El Principado propone una sanción récord de 1,1 millones a Aucalsa por cobrar íntegro el peaje del Huerna
Consumo atribuye a la concesionaria una presunta infracción muy grave por mantener la tarifa pese al deterioro del servicio y otra grave por no informar adecuadamente de las restricciones
El Gobierno de Asturias ya ha concretado la decisión que había anunciado para este viernes sobre Aucalsa. El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, propondrá imponer a la concesionaria una sanción total de 1,1 millones de euros por mantener el cobro íntegro del peaje del Huerna mientras la autopista soportaba obras, atascos, restricciones y una notable reducción de sus condiciones normales de circulación.
La propuesta, que será elevada el próximo lunes al Consejo de Gobierno, contempla dos posibles infracciones en materia de consumo: una muy grave, castigada con un millón de euros, por seguir cobrando la tarifa completa pese al deterioro continuado del servicio, y otra grave, de 100.000 euros, por la insuficiente información ofrecida a los conductores antes de acceder a la AP-66.
Se trata de la mayor sanción impulsada hasta ahora por la Dirección General de Consumo del Principado.
La decisión actualiza la información publicada esta mañana por Asturias Mundial, cuando todavía se desconocía si el expediente concluiría con una multa, un requerimiento o la apertura de nuevas actuaciones.
Un millón por cobrar como si la autopista funcionara con normalidad
La parte principal de la propuesta sancionadora se apoya en que Aucalsa habría mantenido el cobro íntegro del peaje pese a que la autopista no ofrecía las condiciones de servicio que justifican una tarifa superior a los 16 euros por trayecto completo.
Las inspecciones realizadas durante los últimos meses habrían constatado reducciones de carril, limitaciones de velocidad, congestiones, obras prolongadas y numerosos episodios en los que la AP-66 funcionaba con una capacidad muy inferior a la habitual.
Zapico ha resumido la situación con una frase especialmente contundente:
“Se están cobrando más de 16 euros por una autopista que, en el mejor de los casos, funciona como una carretera de un solo carril”.
El Gobierno asturiano considera que ese cobro íntegro podría vulnerar los derechos de los consumidores al no existir una correspondencia razonable entre el precio exigido y el servicio realmente prestado.
Otros 100.000 euros por no informar antes de entrar
La segunda propuesta de sanción asciende a 100.000 euros y se refiere a la información facilitada a los usuarios.
Consumo considera que los avisos sobre las obras, los cierres, las restricciones y las retenciones no permitían a los conductores conocer con suficiente antelación cuál era la situación real de la autopista.
La cuestión no es menor. Para el Principado, una persona debe disponer de información clara antes de acceder a una vía de pago, de manera que pueda decidir si utiliza la autopista o busca una ruta alternativa.
La Administración entiende que esa información resultó insuficiente y que muchos usuarios entraron en la AP-66 sin conocer el alcance real de las afecciones que iban a encontrarse.
La propuesta todavía no es una sanción firme
La multa de 1,1 millones todavía no ha sido impuesta definitivamente.
El consejero elevará el expediente al Consejo de Gobierno el próximo lunes. Si el Ejecutivo autoriza el inicio del procedimiento sancionador, la decisión será notificada a Aucalsa.
La concesionaria dispondrá entonces del plazo legal correspondiente para presentar alegaciones, aportar documentación y discutir los hechos y la calificación de las presuntas infracciones.
Después, la Administración analizará esas alegaciones y adoptará una resolución. Solo entonces podría existir una sanción firme en vía administrativa.
Aucalsa también tendría la posibilidad de recurrir posteriormente ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
Por tanto, lo anunciado este viernes no supone que la empresa tenga que abonar inmediatamente los 1,1 millones ni que la cuantía no pueda cambiar durante la tramitación.
Meses de inspecciones y requerimientos
La propuesta culmina varios meses de trabajo de la Dirección General de Consumo y de la Viceconsejería de Derechos Ciudadanos.
Durante ese periodo se realizaron inspecciones sobre el terreno, se analizaron reclamaciones de conductores y asociaciones de consumidores y se remitieron diferentes requerimientos a la empresa para que corrigiera la situación.
La viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González Prieto, ha asegurado que el Principado actuó con Aucalsa como lo haría con cualquier otra compañía sometida a la normativa de consumo.
Según su explicación, el Gobierno intentó inicialmente que la empresa introdujera cambios sin necesidad de llegar a la vía sancionadora, pero la concesionaria no aceptó los requerimientos formulados.
“Lo deseable habría sido alcanzar un acuerdo que evitara llegar a este punto, pero la empresa no aceptó los requerimientos”, ha señalado.
El director general de Consumo, Faustino Zapico, ha precisado que el expediente se apoya tanto en las inspecciones realizadas como en las reclamaciones presentadas por usuarios y organizaciones de consumidores.
La Fiscalía no paraliza el expediente administrativo
La existencia de actuaciones en la Fiscalía había generado dudas sobre si el Principado podía continuar con su propio procedimiento.
La Viceconsejería sostiene que ambas vías son compatibles y que las diligencias fiscales no impedían avanzar con el expediente administrativo en materia de consumo.
