La declaración de emergencia climática debe ir de la mano de una Ley de Cambio Climático y Transición Energética con objetivos más ambiciosos y medidas que garanticen los cambios urgentes necesarios para no superar los 1,5 grados
Madrid.-Ante los anuncios efectuados hoy en el Consejo de Ministros, Greenpeace aplaude la voluntad del Gobierno de priorizar la emergencia climática en los primeros cien días y la adopción de políticas transversales para abordarla, pero demanda más ambición y urgencia en las medidas propuestas.
La declaración de emergencia climática debe garantizar los cambios urgentes y necesarios para no superar en 1,5 grados la temperatura global, en sectores claves como el energético, el transporte, el agrícola y el industrial y que tengan en cuenta el papel de los ecosistemas en la lucha contra el cambio climático. Greenpeace anima así al Ejecutivo a que haga real el compromiso alcanzado hoy en el Consejo de Ministros para impulsar la transformación del modelo industrial y del sector servicios, de modo que favorezcan la sostenibilidad de las actividades económicas y el empleo de calidad.
“Aplaudimos los anuncios hechos en el Consejo de Ministros que sitúan la emergencia climática como prioridad en la agenda política. Por ello, es ineludible y urgente que se apruebe una Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica y un Plan Nacional de Energía y Clima mucho más ambiciosos que los planteados hasta ahora y que, además, se les dote de procesos de participación pública efectiva”, ha declarado Mario Rodríguez, director ejecutivo de Greenpeace España.
La organización también considera que remitir al Parlamento el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética debería ser una prioridad en estos primeros cien días y valora que esta incluya otros sectores como el agrario, muy necesario para alcanzar la descarbonización. En este sentido, Greenpeace cree que es fundamental que se tengan en cuenta las demandas de las organizaciones ecologistas y sociales para que los objetivos climáticos estén en línea con las recomendaciones científicas y evitar los peores impactos del cambio climático.
La ley debe contemplar, entre otras cosas, la descarbonización completa de la economía (es decir, alcanzar un balance neto nulo entre las emisiones producidas por la actividad humana y la capacidad de absorción por los ecosistemas) en 2040, así como el objetivo de reducción de emisiones del 55% en 2030 respecto a 1990. Lo mismo debería ocurrir con el Plan Nacional Integrado de Clima y Energía (PNIEC), cuyo borrador -presentado por el Gobierno a Europa- sólo preveía la reducción del 20%. En este sentido, a día de hoy aún no se ha llevado a cabo el proceso de participación pública que establece la ley y ni siquiera se conoce el plan definitivo que tendría que haberse presentado a finales del año pasado.
Greenpeace valora de forma positiva la creación de una Asamblea Ciudadana del Cambio Climático y espera que sea paritaria e incluya al movimiento ecologista y demás movimientos sociales. Esta asamblea debería servir para articular los procesos de participación pública que exige la normativa europea, sin menoscabo de los órganos ya existentes. Además, Greenpeace considera que el resultado de estos procesos debe servir para incidir en las políticas climáticas.
Por último, Greenpeace apoya la necesidad de presentar el segundo Plan Nacional de Adaptación y reclama que se avance en medidas previas para evitar los peores impactos del cambio climático a través del valor ambiental de la naturaleza, poniendo en valor la conservación de la biodiversidad y de los espacios naturales protegidos.
