El Consejo de Gobierno aprueba el proyecto de Ley de Estancias Turísticas, que permitirá a los ayuntamientos cobrar de forma voluntaria entre 50 céntimos y 3 euros por persona y noche en temporada alta y Semana Santa, con un máximo de cinco pernoctaciones

Asturias acaba de abrir una nueva etapa en su modelo turístico. El Consejo de Gobierno del Principado ha aprobado hoy el proyecto de Ley de Estancias Turísticas, la norma que permitirá crear una tasa turística voluntaria para los ayuntamientos y que convertirá las pernoctaciones en alojamientos turísticos en una nueva vía de financiación municipal para cuidar, ordenar y sostener el destino.

La medida no será automática ni se aplicará por igual en toda Asturias. Cada concejo podrá decidir si implanta o no el recargo en función de su realidad turística, sus necesidades y su estrategia municipal. Pero el paso político ya está dado: el Gobierno asturiano quiere que quienes visiten el Principado contribuyan también, aunque sea con una cantidad limitada, al mantenimiento del territorio que disfrutan.

La tasa solo podrá cobrarse en los momentos de mayor presión turística: del 1 de junio al 30 de septiembre y durante los días centrales de Semana Santa. Además, se aplicará únicamente durante un máximo de cinco noches. Es decir, un turista que pase diez días en Asturias pagará, como mucho, por las cinco primeras pernoctaciones.

El importe oscilará entre los 50 céntimos y los 3 euros por persona y noche, según el tipo y la categoría del alojamiento. En la práctica, el máximo que podría pagar un visitante adulto sería de 15 euros por estancia, en el caso de alojarse cinco noches en un establecimiento sujeto a la tarifa superior.

“Corresponsabilidad” para cuidar Asturias

El Gobierno del Principado presenta la ley como una herramienta de equilibrio, no como una penalización al visitante. La vicepresidenta Gimena Llamedo ha defendido que la norma responde a una manera responsable de entender el turismo y a la necesidad de anticiparse a los desafíos de un sector que crece, que genera riqueza, pero que también exige más limpieza, movilidad, seguridad, conservación ambiental, servicios públicos y gestión municipal.

“Hablamos de corresponsabilidad, de convivencia entre visitantes y vecinos y de que quien nos visite nos ayude a cuidar nuestro Paraíso Natural sin que eso recaiga exclusivamente en los asturianos”, ha señalado Llamedo.

Ese es el núcleo político de la ley: Asturias quiere seguir creciendo como destino, pero sin repetir los errores de otros territorios donde el éxito turístico terminó chocando con la vida cotidiana de los residentes. El Principado insiste en que no existe una situación de masificación generalizada, pero defiende que precisamente por eso conviene actuar antes de que el problema sea irreversible.

La tasa nace así como una especie de seguro preventivo para el modelo turístico asturiano: pequeña en cuantía, limitada en el tiempo, voluntaria para los concejos y vinculada a fines concretos.

Cuánto se pagará

La ley establece una horquilla que varía según el alojamiento. Los importes más bajos se aplicarán a alojamientos de turismo rural, albergues y campings, con 50 céntimos por persona y noche. En pensiones, hoteles de menor categoría y áreas de autocaravanas, la cuantía será de 1 euro. En hoteles de tres estrellas o categoría equivalente, ascenderá a 1,5 euros. En hoteles de cuatro estrellas, apartamentos turísticos y viviendas vacacionales, la tarifa rondará los 2 euros. Las viviendas de uso turístico estarán gravadas con 2,5 euros. El tramo máximo, de 3 euros por persona y noche, se reserva para los alojamientos de mayor categoría y para determinadas estancias vinculadas a cruceros turísticos.

La clave, en cualquier caso, está en el límite de cinco noches. Ese tope reduce el impacto en estancias largas y evita que la tasa se dispare en vacaciones de una o dos semanas.

Ejemplos prácticos: lo que pagaría un visitante

Una pareja que pase cuatro noches en un hotel de cuatro estrellas de Gijón, Oviedo, Avilés, Llanes o Cangas de Onís pagaría 16 euros en total si el ayuntamiento correspondiente decide aplicar la tasa: 2 personas, 4 noches y 2 euros por noche.

