El Principado aprobará este lunes el proyecto de la primera Ley de Puertos autonómica, una norma que regulará por fin los 24 puertos de su red propia, protegerá la pesca artesanal, ordenará los usos turísticos y deportivos, reforzará la seguridad y preparará estas infraestructuras frente al cambio climático

Asturias se dispone a saldar una deuda histórica con su litoral. El Consejo de Gobierno aprobará este lunes el proyecto de la primera Ley de Puertos del Principado, una norma llamada a ordenar de manera integral los 24 puertos autonómicos y a reconocer lo que desde hace años resulta evidente en cualquier villa marinera: los puertos ya no son solo lugares donde atracan barcos. Son espacios económicos, sociales, turísticos, culturales, deportivos, patrimoniales y emocionales. Son trabajo, identidad, paisaje y vida cotidiana. Y, hasta ahora, Asturias no contaba con una ley propia capaz de regular toda esa complejidad.

La nueva norma, impulsada por la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, busca cubrir ese vacío con una regulación adaptada a la escala asturiana. No se trata de copiar el modelo de los grandes puertos comerciales, sino de diseñar un traje a medida para una red formada por instalaciones pequeñas y medianas, muy pegadas a los pueblos y profundamente vinculadas a la pesca profesional, especialmente la artesanal.

La ley llega en un momento clave. Los puertos asturianos han cambiado mucho en las últimas décadas. Siguen siendo base de la actividad pesquera, pero conviven cada vez más con embarcaciones deportivas, actividades turísticas, restauración, paseos, eventos culturales, comercios, tránsito ciudadano y usos recreativos. Esa mezcla puede enriquecer las villas marineras, pero también generar conflictos si no existe una planificación clara. El reto es sencillo de formular y difícil de ejecutar: abrir los puertos a la ciudadanía sin expulsar de ellos a quienes viven del mar.

El consejero Alejandro Calvo lo ha resumido con una idea central: Asturias necesita una regulación que refleje la dimensión multifuncional de estos espacios, se adapte a las necesidades de su red y dote a la Administración de instrumentos específicos para planificar y gestionar mejor. Dicho de otra manera: los puertos asturianos ya funcionaban como espacios mixtos; ahora tendrán una ley que los mire como tal.

La pesca, primero: proteger el oficio que dio sentido a los puertos

Uno de los puntos más importantes de la futura ley es que refuerza el papel de los puertos como soporte de la pesca profesional. Esta precisión no es menor. En muchas villas marineras, el atractivo turístico del puerto existe precisamente porque antes existió la pesca. La lonja, las redes, las cajas, las embarcaciones de bajura, los marineros, los oficios auxiliares y la memoria del Cantábrico son lo que convierte esos espacios en algo auténtico. Si desaparece esa actividad, el puerto puede quedar bonito, sí, pero convertido en decorado.

El Gobierno asturiano quiere evitar ese riesgo. La norma reconoce la función esencial de los puertos como base de la flota artesanal, una actividad sometida a enormes presiones: relevo generacional insuficiente, cambios en las capturas, temporales más dañinos, restricciones espaciales, competencia económica, costes crecientes y necesidad de modernización. En este contexto, ordenar los usos portuarios no es una cuestión administrativa fría. Es una manera de proteger una forma de vida.

La pesca artesanal no puede quedar arrinconada entre terrazas, amarres deportivos y rutas turísticas. Tiene que seguir teniendo espacio operativo, servicios adecuados, seguridad, accesos, capacidad de descarga y condiciones dignas. La futura ley parte de esa premisa: la apertura de los puertos a nuevos usos debe ser compatible con la preservación de su función original.

Asturias no puede permitirse convertir sus puertos en postales vacías. El turismo que busca autenticidad necesita que esa autenticidad siga viva. Y eso significa que los puertos tienen que seguir oliendo a mar de verdad, no solo a promoción turística.

