El acuerdo anunciado en marzo para movilizar cerca de 400 viviendas públicas en Asturias continúa sin convertirse en realidad casi ocho meses después. El motivo ya ha salido a la luz: según la propuesta descrita por RTPA, Casa 47 conservaría el control de las adjudicaciones y los ingresos de los alquileres, mientras que el Principado tendría que asumir el mantenimiento y determinadas deudas. La vicepresidenta Gimena Llamedo reconoce que las discrepancias han paralizado las negociaciones. Entretanto, cientos de familias siguen buscando una vivienda a un precio que puedan pagar.
OVIEDO | Miércoles, 11 de noviembre de 2026
Cuatrocientas viviendas. Cuatrocientas posibles oportunidades de empezar una vida independiente, abandonar una habitación alquilada, dejar de compartir piso o encontrar un hogar donde criar a los hijos sin que el alquiler se lleve buena parte del sueldo.
Cuatrocientas viviendas que, casi ocho meses después de un anuncio oficial cargado de buenas intenciones, siguen pendientes de un acuerdo entre administraciones.
Y el problema no es únicamente burocrático. Es económico. Y tiene que ver con una pregunta tan sencilla como incómoda: ¿quién cobra los alquileres y quién paga las facturas?
El Ministerio de Vivienda y el Gobierno del Principado de Asturias no han conseguido cerrar el convenio necesario para gestionar cerca de 400 inmuebles de la entidad estatal Casa 47 y destinarlos progresivamente al alquiler asequible.
La vicepresidenta asturiana, Gimena Llamedo, ha reconocido públicamente que existen discrepancias sobre el modelo de gestión que impiden culminar el acuerdo.
La información, adelantada por RTPA este martes, revela un desacuerdo que va bastante más allá de una cuestión de competencias administrativas.
EL DESACUERDO: MADRID COBRARÍA LOS ALQUILERES Y ASTURIAS ASUMIRÍA GASTOS
Aquí está la clave de la noticia.
Según la propuesta explicada en la información difundida por RTPA, el Ministerio de Vivienda establecería las condiciones para adjudicar los inmuebles.
La sociedad estatal Casa 47 asumiría las adjudicaciones y recibiría los ingresos procedentes de los alquileres.
Por su parte, el Gobierno del Principado tendría que hacerse cargo de los gastos de mantenimiento y de determinadas deudas en los términos contemplados en la propuesta.
Es decir, tal como se ha descrito el modelo sobre la mesa: la administración estatal conservaría los ingresos de los arrendamientos, mientras que la autonómica asumiría obligaciones económicas relacionadas con los inmuebles.
Esa distribución de responsabilidades es uno de los principales obstáculos para cerrar el convenio.
El problema no es menor.
Gestionar una vivienda pública no consiste únicamente en entregar unas llaves y cobrar una mensualidad.
Los inmuebles necesitan conservación, reparaciones, atención a incidencias, gestión administrativa y, en determinados casos, inversiones para garantizar unas condiciones adecuadas de habitabilidad.
También deben establecerse mecanismos para afrontar posibles impagos y resolver las obligaciones que puedan surgir durante los contratos.
La cuestión que ahora enfrenta a ambas administraciones es quién debe responder de esos costes y bajo qué condiciones.
Por el momento, no se ha hecho público el texto íntegro de la propuesta de convenio ni una valoración económica detallada que permita calcular cuánto tendría que desembolsar el Principado.
MARZO: EL DÍA QUE SE ANUNCIÓ UNA SOLUCIÓN PARA 400 VIVIENDAS
Para comprender cómo se ha llegado a esta situación hay que retroceder al 19 de marzo de 2026.
Aquel día, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y el presidente del Principado, Adrián Barbón, protagonizaron en Oviedo la firma de un protocolo de colaboración.
También participaron el consejero asturiano de Vivienda, Ovidio Zapico, y la presidenta de Casa 47, Leire Iglesias.
El objetivo anunciado era incorporar progresivamente a las políticas de alquiler asequible cerca de 400 viviendas que la entidad estatal posee en Asturias.
Los inmuebles procedían del patrimonio de la Sareb y habían pasado a formar parte de Casa 47.
El Ministerio explicó entonces que la comunidad autónoma podría gestionar las viviendas mediante una cesión en usufructo, mientras la entidad estatal conservaría su titularidad.
La fórmula se presentó como una oportunidad para ampliar el parque de alquiler asequible aprovechando viviendas ya existentes.
Sin embargo, había un detalle fundamental.
Lo firmado aquel 19 de marzo no era el convenio definitivo. Era un protocolo previo.
Quedaba pendiente otro documento en el que debían establecerse las condiciones concretas de la colaboración.
Entre ellas, las responsabilidades económicas, las necesidades de rehabilitación, el precio de los alquileres, la duración de las cesiones y los criterios para acceder a las viviendas.
