Esther Díaz recuerda que el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad ha dejado clara la apuesta del Ejecutivo central por la privatización de los servicios públicos

La consejera de Bienestar Social y Vivienda, Esther Díaz, denunció hoy que el Gobierno de España está mostrando sus verdaderas intenciones y “ya se ha quitado la careta en materia de Dependencia y ha dejado al descubierto sus verdaderas intenciones, las intenciones con las que el verano pasado realizó sus reformas”. Díaz subrayó en rueda de prensa, este mediodía en Oviedo, que las declaraciones realizadas esta misma semana por el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno, “han dejado bien claros los objetivos de la reforma de la Ley de la Dependencia realizada por el Gobierno de Mariano Rajoy, tal y como he denunciado desde el primer momento”.

La titular de Bienestar Social recordó que Moreno reconoció en un acto en Sevilla que el Gobierno central apuesta por derivar gran parte de la actividad que esta Ley genera hacia el sector privado, “una cuestión que hemos estado denunciando desde el Gobierno asturiano y que tenía el objetivo del recorte y de la derivación a la privada de los servicios”.

Esther Díaz matizó que “la participación público-privada en el desarrollo de los servicios y, en concreto, en el terreno de los servicios sociales en Asturias, ha dado buen resultado; estamos satisfechos con esta colaboración y, desde luego, no la vamos a denostar; pero a lo que sí nos oponemos es al desmantelamiento de los servicios públicos y, en este caso, de los servicios de la Dependencia”. La consejera de Bienestar Social comentó que el sector privado debe ser una herramienta para llegar allá donde no puede llegar el sector público, pero “no se puede dejar en manos exclusivamente del sector privado la actividad de servicios tan importantes como estos”.

En este sentido, Esther Díaz apuntó que el Partido Popular, en esta materia al igual que otras, “tiene claros prejuicios ideológicos y está utilizando la crisis para desmantelar el sistema público, como también ocurre en otros ámbitos como la sanidad, la educación o la justicia”. Para la responsable de Bienestar Social y Vivienda, “solo a través del carácter público de los servicios sociales se garantiza la igualdad de oportunidades, la equidad en la atención a los ciudadanos y la universalidad, tal y como recoge la Ley de la Dependencia”.

Además, con este tipo de iniciativas, “se menosprecia el trabajo de los empleados públicos que durante estos años han tirado del sistema y se cuestiona su profesionalidad”. Esther Díaz apostilló que con la reforma de la Ley de la Dependencia se volverá a un modelo “que había hace treinta años: la del pago para aquellos que puedan permitírselo, la vuelta de la mujer a la casa a cuidar a sus mayores y dependientes y la de la beneficencia para aquellas personas que no tienen ni lo uno ni lo otro”.