Asturias insiste en reclamar a Madrid un tratamiento específico para las industrias electrointensivas

Asturias insiste en reclamar a Madrid un tratamiento específico para las industrias electrointensivas

    El Ejecutivo asturiano considera que estas empresas deben tener un régimen singular que minimice el impacto del aumento de los precios de la electricidad y del gas en sus costes de producción

 

-         El Principado reitera la necesidad de garantizar la máxima compensación por los costes de emisiones indirectas de CO2

 

 

El Gobierno de Asturias insiste en reclamar un tratamiento específico para las industrias con un consumo intensivo de energía, tras la publicación hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la resolución de 7 de abril de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa por la que se revisa el cociente entre consumo y valor añadido bruto para optar a la categoría de consumidor electrointensivo.

 

El Principado valora cualquier cambio normativo o medida que permita un ahorro de los costes energéticos para empresas y particulares en el contexto actual, como las incluidas en el plan nacional de respuesta a las consecuencias de la guerra de Ucrania, que incluye un paquete de ayudas que supera los 500 millones para empresas intensivas en energía. En este sentido, considera que la resolución publicada ahora en el BOE puede beneficiar a empresas asturianas y aliviar su factura energética.

 

No obstante, el Ejecutivo insiste en que las industrias altamente consumidoras de energía deben tener un tratamiento específico que minimice el impacto que están sufriendo como consecuencia de los aumentos excepcionalmente altos de los precios del gas y la electricidad.

 

Así, juzga necesaria la adopción de medidas singulares para la gran industria consumidora de energía, electricidad y gas, como la siderurgia, la industria química, el aluminio o la fabricación de zinc, entre otras.

 

Además, el Gobierno de Asturias reitera la importancia de garantizar la más elevada compensación por costes de emisiones indirectas de CO2, haciendo uso del 25% de los ingresos por subasta de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, el porcentaje máximo permitido por la Comisión Europea.

 

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