En otras palabras, marzo dejó un compromiso político, pero no un mecanismo completo para entregar las llaves a los futuros inquilinos.
MAYO: EL PRINCIPADO ANUNCIÓ QUE EL CONVENIO LLEGARÍA EN LAS PRÓXIMAS SEMANAS
El 27 de mayo, durante una intervención parlamentaria, el consejero de Vivienda, Ovidio Zapico, volvió a referirse al proyecto.
Según la información oficial del Gobierno asturiano, el protocolo permitiría analizar la viabilidad técnica, económica y jurídica del modelo de gestión.
También contemplaba la identificación de los inmuebles susceptibles de incorporarse al parque autonómico.
El Principado anunció entonces que el convenio operativo podría firmarse en las próximas semanas.
Pero aquellas semanas pasaron.
Llegó el verano.
Terminó septiembre.
Concluyó octubre.
Y el acuerdo seguía sin materializarse.
Ahora, en noviembre, las declaraciones de Gimena Llamedo permiten conocer que las discrepancias sobre el reparto de responsabilidades han terminado paralizando las negociaciones.
La vicepresidenta también ha explicado que el proceso negociador se vio afectado por el fallecimiento del secretario de Estado de Vivienda.
En cualquier caso, la situación actual es que no existe un convenio operativo cerrado para desplegar el programa de las cerca de 400 viviendas anunciado en marzo.
¿DÓNDE ESTÁN ESAS 400 VIVIENDAS?
Esta es una de las preguntas más importantes para los ciudadanos.
El Gobierno central habló de cerca de 400 inmuebles de Casa 47 en territorio asturiano.
Pero todavía no se ha publicado, en la documentación consultada para esta información, un inventario completo que permita conocer su distribución por concejos.
Tampoco se dispone de un desglose público suficiente que identifique cuántos inmuebles están ocupados, cuántos se encuentran vacíos, cuáles necesitan rehabilitación y cuáles podrían incorporarse más rápidamente al alquiler asequible.
Y esas diferencias son fundamentales.
Una vivienda vacía y en buenas condiciones podría requerir actuaciones administrativas relativamente limitadas antes de ponerse en alquiler.
Un inmueble deteriorado puede necesitar inversiones importantes.
Una vivienda ocupada o sometida a circunstancias jurídicas especiales requiere un tratamiento completamente distinto.
Por tanto, hablar de 400 viviendas no equivale a afirmar que existan 400 pisos terminados, vacíos y preparados para recibir inquilinos de inmediato.
La cifra representa el volumen aproximado que ambas administraciones pretendían movilizar progresivamente.
Sin conocer su situación individual, resulta imposible calcular cuánto tiempo sería necesario para ponerlos a disposición de la ciudadanía.
¿CUÁNTO COSTARÍAN LOS ALQUILERES?
Otra cuestión todavía sin resolver es el precio que pagarían los futuros inquilinos.
El protocolo firmado en marzo establecía que un convenio posterior determinaría las condiciones económicas del alquiler y los requisitos de acceso.
Por tanto, no existe todavía una tarifa general aprobada para este conjunto de aproximadamente 400 viviendas.
Lo que sí sabemos es que Casa 47 ya está desarrollando otras convocatorias de alquiler asequible en España y en Asturias.
Y aquí aparece una diferencia que conviene explicar.
CASA 47 YA OFRECE SIETE VIVIENDAS EN GIJÓN Y ALLER: NO SON LA MISMA CONVOCATORIA
Mientras continúa sin cerrarse el convenio de las 400 viviendas, Casa 47 abrió el pasado 6 de noviembre una nueva convocatoria estatal para adjudicar 442 inmuebles en seis comunidades autónomas.
Asturias participa con siete viviendas situadas en Gijón y Aller.
Los alquileres anunciados oscilan entre 350 y 773 euros mensuales.
Las superficies de los inmuebles van de 33 a 91 metros cuadrados.
El plazo para solicitar estas viviendas permanecerá abierto hasta el 26 de noviembre.
Los interesados deben realizar su solicitud a través del portal oficial de Casa 47.
La convocatoria establece, entre otras condiciones, no disponer de una vivienda en propiedad y contar con ingresos dentro de los límites previstos.
También contempla contratos de larga duración y un procedimiento de asignación mediante sorteo ante notario.
Estas siete viviendas pertenecen a una convocatoria independiente y no deben confundirse con el conjunto de aproximadamente 400 inmuebles pendientes del acuerdo entre el Ministerio y el Principado.
La distinción es importante para evitar crear falsas expectativas entre quienes buscan alojamiento.
MIERES YA HA DEMOSTRADO LA ENORME DEMANDA QUE EXISTE
La presión sobre el mercado del alquiler en Asturias quedó reflejada en una experiencia anterior de Casa 47.