Una red integrada, no 24 problemas sueltos

La ley configura el Sistema Portuario del Principado como una red integrada. Este es uno de los cambios más relevantes. Hasta ahora, cada puerto podía funcionar en la práctica como una realidad muy específica, condicionada por su municipio, su tamaño, su actividad pesquera, su uso deportivo, su presión turística o su exposición a temporales. Con la nueva norma, el Principado pretende planificar de forma conjunta, priorizar inversiones, coordinar recursos y adaptar las actuaciones a las necesidades concretas de cada instalación.

Esa visión de red permitirá tomar decisiones con más coherencia. No todos los puertos necesitan lo mismo. No es igual un puerto con fuerte actividad pesquera que otro con mayor peso deportivo o turístico. No es lo mismo una instalación muy integrada en el casco urbano que otra más aislada. No es igual una dársena especialmente expuesta a temporales que otra con problemas de ordenación de usos. La ley intenta dar herramientas para que esas diferencias no se gestionen a base de parches.

La gran novedad será la creación del Plan de Puertos del Principado. Este instrumento estratégico fijará prioridades de inversión, actuaciones previstas y delimitación de espacios y usos en cada puerto. Será, en la práctica, la hoja de ruta para decidir dónde se invierte, qué se protege, qué se transforma, qué usos se permiten y cómo se resuelven los conflictos.

En una Asturias donde cada inversión pública se mira con lupa, este plan puede convertirse en una herramienta decisiva. Permitirá ordenar prioridades y evitar que la política portuaria dependa solo de urgencias, presiones locales o actuaciones puntuales tras cada temporal.

Los puertos como corazón de las villas marineras

La ley también refuerza la relación entre los puertos y las villas marineras. En Asturias, muchos puertos no están separados del pueblo: son el pueblo. Forman parte del paseo, de la fachada urbana, de la economía local, de la memoria familiar y de la imagen que proyectan lugares como Cudillero, Luarca, Lastres, Tazones, Ribadesella, Llanes, Puerto de Vega, Tapia, Candás, Luanco o San Esteban.

Por eso la norma apuesta por una mayor coordinación entre el Principado y los ayuntamientos. El objetivo es integrar mejor los puertos en los núcleos urbanos, abrirlos a la ciudadanía cuando sea posible y ordenar su convivencia con actividades culturales, comerciales, deportivas, turísticas y de ocio. Pero siempre con una condición: que esa apertura no destruya su función portuaria.

Este equilibrio será uno de los grandes retos. Los puertos son espacios de trabajo, no simples paseos marítimos. Hay maniobras, vehículos, cargas, descargas, maquinaria, riesgos, zonas restringidas y actividad profesional. Pero también son lugares que forman parte de la vida pública y que muchos vecinos sienten como propios. La nueva ley intenta ordenar esa frontera: permitir usos ciudadanos sin convertir el puerto en un parque temático ni poner en riesgo la seguridad.

El concepto de “puerto abierto” no puede significar “puerto desordenado”. Debe significar puerto vivo, accesible, seguro y respetuoso con quienes trabajan en él.

Medio ambiente y cambio climático: la batalla que viene del mar

La protección ambiental ocupa un lugar central en la futura ley. El texto incorpora medidas para prevenir la contaminación, mejorar la gestión de residuos y regular actividades con potencial impacto ambiental en el dominio público portuario. No es una cuestión decorativa. En espacios donde conviven embarcaciones, combustible, residuos, actividades pesqueras, dragados, mantenimiento, turismo y presión urbana, la gestión ambiental es parte esencial del funcionamiento diario.

Pero la norma va más allá e introduce criterios de adaptación al cambio climático. Este punto es especialmente importante en una comunidad expuesta al Cantábrico, con puertos pequeños que sufren temporales, oleaje, inundaciones, daños en infraestructuras y episodios meteorológicos cada vez más extremos.

