de la defensa, que sostenía que no podía existir riesgo real de fuga porque Gómez está permanentemente acompañada por agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Peinado invierte ese razonamiento y afirma que esos mismos agentes podrían colaborar en “las acciones que se lleven a cabo” para facilitar una eventual fuga.

Para Marlaska, ahí se cruza una línea delicadísima. Interior sostiene que esa afirmación no afecta solo a unos escoltas concretos, sino que proyecta una sospecha sobre la Policía Nacional, sobre sus mandos y, por extensión, sobre el propio Ministerio del Interior. En su carta al CGPJ, el ministro evita entrar en el fondo de la resolución judicial, pero califica el razonamiento como un hecho de “máxima gravedad” porque, a su juicio, “atenta gravemente” contra la integridad de la actuación policial y contra la profesionalidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El malestar no ha sido solo político. Los sindicatos policiales reaccionaron con una dureza poco habitual. Jupol calificó la insinuación de “auténtica barbaridad”; el SUP recordó que los policías nacionales “no actúan al margen de la ley” ni están obligados a cumplir órdenes manifiestamente ilegales; y la Confederación Española de Policía exigió una rectificación al considerar que la hipótesis formulada en el auto constituye un ataque “intolerable, injustificado y profundamente ofensivo” contra la honorabilidad de miles de agentes.

La polémica ha convertido una decisión judicial ya de por sí trascendente en un choque abierto entre instituciones. El juez justifica la retirada del pasaporte por la posibilidad de que Gómez trate de eludir la acción de la Justicia. Interior, en cambio, entiende que para sostener ese riesgo el auto introduce una sospecha sin base sobre funcionarios cuya misión es precisamente proteger, no encubrir ni facilitar delitos.

Moncloa y el PSOE han reaccionado hablando de “persecución”, “obsesión” y “desproporción” del juez Peinado. El PP, por su parte, ha ido en dirección contraria: Miguel Tellado acusó a Sánchez de haber convertido La Moncloa en una “guarida de delincuentes” y reclamó elecciones. Así, el caso Begoña Gómez vuelve a ocupar el centro del combate político, pero esta vez con un ingrediente añadido: el desgaste ya no se limita al Gobierno y al juzgado, sino que arrastra también a la Policía Nacional y al Poder Judicial.

La clave de fondo es que Marlaska no ha salido únicamente en defensa de Begoña Gómez. Su movimiento busca blindar institucionalmente a los agentes. La tesis de Interior es clara: si un juez puede introducir en un auto la posibilidad de que escoltas policiales ayuden a una acusada a fugarse, debe existir algún soporte objetivo para semejante afirmación. Y, si no lo hay, la sospecha se convierte en una bomba de racimo contra todo un cuerpo policial.

Por eso la protesta de Marlaska ante el CGPJ tiene tanto peso político. No es una simple queja por una frase incómoda. Es una advertencia institucional: el Ministerio del Interior considera que el auto pone bajo sospecha a policías nacionales sin individualizar hechos, sin procedimiento contra ellos y sin que conste, al menos públicamente, indicio alguno de conducta irregular.

El caso entra ahora en una fase de enorme tensión. Begoña Gómez irá a juicio con jurado por los delitos atribuidos por el juez; su defensa recurrirá las medidas cautelares; los sindicatos policiales exigen rectificación; Interior pide al Poder Judicial que actúe; y el tablero político vuelve a incendiarse alrededor de Pedro Sánchez. La frase sobre los escoltas, que quizá pretendía reforzar jurídicamente el riesgo de fuga, ha terminado abriendo otro frente mucho más amplio: el de la confianza entre jueces, Gobierno y fuerzas de seguridad.

Y ese es el verdadero núcleo de lo ocurrido ayer: Peinado no solo retiró el pasaporte a Begoña Gómez. También colocó a su escolta —y, por extensión, a la cadena de mando policial— en el centro de una sospecha que Marlaska considera intolerable. En una causa ya cargada de pólvora política, ese párrafo ha sido la cerilla.