El Ejecutivo destina 6,5 millones al fomento de la inversión y la innovación empresarial y las exportaciones

• Aprobado un gasto de 3,7 millones para iniciativas de formación profesional de trabajadores ocupados y de desempleados

• Desbloqueados 4,9 millones correspondientes a los costes salariales de 2.072 trabajadores con discapacidad

• Aprobado el nombramiento de Ladislao Azcona y Alejandro Fernández como vocales del Consejo Social de la Universidad de Oviedo

Asturias.-El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias ha aprobado hoy una batería de medidas de apoyo a la creación de empleo y a la actividad empresarial que suman 10,2 millones de euros. Se trata de un paso más en la estrategia definida por el Ejecutivo que preside Javier Fernández ante la profunda crisis económica para consolidar la actividad de las empresas asturianas, impulsar la generación de puestos de trabajo y encarar los efectos en Asturias de la crisis económica internacional.

Las ayudas institucionales aprobadas hoy están destinadas a diversos proyectos de fortalecimiento empresarial y a la internacionalización de firmas asturianas y ascienden a un total de 6,5 millones.

•  Nueva inversión empresarial. La primera de las convocatorias, a la que se dedican 3,9 millones, tiene por objeto la financiación de diferentes iniciativas para favorecer la inversión empresarial para el presente año. Con estas ayudas, el Gobierno asturiano, a través del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA), impulsa la creación y el desarrollo de nuevas empresas y apoya la creación de empleo de calidad. Concretamente, esta partida está destinada a financiar las inversiones de las empresas en la renovación de equipamientos y tecnología, así como en la transferencia de tecnología mediante la adquisición de derechos de patentes o licencias.

• Innovación. Una segunda línea de ayudas se enmarca en el programa Innova-IDEPA y tiene un importe global de 1,8 millones. Este es un programa de respaldo a las iniciativas de innovación empresarial, especialmente los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico que impulsen la calidad y el diseño.

• Investigación y cooperación. Otra línea de ayudas empresariales, en este caso por una cuantía de 400.000 euros, se destina a la financiación de empresas en el marco de ERA-NET, una iniciativa europea cuyo objetivo es desarrollar y reforzar la coordinación de programas de investigación en cooperación con otros territorios de la Unión Europea. En esta ocasión se pretende fomentar la competitividad de la industria manufacturera a través de la financiación de proyectos de I+D+i llevados a cabo por consorcios internacionales de empresas de diferentes regiones de la UE.

• Exportaciones. La cuarta línea de ayudas empresariales aprobadas hoy, que asciende a 400.000 euros, está dirigida al fomento de la promoción internacional. Con esta convocatoria, que se realiza también a través del IDEPA, se refuerza la estrategia asturiana de comercio exterior, que se ha mostrado como un instrumento clave para encarar la crisis. Las ventas en el exterior de las compañías asturianas crecieron un 5,6% durante los primeros seis meses del año, en comparación con el mismo período del año anterior, al vender productos por un valor de casi 2.000 millones de euros. De ahí la apuesta del Gobierno del Principado por apoyar a las firmas asturianas con mayor vocación internacional. El incremento de las exportaciones regionales fue, además, dos puntos superior a las proporciones que se registraron en el conjunto nacional.

Las medidas de respaldo a la actividad empresarial adoptadas hoy por el Consejo de Gobierno se han reforzado también con la autorización de un gasto de 3,7 millones de euros para impulsar las políticas de empleo con el desarrollo de programas de formación que beneficiarán a un total de 6.251 asturianos.

La convocatoria se destina a la ejecución de planes de capacitación y mejora profesional dirigidos, prioritariamente, a trabajadores ocupados. Está previsto desarrollar 422 cursos: el 60 por ciento van destinados a asturianos con empleo y el resto a personas en paro.

Estos 3,7 millones de euros destinados a las políticas de empleo se suman a los 10 aprobados por el Consejo de Gobierno el pasado mes de julio, destinados a la inserción laboral de aquellos desempleados con mayores dificultades de acceso a un puesto de trabajo. Estas acciones formativas iban dirigidas a una población de 4.541 desempleados.

Otro relevante acuerdo en política laboral adoptado hoy por el Consejo de Gobierno ha sido la concesión de subvenciones para trabajadores con discapacidad de los centros especiales de empleo de Asturias por importe total de 4,9 millones de euros.

Esta importante partida se corresponde a las ayudas de los costes salariales de 2.072 trabajadores de 95 centros especiales de empleo (empresas y entidades sin ánimo de lucro), correspondientes a los últimos 9 meses y que hasta ahora no habían sido satisfechos. De esta forma, el Gobierno del Principado garantiza la integración profesional de colectivos con más dificultades.

Autorizado el pago de 1,2 millones a la atención de personas con discapacidad

El Consejo de Gobierno ha aprobado también el pago de los servicios de alojamiento y convivencia, de atención infantil temprana y de los centros de integración sociolaboral y el desarrollo personal correspondientes al mes de mayo de personas con discapacidad. El monto total asciende a 1.219.939 euros.

De esta manera se desbloquea el pago de los servicios a personas con discapacidad, cuyo retraso se produjo como consecuencia de la prórroga de los Presupuestos del Principado, los ajustes impuestos por el Gobierno de España para cumplir con el objetivo de déficit público y los reparos puestos por la Intervención General del Principado a la fórmula de abono. Los pagos de estos servicios se venían realizando por facturas mensuales y sin cobertura de contratación, lo que fue cuestionado desde la aprobación de la nueva ley de contratos.

El Gobierno del Principado seguirá solventando el abono de estas cantidades a personas discapacitadas hasta la entrada en vigor de la fórmula de contratación aprobada por la Consejería de Bienestar Social el pasado mes de julio, que permite la apertura de un proceso de adjudicación pública de estas plazas y que se prevé concluya en  octubre.