La ley prevé estudios para evaluar los riesgos específicos de cada puerto y planificar actuaciones de refuerzo. No todos se enfrentan a los mismos peligros ni tienen la misma capacidad de respuesta. Algunos necesitan mejoras estructurales, otros planes de emergencia más precisos, otros medidas de protección frente al oleaje o una revisión de sus zonas de servicio.

El cambio climático ya no es un capítulo de futuro. Para los puertos, es una cuestión de obra pública, seguridad y dinero. Cada temporal que rompe un dique, daña instalaciones o paraliza actividad deja una factura. Planificar antes es mucho más inteligente que reparar siempre después.

Seguridad, inspección y nuevas reglas de juego

La futura ley reforzará también los planes de emergencia y autoprotección de los puertos. Además, reconocerá la condición de agentes de la autoridad al personal del Servicio de Puertos que realiza labores de inspección y vigilancia. Esto les permitirá formular denuncias en el ejercicio de sus funciones y dotará de más fuerza a la supervisión cotidiana de estos espacios.

La medida es relevante porque los puertos son zonas sensibles. En ellos coinciden actividad profesional, tránsito ciudadano, embarcaciones, vehículos, mercancías, zonas restringidas, eventos y usos recreativos. Sin capacidad efectiva de inspección, las normas pueden quedarse en papel mojado. Y en un puerto, el papel mojado ya sabemos todos lo que dura.

La ley también actualizará el sistema de prestación de servicios portuarios. Diferenciará entre servicios generales, gestionados directamente por la Administración, y servicios específicos, que podrán prestarse en régimen de competencia. Esta distinción pretende clarificar responsabilidades, mejorar eficiencia y adaptar la gestión a la variedad real de actividades que hoy se desarrollan en la red portuaria.

Una ley pequeña para grandes cambios

La futura Ley de Puertos no tendrá la espectacularidad de una gran autovía ni el brillo político de una gran inversión industrial. Pero puede tener un impacto profundo en la Asturias costera. Ordenar los puertos significa ordenar una parte esencial de la economía azul, del turismo, de la pesca, del patrimonio marítimo y de la relación entre los pueblos y el mar.

Durante demasiado tiempo, muchos puertos asturianos han funcionado con una regulación dispersa, insuficiente para abordar su evolución real. La nueva ley pretende poner negro sobre blanco lo que ya ocurre sobre el terreno: que en los puertos conviven marineros, vecinos, turistas, deportistas, hosteleros, visitantes, armadores, clubes náuticos, actividades culturales y servicios públicos. Y que esa convivencia necesita reglas claras.

La norma no resolverá por sí sola los problemas de la pesca artesanal, ni garantizará automáticamente el relevo generacional, ni blindará todos los muelles frente a los temporales, ni eliminará los conflictos entre usos. Pero sí puede ofrecer algo que hasta ahora faltaba: un marco propio, integral y adaptado a Asturias.

El litoral como identidad y como economía

Asturias no se entiende sin sus puertos. No solo por su historia marinera, sino porque buena parte de su atractivo actual nace de esa relación entre el pueblo y el mar. Las villas marineras son una de las grandes señas de identidad del Principado. Atraen turismo, sostienen gastronomía, conservan oficios, generan actividad y forman parte de la imagen exterior de Asturias.

Pero esa imagen debe cuidarse. Si los puertos se abandonan, se deterioran o se convierten en espacios caóticos, pierde la pesca, pierde el turismo y pierde la comunidad local. Si se ordenan bien, pueden ser motores discretos pero poderosos de desarrollo: lugares donde convivan trabajo, patrimonio, visitantes y vida vecinal.

La primera Ley de Puertos de Asturias nace con esa ambición. Modernizar sin borrar. Abrir sin desproteger. Regular sin asfixiar. Invertir con criterio. Prepararse frente al clima que viene. Y garantizar que los puertos sigan siendo algo más que un borde bonito del mapa.

Porque en Asturias, un puerto no es solo una infraestructura. Es una forma de mirar al Cantábrico. Y también una forma de recordar de dónde venimos.