Greenpeace continúa su expedición en el Atlántico Norte en defensa de los océanos

Greenpeace continúa su expedición en el Atlántico Norte en defensa de los océanos
Activistas de Greenpeace han interferido en la actividad de pesca del arrastrero de profundidad francés Roselend en el Atlántico Noreste. Los activistas de la organización ecologista han unido con una cuerda una balsa salvavidas a los cables que tiran de la red de arrastre para detener la operación de pesca. Esta acción se enmarca en la campaña que desarrolla Greenpeace en defensa de los océanos y en la denuncia de la pesca de arrastre de profundidad, que destruye hábitats profundos y captura especies de stocks sobreexplotados.

 

El buque Arctic Sunrise de Greenpeace continúa su tour por el Atlántico Noresteque inició el pasado mes de octubre como parte de la campaña para demandar el fin de la sobrepesca y un cambio en la gestión de las pesquerías a través de una adecuada reforma de la Política Pesquera Común (PPC).

La organización ecologista denuncia que la pesca de arrastre de profundidad es una de las pesquerías más destructivas e insostenibles en Europa. Este método se practica desde los 400 hasta más de 1.500 metros de profundidad, donde nadie puede ser testigo del daño provocado. Estos arrastreros faenan cada vez a mayor profundidad ya que las especies más cercanas a la superficie están desapareciendo debido a la sobrepesca.

“El 100% de las especies de profundidad capturadas en el Atlántico Noreste están sobreexplotadas, según los científicos del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM)”, ha declarado Paloma Colmenarejo, responsable de la campaña de Océanos de Greenpeace España. “Greenpeace demanda el fin de la sobrepesca y que se gestione la sobrecapacidad pesquera priorizando el desguace de los barcos más destructivos, como los de arrastre de profundidad”.

La pesca de arrastre de profundidad es un modelo insostenible ya que destruye los océanos y agota los stocks para poder ser rentable. Las dos principales flotas europeas de arrastre de profundidad en el Atlántico Norte son la española y la francesa. Sin embargo, los barcos arrastreros de Francia representan únicamente el 1% de los empleos, directos e indirectos.  Esto implica que del total de la pesquería francesa, su flota solo genera unos 258 puestos a tiempo completo, incluidos los empleos en transporte, procesamiento y empaquetamiento.

En el caso de España, al impacto ambiental hay que añadir la inversión de dinero público invertido en ella. La pesca de arrastre ha recibido 142 millones de euros desde 1996 a 2010 (1), una cantidad muy superior a la dirigida hacia la flota artesanal que genera casi el 30% del empleo en el sector pesquero español, casi cuatro veces más que la de arrastre.

Sin embargo, estos subsidios están estimados a la baja, ya que no incluyen subsidios indirectos como la exención de tasas por el petróleo o ayudas 'Minimis'. Por ello, Greenpeace denuncia que los estados miembros de la Unión Europea, principalmente España y Francia, han empleado direno público para entregar ayudas a una pesca altamente destructiva, siendo conscientes del declive de los stocks pesqueros.

Greenpeace incide en que la continuación de esta gestión pesquera es insostenible, ambiental y económicamente. La Política Pesquera Común (PPC) está en proceso de revisión, algo que pasa cada diez años. Su reforma finalizará en 2013. Los gobiernos de la Unión Europea (UE) necesitan esta oportunidad para dar un cambio radical en la gestión de las pesquerías. La organización ecologista considera necesario reducir el tamaño de las flotas, su capacidad y permitir que los stocks pesqueros se recuperen a niveles de rendimiento máximo sostenible para 2015.

“Europa debe cambiar el futuro de las pesquerías a través de la reforma de la Política Pesquera Común. España y Francia deben liderar este cambio y acabar con la sobrecapacidad pesquera”,  ha declarado Colmenarejo. “Greenpeace demanda un futuro para las pesquerías a través del apoyo a una pesca artesanal y sostenible”.

Notas:
(1) Estos datos se han calculado obteniendo información de  los Boletines Oficiales del Estado (BOE), donde se publican las subvenciones concedidas

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