El Gobierno asegura además que se han respetado todos los plazos y garantías legales, una cuestión esencial ante los previsibles recursos de Aucalsa.
La empresa podrá discutir tanto los hechos como la competencia del Principado, la gravedad atribuida a las infracciones y la cuantía de las sanciones propuestas.
“Una auténtica ratonera”
Ovidio Zapico ha utilizado un tono especialmente duro al describir la situación de la autopista.
“Llevamos muchos meses inspeccionando una situación que convierte demasiadas veces la autopista del Huerna en una auténtica ratonera para los asturianos y asturianas”.
El consejero considera que el deterioro de la AP-66 resulta especialmente grave porque se trata de la principal conexión por carretera entre Asturias y la Meseta.
A su juicio, las obras, las caravanas y las restricciones han reducido durante largos periodos las prestaciones de una infraestructura por la que se sigue cobrando una de las tarifas más elevadas de la red de autopistas españolas.
Zapico ha calificado estas condiciones de “auténtica vergüenza” y ha defendido la intervención de Consumo como una cuestión de justicia social.
El Principado vuelve a exigir que se levanten las barreras
La propuesta sancionadora no modifica la posición política del Gobierno asturiano sobre el peaje.
Zapico ha reiterado que, mientras continúen las obras y las afecciones graves a la circulación, las barreras de los peajes de Villablino y La Magdalena deberían permanecer levantadas.
“No entiendo otro escenario que no sea ese: libre circulación mientras persistan las obras, los atascos, las caravanas y la congestión de la calzada”.
El Principado había reclamado previamente la suspensión o la bonificación total del peaje mientras la autopista no recuperase unas condiciones normales de circulación.
La propuesta de multa castiga presuntas infracciones pasadas y presentes, pero no obliga por sí sola a eliminar inmediatamente el cobro.
La capacidad para modificar el régimen tarifario y ordenar el levantamiento de las barreras afecta también al Ministerio de Transportes, como titular de la infraestructura y administración concedente.
No se anuncia ninguna devolución a los conductores
Una de las principales preguntas es si la sanción puede traducirse en la devolución del peaje a los usuarios afectados.
La respuesta, por ahora, es que no.
La propuesta anunciada por el Principado se dirige a castigar dos presuntas infracciones en materia de consumo, pero no incluye una devolución automática de las cantidades cobradas.
Una multa administrativa y una compensación a los usuarios son cuestiones jurídicamente distintas.
Para que los conductores recuperasen total o parcialmente el dinero abonado podría ser necesaria una resolución específica, una reclamación individual, una acción colectiva o un pronunciamiento judicial.
Por eso resulta recomendable conservar justificantes, recibos, extractos del telepeaje y cualquier prueba de los trayectos realizados durante los periodos de mayores restricciones.
La mayor sanción impulsada por Consumo en Asturias
El Gobierno presenta la cuantía como un hito en la actuación de la Dirección General de Consumo.
Los 1,1 millones superan cualquier propuesta sancionadora anterior impulsada por este departamento autonómico y reflejan la magnitud económica y social atribuida al caso.
Zapico ha defendido que la actuación pretende poner límites a lo que considera un agravio continuado para Asturias.
“Es de justicia social poner límites a los agravios que esta concesionaria ejerce sistemáticamente contra los asturianos y asturianas”.
La dureza de las declaraciones confirma que el expediente no se limita a una discrepancia técnica sobre información o tarifas. Se ha convertido en un nuevo episodio del enfrentamiento institucional por la gestión de la AP-66 y por la continuidad del peaje.
El conflicto de fondo sigue siendo la concesión
El procedimiento de Consumo es independiente de la batalla política y jurídica por la duración de la concesión de la autopista del Huerna.
El Gobierno asturiano mantiene que la solución definitiva pasa por la desaparición del peaje, cuya prórroga considera injusta e ilegal.
Ese conflicto afecta a la ampliación de la concesión hasta 2050 y se desarrolla en un plano distinto al expediente anunciado este viernes.
Aucalsa afronta así varios frentes simultáneos:
- la propuesta sancionadora de Consumo;
- las reclamaciones de usuarios y asociaciones;
- las actuaciones de la Fiscalía;
- el debate sobre las obras y la calidad del servicio;
- y la disputa sobre la propia continuidad del peaje.
Qué sucederá a partir del lunes
El procedimiento previsto tiene varias fases:
Primero, el Consejo de Gobierno deberá autorizar el inicio del expediente sancionador.
Después, Aucalsa recibirá la notificación y podrá presentar alegaciones.
Los servicios jurídicos y técnicos de la Administración analizarán la respuesta de la empresa.
Finalmente, se dictará una resolución que podrá confirmar, reducir o descartar las sanciones propuestas.
Si la empresa rechaza la decisión definitiva, podrá acudir a los tribunales.
El anuncio de este viernes es, por tanto, el movimiento más contundente realizado hasta ahora por el Principado contra Aucalsa, pero no constituye el final del conflicto.
La batalla acaba de entrar en su fase administrativa más seria.
