Aurelio Martín aboga por una política agraria común que mantenga la regulación y demanda un mayor papel de la interprofesional láctea
El grupo parlamentario de IU en la Junta General del Principado apoya la petición del sindicato COAG para que el parlamento asturiano suscriba una declaración institucional de apoyo al sector lácteo asturiano que sea la base de un acuerdo de todo el sector, incluidos la industria agroalimentaria, las organizaciones agrarias y los políticos para “poder salir adelante”. A juicio de Mercedes Cruzado, Secretaria General de COAG, en Asturias, esta petición responde a la situación “tan dificil” que atraviesa el sector, igual el de leche que el de carne, con unos piensos y forrajes con precios “desorbitados”. En estos precios, que no cubren ni el de producción, influyen las sucesivas sequías que se dieron en distintas zonas productoras, la apertura de nuevos mercados como China y, sobre todo, por la salvaje especulación de capitales que han pasado del sector inmobiliaria al alimentario. Cruzado subrayó que “los precios de la leche y carne son los de hace 25 años y no cubren ni los costes producción.
Cruzado incidió en que el contrato lácteo de explotación, puesto en marcha a principios de este mes, no soluciona los problemas, sino que empeora la situación porque los productores “no participamos para nada en la cumplimentación, no se cuenta para nada con nosotros, sino que se nos impone el precio, no existe ninguna negociación”.
Aurelio Martín, responsable de medio rural en la Junta General del Principado, aseguró estar de acuerdo con el análisis realizado por COAG y mostró el apoyo de IU a un sector que ha pasado de estar en un momento delicado a estar “en una situación límite”. El diputado advirtió que de no poner coto a esta crisis, puede acabar llevándose por delante a una parte de un sector que agrupa 18.000 personas se dedican a la actividad agrícola y ganadera y otras 8.000 que se trabajan en la industria agroalimentaria. A juicio del diputado las soluciones para el sector pasan por lograr una política agraria común diferente, que mantenga la regulación, la intervención del sector, para lo que pidió una estrategia definida por parte del gobierno autonómico y nacional antes de 2014, fecha en la que acaba la actual regulación; además de un mayor papel para la interprofesional láctea, donde están representados todos los sectores, que puede establecer una horquilla de precios mínimos, una referencia que incluya los precios de producción y como explicó Cruzado, “un margen de beneficio que nos permita sobrevivir”.
