Los agentes redujeron de un tiro en la pierna a un hombre de 36 años que, según las primeras informaciones, portaba un cuchillo y un martillo, había amenazado a su madre y se resistió violentamente a la intervención. Jupol y SUP califican la imputación de “vergonzosa”, “injusta” y “desproporcionada”

Cinco agentes de la Policía Nacional destinados en Gijón tendrán que declarar el próximo mes de octubre en calidad de investigados por una intervención límite ocurrida a finales de diciembre de 2025 en el barrio de El Llano. La actuación acabó con un hombre de 36 años reducido mediante un disparo en una pierna después de que, según las informaciones publicadas en aquel momento, amenazara a su madre con un cuchillo y un martillo en un domicilio de la calle Marcelino González, número 32.

La escena, según la reconstrucción conocida hasta ahora, fue de máxima tensión. Una mujer de avanzada edad salió del piso pidiendo ayuda tras haber sido amenazada por su hijo. Al llegar los agentes, el hombre se encontraba muy alterado, recibió a los policías con violencia y llegó a lanzar una maceta desde una ventana. En el interior de la vivienda, siempre según las mismas fuentes, portaba un cuchillo en una mano y un martillo en la otra, lo que convirtió la intervención en una situación de riesgo inmediato para la madre, para los vecinos y para los propios agentes.

Los policías accedieron al domicilio protegidos con escudo e intentaron reducir al hombre. La resistencia fue muy fuerte y uno de los agentes resultó herido. Finalmente, ante la imposibilidad de neutralizarlo por otros medios, uno de los policías efectuó un disparo dirigido a una zona no vital, la pierna, lo que permitió inmovilizarlo y practicar la detención. El arrestado fue trasladado por el SAMU al Hospital de Cabueñes, donde quedó custodiado por agentes y recibió asistencia médica; su vida no corría peligro.

Las primeras informaciones apuntaron también a que el hombre padecía una patología psiquiátrica grave y que habría dejado de tomar la medicación pautada. Este extremo, lejos de rebajar la gravedad de la intervención, ayuda a entender la dificultad del operativo: una persona fuera de control, armada con dos objetos potencialmente letales y encerrada en un domicilio con antecedentes de conflictos vecinales. RTPA informó entonces de que la comunidad de propietarios mantenía varias causas abiertas relacionadas con el comportamiento del hombre y de que se habían instalado cámaras de seguridad en el inmueble.

Ahora, más de seis meses después, el caso ha dado un giro judicial. Los cinco policías que participaron en la intervención han sido citados como investigados, una condición procesal que no implica culpabilidad, pero sí permite al juez tomarles declaración con todas las garantías de defensa. La Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que toda persona a la que se atribuya un hecho punible tiene derecho a conocer los hechos investigados, a examinar las actuaciones, a guardar silencio, a no declarar contra sí misma y a contar con asistencia letrada.

La decisión ha provocado un profundo malestar en los sindicatos policiales. Jupol y el Sindicato Unificado de Policía consideran que la imputación es “vergonzosa”, “injusta” y “desproporcionada”. Defienden que los agentes actuaron para salvar a una mujer que estaba siendo amenazada y para neutralizar a una persona armada que no obedecía las órdenes policiales. Según Jupol, los policías “arriesgaron su vida” y se vieron obligados a usar el arma “de la única forma que pudieron”. El SUP, por su parte, subraya que el disparo se realizó en una parte no vital y en un contexto de “extremo peligro”.

El fondo del caso se decidirá sobre una cuestión clave: si el uso del arma fue necesario, proporcionado y ajustado al riesgo real de la intervención. La Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad obliga a los agentes a actuar con decisión cuando sea necesario evitar un daño grave e inmediato, pero somete el uso de los medios policiales a los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad. La misma norma limita el uso de armas a situaciones en las que exista un riesgo racionalmente grave para la vida o la integridad física de los agentes, de terceras personas o para la seguridad ciudadana.

Ese será previsiblemente el nudo de la instrucción: determinar si, ante un hombre armado con un cuchillo y un martillo, agresivo, atrincherado en una vivienda y con una víctima potencial ya amenazada, el disparo en la pierna fue una respuesta proporcionada o si existía alguna alternativa menos lesiva. La investigación interna de la Policía Nacional, según fuentes sindicales, concluyó que la actuación se ajustó a protocolo y no apreció mala praxis. De hecho, los cinco agentes habrían sido propuestos para una condecoración por la intervención.

El caso también abre otro debate de fondo: la inseguridad jurídica que denuncian los sindicatos en actuaciones de alto riesgo. Los agentes se enfrentan a segundos de decisión en escenarios donde un error puede acabar en tragedia; después, esas decisiones se revisan durante meses en un juzgado, ya sin gritos, sin cuchillos, sin martillos y sin una madre huyendo de su casa. Dicho de otro modo: la calle va a velocidad de vértigo y la Justicia, por suerte y por obligación, va con lupa.

Desde el punto de vista penal, si se acredita que el hombre agredió, intimidó gravemente o se resistió violentamente a los agentes en el ejercicio de sus funciones, los hechos podrían encajar en el delito de atentado contra la autoridad o sus agentes. El Código Penal castiga estas conductas y prevé una agravación cuando se cometen haciendo uso de armas u objetos peligrosos.

El procedimiento, en todo caso, se encuentra todavía en fase de investigación. Los policías declararán en octubre y será el juez quien determine si procede archivar la causa o continuar adelante. Mientras tanto, Jupol y SUP reclaman el archivo y defienden que los agentes no solo actuaron correctamente, sino que evitaron un desenlace mucho peor.

La fotografía que queda es incómoda, pero poderosa: cinco policías que entraron en una vivienda para proteger a una madre amenazada acabarán sentados ante el juez para explicar por qué dispararon. La respuesta judicial marcará no solo el futuro de esos agentes, sino también el modo en que se interpreta una de las intervenciones policiales más delicadas: la de reducir a una persona armada, fuera de sí y en un domicilio cerrado, sin que nadie pierda la vida.