Asturias avanza en su Programa Anual de Control del Lobo con un dato que, según quién lo mire, sirve para aplaudir o para cargar munición política: 26 lobos muertos en lo que va de campaña, casi la mitad del objetivo fijado (53).
El balance actualizado distingue entre 17 ejemplares abatidos dentro de las acciones oficiales del plan y 9 muertes por otras causas (accidentes, atropellos, mortalidad natural o furtivismo). Una diferencia nada menor, porque explica por qué el debate no se limita a cuántos lobos han muerto, sino cómo y en qué contexto.
El plan asturiano, bajo presión por ambos lados
El programa impulsado por el Principado se diseñó para actuar sobre una población regional estimada en torno a 345 lobos, con el argumento de compatibilizar la conservación de la especie con la ganadería extensiva. Pero el ritmo de ejecución ha abierto dos frentes simultáneos:
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Organizaciones agrarias y ganaderos consideran que el control avanza demasiado despacio para frenar los ataques al ganado.
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Colectivos conservacionistas sostienen que el plan cruza líneas rojas y han llevado la gestión del lobo a los tribunales, denunciando una falta de base científica sólida y de garantías suficientes.
En medio, un factor incómodo: las muertes no controladas. Cada ejemplar hallado muerto fuera del programa oficial alimenta la idea de que el sistema no está logrando una gestión ordenada y agrava la tensión social.
El calendario que aprieta
Aunque en el debate público se habla a menudo de “hasta la primavera”, el programa se extiende hasta marzo de 2026. Eso convierte a los meses de otoño e invierno en decisivos: es cuando tradicionalmente resulta más eficaz el seguimiento del animal y la ejecución de controles.
En otras palabras: si el Principado quiere acercarse al cupo previsto, el grueso del trabajo se juega ahora.
El choque político: Madrid, las autonomías… y el informe que no llega
El conflicto va mucho más allá de Asturias. El verdadero nudo está en el informe sexenal sobre el estado del lobo en España, el documento que el Estado debe remitir a Bruselas y que condiciona el margen de actuación de las comunidades.
Desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico se mantiene que, pese al crecimiento de la especie, el lobo sigue en estado de conservación desfavorable. Las comunidades del norte, entre ellas Asturias, discrepan y reclaman una gestión adaptada a la realidad de cada territorio.
La Conferencia Sectorial de Medio Ambiente es el órgano que debe dar el visto bueno definitivo al informe antes de su envío a la Unión Europea. Y ahí está el problema: no hay consenso. El documento sigue pendiente, lo que mantiene a todas las administraciones en una especie de limbo jurídico y político.
Más manadas, mismo desacuerdo
El último censo nacional coordinado eleva a 333 las manadas de lobo en España, un 12% más que en el recuento anterior. Asturias concentra 45 manadas, de las que 33 son exclusivas y el resto compartidas con otras comunidades.
Con esos números, cada parte refuerza su relato:
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Para el Ministerio, crecer no equivale a estar en buen estado: la especie no habría alcanzado todavía un nivel que garantice su viabilidad a largo plazo.
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Para gobiernos autonómicos y sector ganadero, el aumento de manadas justifica mayor flexibilidad y controles más eficaces.
El frente judicial: el lobo, del Lespre a los tribunales
La polémica se intensificó cuando el lobo salió del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), lo que abrió la puerta a planes de control como el asturiano. Ese cambio normativo fue recurrido por el Defensor del Pueblo y el asunto ha llegado al Tribunal Constitucional, con varias comunidades personadas en el proceso.
Resultado: aunque los planes estén en marcha, su marco legal no está cerrado y cualquier resolución judicial o movimiento desde Bruselas puede alterar de nuevo el tablero.
La foto final: números, política y una pregunta incómoda
Asturias suma 26 lobos muertos y encara la segunda mitad del plan con el debate más encendido que nunca. Porque el futuro del lobo ya no se decide solo en el monte.
Se decide:
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En el campo, donde los daños al ganado siguen marcando la urgencia.
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En los tribunales, con recursos y resoluciones pendientes.
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En Bruselas, con un informe clave que aún no ha llegado.
Y mientras esas tres mesas sigan abiertas, cada lobo abatido —o hallado muerto— será algo más que un dato: será un nuevo capítulo de una guerra política, social y ambiental que está lejos de cerrarse.