La entidad estatal puso en marcha una convocatoria piloto para 37 viviendas en Mieres.
Aquellos pisos tenían una superficie media de 71 metros cuadrados y un alquiler medio anunciado de 416 euros mensuales.
El programa despertó un interés extraordinario.
Según los datos difundidos por RTPA en marzo, cuando finalizó el plazo de solicitudes se habían presentado 443 peticiones.
Más de once solicitudes por cada vivienda disponible.
La proporción permite comprender hasta qué punto existe una demanda de alquiler asequible que supera ampliamente la oferta de determinadas convocatorias públicas.
Conviene precisar que esas cifras corresponden al programa piloto de Mieres, no al futuro convenio de las 400 viviendas.
Pero sirven para ilustrar una realidad: cuando aparecen pisos con alquileres relativamente contenidos, la respuesta ciudadana puede ser masiva.
EL PP ACUSA AL GOBIERNO DE MUCHA PALABRERÍA Y POCA ACCIÓN
El desacuerdo entre administraciones también ha abierto un nuevo frente político.
El Partido Popular ha criticado la falta de resultados después de los anuncios realizados durante los últimos meses.
En la información difundida por RTPA, los populares reprochan al Gobierno una política de vivienda caracterizada, a su juicio, por una sucesión de anuncios sin suficiente ejecución.
Las críticas llegan en un momento especialmente sensible para las políticas de vivienda del Principado.
El Ejecutivo asturiano defiende la ampliación del parque público como una de sus prioridades, mientras la oposición exige resultados concretos y plazos verificables.
La polémica tiene, además, una dimensión institucional.
El Ministerio y el Principado comparten el objetivo declarado de facilitar el acceso al alquiler asequible.
Sin embargo, todavía no han conseguido establecer un reparto de responsabilidades aceptable para ambas partes.
CINCO PREGUNTAS QUE LOS DOS GOBIERNOS DEBEN RESPONDER
Más allá del intercambio de declaraciones, existen cuestiones concretas que afectan directamente a los ciudadanos.
1. ¿Dónde están las viviendas?
Es necesario conocer cuántos inmuebles forman parte de la operación y en qué concejos se encuentran.
2. ¿Cuántos podrían ponerse en alquiler sin grandes obras?
No es lo mismo disponer de viviendas habitables que de inmuebles pendientes de rehabilitación.
3. ¿Quién pagará las reparaciones, el mantenimiento y las posibles deudas?
Esta es precisamente una de las cuestiones centrales del desacuerdo.
4. ¿Quién decidirá qué familias pueden acceder a ellas y cuánto pagarán?
El modelo de adjudicación y las condiciones económicas todavía necesitan una definición contractual.
5. ¿Cuándo podrán presentarse las solicitudes?
Sin convenio operativo ni calendario de incorporación de los inmuebles, no existe una fecha general anunciada para que los ciudadanos soliciten estas viviendas.
Las respuestas permitirían determinar si el acuerdo está próximo o si todavía quedan obstáculos económicos y administrativos importantes.
OCHO MESES DESPUÉS, LA VIVIENDA SIGUE ESPERANDO
El problema de la vivienda en Asturias no se resolverá únicamente mediante protocolos, declaraciones de intenciones o fotografías institucionales.
La colaboración entre administraciones puede ser imprescindible para movilizar inmuebles públicos, pero sus resultados deben poder medirse.
En marzo se anunció una operación que podía contribuir a ampliar la oferta de alquiler asequible en el Principado.
En mayo se habló de cerrar el convenio durante las siguientes semanas.
En noviembre, las discrepancias sobre quién administra, quién cobra y quién asume los gastos continúan impidiendo alcanzar el acuerdo definitivo.
No sabemos cuántas de esas aproximadamente 400 viviendas están listas para alquilarse. Tampoco cuánto costaría ponerlas en funcionamiento ni cuándo podrían adjudicarse.
Y precisamente por eso resulta necesario exigir transparencia a las dos administraciones.
La vivienda es uno de los principales problemas que afrontan muchas familias asturianas.
Para quienes destinan una parte excesiva de sus ingresos al alquiler, quienes intentan independizarse o quienes llevan meses buscando una casa asequible, la diferencia entre un protocolo firmado y un contrato de arrendamiento es enorme.
El primero se anuncia en una rueda de prensa. El segundo permite entrar a vivir.
Casi ocho meses después de la firma de marzo, las cerca de 400 viviendas siguen pendientes de que el Ministerio y el Principado resuelvan sus diferencias.
Y mientras ambas administraciones discuten quién cobra los alquileres y quién paga los gastos, los ciudadanos siguen esperando una respuesta mucho más sencilla:
¿Cuándo estarán disponibles las viviendas?
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