El dato es demoledor: treinta y tres de las treinta y cinco empresas españolas que conforman el Ibex 35 tenían presencia en países o territorios considerados como paraísos fiscales en el año 2.011. El dato lo aportó el Observatorio de la RSC quien en el mismo documento constata que las sociedades, filiales o participadas por nuestras selectas empresas, no se dedican a la prestación de servicios o a la producción de bienes, sino que sus objetivos son los relacionados con actividades financieras de sociedades de cartera o con sociedades "holding".

Juan Rosell, presidente de la gran patronal española, que es decir lo mismo que presidente de la CEOE, que aglutina, entre otras, a esas 33 empresas con intereses oscuros -puesto que no proporcionan la información necesaria sobre sus actividades- en los paraísos fiscales, tiene la obligación, en alguna de sus variadas y magistrales intervenciones, de aportar datos concretos de lo que supondría para la economía española el recuperar ese lucro cesante evadido por la patronal parasitaria que el dirige.

Cuando se habla tanto de la necesidad de reformas estructurales de calado, en lugar de empezar machacando siempre a los mismos, los ciudadanos de a pié, ¿no se deberían abordar tales reformas empezando por quienes, a cara descubierta, tienen la obscena desfachatez de pedir sacrificios desde el púlpito de la hipocresía y la inmoralidad?.

Juan Rosell, y su formación, tienen la oportunidad, con honradez y solidaridad, de equilibrar las cuentas fiscales de España y casi sacarnos de la crisis; lo veremos si el próximo año el Observatorio de la RSC diga en su informe que las empresas del Ibex 35 ya no tienen paraisos.