Menos prórrogas y más derechos  

Los gobiernos de España y de Asturias y los ayuntamientos deben acabar  cuanto antes con el sufrimiento de las miles de familias pendientes de  desahucio garantizando su derecho fundamental a un alojamiento digno e  incrementando urgentemente el parque de vivienda asequible.  

Oviedo, 15 de abril de 2021  

La Plataforma por el Derecho a la Vivienda en Asturias considera la prórroga de tres  meses de la suspensión de los desahucios anunciada esta mañana en el Congreso  por el Presidente del Gobierno de España absolutamente insuficiente para abordar la  situación de emergencia habitacional que sufre nuestra Comunidad Autónoma, con  miles de hogares incapaces de hacer frente al pago de sus alquileres. Si bien este  nuevo aplazamiento resulta un alivio momentáneo para las más de 3.200 familias que  viven en Asturias y cuyas demandas de desahucio se acumulan en los juzgados, el  sufrimiento por verse expulsadas de sus viviendas sólo terminará cuando los poderes  públicos responsables (Administración Central, Autonómica y ayuntamientos) hagan  efectivo su derecho a una vivienda digna recogido en la Constitución Española.  

La Plataforma exige al Gobierno y al Parlamento de España que aprueben con la  mayor urgencia una ley estatal que garantice la vivienda como un derecho subjetivo de  todas las personas, con idéntica consideración a los derechos fundamentales a la  salud o la educación, que regule el mercado del alquiler sobre la base de la  consideración de la vivienda como un bien de uso y no de mercado, y que establezca  mecanismos y recursos para facilitar el acceso de las familias en situación de  vulnerabilidad a las decenas de miles de viviendas vacías a cambio de un alquiler  asequible y proporcionado a sus ingresos, dando garantías a las personas propietarias  de viviendas desocupadas para que las pongan en alquiler, y movilizando aquellas  propiedad de entidades financieras, fondos buitre y otros grandes tenedores.  

Para la garantía de este derecho ha de priorizarse a las personas en situación de  exclusión residencial severa, esto es, las que viven en la calle o en condiciones  inhumanas de hacinamiento e infravivienda, como las jóvenes migrantes ex-tuteladas  una vez cumplida su mayoría de edad, las mujeres víctimas de trata o en contextos de  prostitución, personas con problemas de salud mental, adicciones y ex-reclusas  habilitando con urgencia recursos de primera acogida ante la saturación de los  existentes.