Asturias inicia la tramitación de la Ley de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales

 -   La normativa ordenará las prestaciones y modificará el salario social básico para agilizar su tramitación y adaptar la renta mínima a las nuevas necesidades

 -   El procedimiento de consulta previa estará operativo hasta el 7 de marzo en el Portal de Transparencia del Principado  

La Consejería de Servicios y Derechos Sociales ha iniciado hoy la tramitación administrativa de la Ley de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales, que persigue integrar y ordenar las prestaciones destinadas a cubrir las necesidades básicas de las personas en situación de vulnerabilidad para dar una respuesta más ágil y coordinada por parte de las distintas administraciones. Esta normativa, uno de los compromisos de legislatura del Gobierno de Asturias, plantea la consolidación y mejora del salario social básico, que se articulará por medio de un procedimiento más rápido, e incluirá nuevos complementos vitales, con el propósito de atender de manera diferenciada las necesidades en el ámbito de la infancia, la discapacidad o  la dependencia. 

En materia de vivienda, pretende garantizar el derecho a un hogar digno y adecuado, extendiendo a toda la población la posibilidad de acceder a un piso de titularidad pública o a las ayudas de la Administración para ese fin. También simplificará el procedimiento de concesión de apoyos económicos, que pasaría a ser directo, y adaptará la regulación relativa a las adjudicaciones de pisos por causa de emergencia social. El texto del anteproyecto se enmarca en la perspectiva de la inversión social de las prestaciones y servicios, que combina tres apartados: derechos vitales, inversión social y enfoque sobre capacidades.

Este planteamiento valora las posibilidades de desarrollo de la persona y actúa desde una perspectiva multidimensional. El procedimiento de consulta previa estará operativo en el Portal de Transparencia del Principado hasta el próximo 7 de marzo, concretamente en el siguiente enlace: https://goo.gl/miDRj8 

El proceso incluirá un periodo de información pública y, tras contar con todos los informes preceptivos - técnicos, jurídicos y del Consejo de Bienestar Social- el anteproyecto será aprobado por el Consejo de Gobierno y remitido a la Junta General, previsiblemente en abril.