Una familia con dos menores que se aloje cinco noches en una casa rural pagaría solo 5 euros, porque los menores están exentos y la tarifa rural es de 50 céntimos por persona adulta y noche.

Dos adultos que pasen una semana en una vivienda de uso turístico pagarían 25 euros en total, ya que solo computan cinco noches aunque la estancia sea de siete días: 2 personas, 5 noches y 2,5 euros.

Un viajero que se aloje cinco noches en un hotel de cinco estrellas superior abonaría el máximo previsto: 15 euros.

Dicho de otra manera: la tasa no cambiará por sí sola el presupuesto de unas vacaciones, pero sí introduce una idea nueva en Asturias: el visitante no solo consume el destino, también ayuda a conservarlo.

Quién no tendrá que pagar

La norma incluye un amplio catálogo de exenciones para evitar que el recargo afecte a situaciones sensibles o ajenas al ocio turístico.

No pagarán las personas menores de edad, las personas con discapacidad igual o superior al 65%, quienes viajen subvencionados por programas sociales de una administración pública de la Unión Europea, las estancias por causas de fuerza mayor debidamente justificadas, las personas que se desplacen por motivos de salud y sus acompañantes cuando acrediten la necesidad de recibir atención sanitaria en el sistema público asturiano, las estancias por estudios en todos los niveles del sistema educativo público hasta el tercer ciclo universitario, las vinculadas a investigación académica, las relacionadas con programas públicos de talento del Principado y las realizadas por deportistas federados que participen en competiciones oficiales.

La ley intenta así separar el turismo puro de otros desplazamientos necesarios, sociales, sanitarios, educativos o deportivos. No es lo mismo venir a pasar las vacaciones que desplazarse por una operación médica, una beca, una competición federada o un programa formativo.

En qué se podrá gastar el dinero

El proyecto fija un principio esencial: el dinero debe volver al territorio donde se genera la presión turística. Los recursos podrán destinarse a promoción e impulso del turismo sostenible, financiación de servicios públicos municipales afectados por la actividad turística y actuaciones relacionadas con vivienda pública.

Este último punto es especialmente relevante. El debate turístico en Asturias ya no se limita a hoteles, restaurantes y campañas de promoción. En los últimos años, la expansión de viviendas de uso turístico, los problemas de acceso a la vivienda en determinadas zonas y la presión puntual en concejos costeros o espacios naturales han cambiado el marco de discusión.

La tasa, por tanto, no se presenta solo como una herramienta turística, sino también como un mecanismo de convivencia. El mensaje del Gobierno es claro: si un municipio soporta más costes por recibir visitantes, debe tener margen para financiar servicios y compensar impactos.

Una ley voluntaria que puede crear un mapa desigual

El punto más delicado está en la voluntariedad. La tasa no será autonómica y obligatoria para todos los concejos, sino municipal y opcional. Eso significa que puede haber municipios vecinos con reglas distintas: uno con tasa y otro sin ella; uno con mayor presión turística que decida cobrar y otro que prefiera no hacerlo para mantener ventaja competitiva.

El Gobierno defiende que esta fórmula respeta la autonomía local y permite adaptar la medida a realidades muy distintas. No tienen las mismas necesidades un concejo costero con alta ocupación en verano, una ciudad que recibe congresos y grandes eventos, un municipio rural con turismo de naturaleza o un territorio de interior que busca atraer visitantes.

La patronal, sin embargo, ve precisamente ahí uno de los grandes riesgos: un mapa fragmentado, confuso para el visitante y difícil de gestionar para las empresas. El debate, por tanto, está servido. Y no será pequeño.

El sector turístico carga contra la medida

La tasa nace con la oposición frontal de buena parte del sector empresarial y hostelero. FADE y OTEA han reiterado su rechazo al considerar que se trata de un impuesto innecesario, aprobado en un momento delicado y que penaliza especialmente al alojamiento reglado.

Los empresarios sostienen que Asturias no está masificada, que el turismo ya genera ingresos fiscales a través del IVA y otros tributos, y que encarecer la estancia puede restar competitividad frente a otros destinos. También advierten de que el efecto no se limitaría al hotel o al alojamiento rural, sino que podría afectar a restaurantes, comercios, transporte, ocio y cultura.

