La Consejería suprime las ayudas a los centros escolares que segregan a los alumn@s

La Consejería suprime las ayudas a los centros escolares que segregan a los alumn@s

El Principado ha tenido en cuenta la evolución del alumnado y las necesidades de escolarización

 

 

La consejera de Educación, Cultura y Deporte del Principado, Ana González, ha explicado hoy en la Junta General del Principado el proceso de Resolución 13 de febrero de 2013 que aprueba las normas que rigieron la convocatoria para la aplicación del régimen de conciertos educativos para el periodo académico de 2013-2014 a 2016-2017.

 

La titular de Educación ha señalado que su departamento ha reducido un total de 26 unidades (aulas) concertadas en relación con el período actual. En total, se han habilitado 1.352 unidades concertadas para el período 2013-2017.

 

Para la renovación de conciertos educativos (no se produjo ninguna petición nueva) el departamento que dirige Ana González ha utilizado los mismos criterios respecto a las unidades concertadas en la actualidad.

 

Estos requisitos tienen en cuenta la evolución de alumnado, tanto al alza como a la baja. En este sentido, la consejería se ha ajustado a la resolución por la que se establece la relación media alumnado-profesorado, y a las necesidades de escolarización.

 

Por otra parte, González ha confirmado la supresión de los conciertos educativos a los centros asturianos que segregan por sexo, en base a lo que han fijado diversas sentencias judiciales sobre el articulado de la LOE (Ley Orgánica de Educación).

 

González también ha recordado que la Resolución 13 de febrero de 2013 incluye, entre sus requisitos, un artículo que señala la “imposibilidad de suscripción o renovación de conciertos a aquellos centros con un sistema docente de educación diferenciada por sexos”. Este artículo hace referencia a su vez al artículo 84.3 de la LOE que rechaza la discriminación por razón de sexo, entre otros supuestos.

 

Además, la consejería ha tenido en cuenta las diversas sentencias del Tribunal Supremo dictadas en los años 2012 y 2013 referidas a centros con educación diferenciada por sexos en otras comunidades, que impiden su sostenimiento con fondos públicos; y se ha basado en las precedentes sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 2009.

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