Incautadas en Venezuela 6,7 toneladas de cocaína que iban a ser trasladadas a España

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acuartelamientos militares, uno en Zaragoza y otro en Murcia, a dos hermanos, un Sargento 1º del Ejército de Tierra y un Cabo 1º del Ejército del Aire, como presuntos autores de un delito de Revelación de Secretos o informaciones Relativas a la Seguridad Nacional. Los ahora detenidos facilitaron a un medio de comunicación español las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad de la base de Qala i Naw momentos después del atentado cometido el 25 de agosto de 2010, en el que fallecieron un Capitán y un Alférez de la Guardia Civil, así como un intérprete. También se facilitaron las imágenes grabadas durante los disturbios que se produjeron en las inmediaciones de la base a raíz del atentado.

 

Las investigaciones se iniciaron en noviembre de 2010, tras ordenar el Juzgado Togado Militar núm. 12 de Madrid a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, una investigación para averiguar la identidad de las personas que pudieran haber facilitado o comercializado a medios de comunicación las imágenes grabadas de la base de Qala i Naw (Afganistán) tras el atentado.

 

Durante la compleja investigación llevada a cabo, el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil pudo determinar los sistemas empleados en la grabación de las imágenes, copias realizadas, etc., mientras que los investigadores de la UCO averiguaron a través de decenas de tomas de declaración y otras investigaciones, la identidad del personal militar y civil de la base, que pudiera haber tenido acceso a dichas imágenes.

 

A través de las gestiones practicadas, las sospechas se centraron en los dos militares ahora detenidos, que habían tenido acceso en días posteriores al atentado a la totalidad de las imágenes difundidas y, a su vez, habrían mantenido diversos contactos posteriores con personas relacionadas con los medios de comunicación difusores de las imágenes.

 

Durante el operativo se han practicado dos registros en los domicilios de los detenidos, interviniéndose diversos archivos informáticos que en la actualidad están siendo analizados.

 

La investigación dirigida por el Juzgado Togado Militar núm. 12 de Madrid, que ha decretado el secreto de las actuaciones, ha sido llevada a cabo por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, en colaboración con diferentes departamentos del Ministerio de Defensa.


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