El argumento del sector es sencillo: si el problema no es la masificación, la solución no debería ser un nuevo impuesto. El del Gobierno va en sentido contrario: si Asturias aún está a tiempo de evitar los efectos más duros del turismo desordenado, la herramienta debe ponerse en marcha antes de que sea tarde.

Entre ambos razonamientos se mueve ahora una de las grandes discusiones económicas y territoriales del Principado.

Asturias entra en el club de los territorios con tasa turística

La medida asturiana no surge en el vacío. Cataluña y Baleares llevan años aplicando figuras similares. Galicia ha habilitado también su propio marco para que los ayuntamientos puedan implantar recargos turísticos. El País Vasco avanza en una fórmula propia. Y cada vez más territorios debaten cómo hacer que el turismo contribuya de forma directa a financiar los servicios que utiliza o tensiona.

Asturias llega a ese debate con una propuesta moderada en cuantías, muy acotada en calendario y limitada a cinco noches. No es una tasa dura al estilo de otros destinos con mucha mayor presión turística. Pero sí supone un cambio de paradigma: el “Paraíso Natural” empieza a poner precio, aunque sea pequeño, al coste de conservarse.

Un sector clave para la economía asturiana

El turismo es ya una pieza central de la economía regional. Genera actividad, empleo, inversión y marca territorial. El último estudio de impacto económico del turismo en Asturias situaba la aportación del sector en torno al 9,5% del PIB asturiano y cerca del 11% del empleo. No estamos hablando de una actividad menor, sino de una de las palancas económicas del Principado.

Esa importancia explica también la intensidad del debate. Para el Gobierno, precisamente porque el turismo pesa cada vez más, necesita reglas que garanticen calidad, convivencia y sostenibilidad. Para los empresarios, precisamente porque el turismo es clave, no conviene cargarlo con más costes ni lanzar un mensaje que pueda interpretarse como rechazo al visitante.

La ley, en realidad, refleja un cambio de fondo: Asturias ya no discute solo cómo atraer turistas, sino cómo gestionar las consecuencias de haberlos atraído.

La tramitación parlamentaria será la próxima batalla

La aprobación del proyecto por el Consejo de Gobierno no significa que la tasa se cobre mañana. El texto inicia ahora su recorrido parlamentario en la Junta General del Principado, donde necesitará los apoyos suficientes para salir adelante.

La medida llega con rechazo del PP, Vox y Foro, y con el respaldo de los grupos que sostienen al Ejecutivo y de la diputada Covadonga Tomé, cuyo apoyo ha sido clave en la negociación política de esta figura. La aritmética parlamentaria, por tanto, será decisiva.

Si la ley se aprueba definitivamente, llegará después el turno de los ayuntamientos. Cada municipio tendrá que decidir si aplica o no la tasa y en qué términos dentro del marco fijado por la norma autonómica. Ahí se verá hasta qué punto los concejos turísticos quieren convertir esta herramienta en una fuente real de ingresos o prefieren no tocar el precio final de las estancias.

El gran debate: turismo sí, pero ¿a qué precio?

La tasa turística asturiana abre una conversación mucho más amplia que el pago de 50 céntimos, 2 euros o 3 euros por noche. La pregunta de fondo es otra: cómo quiere Asturias crecer como destino sin perder aquello que la hace distinta.

El turismo ha colocado al Principado en un momento de fortaleza. Hay más visitantes, más notoriedad, más eventos, más vuelos, más demanda y más interés por el paisaje, la gastronomía, los pueblos, la cultura y la naturaleza asturiana. Pero también hay más presión en determinados lugares, más tensión sobre la vivienda turística, más necesidad de servicios en temporada alta y más riesgo de que algunos concejos vivan un verano para el visitante y un invierno para nadie.

La ley aprobada hoy intenta responder a esa ecuación con una fórmula limitada, voluntaria y finalista. Sus defensores la ven como una herramienta sensata de corresponsabilidad. Sus detractores, como un impuesto innecesario que llega en mal momento. En medio quedan los ayuntamientos, los vecinos, los empresarios y los turistas.

Asturias ha construido durante décadas una de las marcas turísticas más poderosas de España: Paraíso Natural. Ahora el reto ya no es solo vender ese paraíso. Es conservarlo sin que la factura recaiga siempre en los mismos.