El líder independentista revela en una explosiva entrevista con El Mundo los entresijos de las negociaciones que permitieron la investidura de Pedro Sánchez. Asegura que el PSOE aceptó exigencias que antes consideraba inasumibles, describe al presidente como una persona «amoral» y reconoce que Junts calculó cuidadosamente hasta dónde podía presionarlo sin hacer saltar el acuerdo. Tres años después, las declaraciones reabren una pregunta incómoda para el Gobierno: ¿hasta dónde estuvo dispuesto a llegar Sánchez para conservar el poder?
Jueves, 19 de noviembre de 2026
Hay entrevistas que sirven para conocer a un político. Y hay otras que permiten asomarse al interior de negociaciones que marcaron el rumbo de un país.
La que publica este jueves El Mundo, firmada por el periodista Esteban Urreiztieta, pertenece a esta segunda categoría.
Desde su residencia en Waterloo, Carles Puigdemont ha decidido contar cómo vivió las negociaciones con Pedro Sánchez que hicieron posible la investidura socialista de noviembre de 2023.
Y lo que cuenta resulta particularmente comprometedor para el presidente del Gobierno.
No porque revele únicamente la existencia de pactos con el independentismo, algo conocido desde hace tres años, sino porque describe la relación entre ambas partes como una negociación en la que Junts supo aprovechar la necesidad de Sánchez de reunir los votos indispensables para mantenerse en La Moncloa.
La frase que encabeza la entrevista resume la interpretación del propio Puigdemont:
«Aproveché la ambición desmedida de Sánchez para derrotar a España».
Es una declaración de enorme dureza política.
El dirigente independentista presenta su actuación como una victoria estratégica frente al Estado español y sitúa la ambición personal de Sánchez en el centro de aquella negociación.
Conviene subrayarlo desde el principio: esa es la versión de Puigdemont, no una constatación independiente de cuáles eran las motivaciones íntimas del presidente.
Pero procede de uno de los protagonistas directos de aquellos acuerdos. Y eso le confiere un indudable interés periodístico.
El hombre que necesitaba siete votos y el político que sabía que los tenía
Para comprender la trascendencia de estas declaraciones hay que volver a las elecciones generales del 23 de julio de 2023.
El Partido Popular ganó aquellos comicios, pero Alberto Núñez Feijóo no consiguió reunir los apoyos parlamentarios necesarios para ser investido presidente.
Pedro Sánchez sí logró articular una mayoría alternativa.
Para conseguirlo necesitaba, entre otros respaldos, los siete diputados de Junts per Catalunya.
Aquellos siete escaños colocaron a Puigdemont en una posición negociadora excepcional.
El expresidente catalán, instalado en Bélgica desde 2017, se convirtió en una pieza imprescindible para la continuidad del Gobierno socialista.
Las conversaciones desembocaron en un acuerdo político que incluía una ley de amnistía para los implicados en el proceso independentista catalán.
La amnistía era una medida que el PSOE había rechazado anteriormente y que terminó defendiendo como instrumento para superar el conflicto político de Cataluña.
El Gobierno sostuvo que aquella decisión respondía a la necesidad de normalizar las relaciones institucionales y avanzar en la convivencia.
Puigdemont ofrece ahora una interpretación muy diferente de lo sucedido.
Según su relato, Junts identificó la necesidad parlamentaria del PSOE y utilizó esa circunstancia para conseguir compromisos que, en otras condiciones, habrían resultado mucho más difíciles de obtener.
La pregunta que deja abierta su testimonio no es si hubo una negociación política. La hubo. Es hasta qué punto la necesidad de alcanzar la investidura condicionó el contenido de las concesiones.
La amnistía: de lo que parecía imposible a convertirse en realidad
Uno de los aspectos más relevantes de la entrevista es la sorpresa que Puigdemont manifiesta ante la disposición del PSOE a aceptar determinadas exigencias.
Entre ellas, la amnistía.
Durante años, los dirigentes socialistas habían sostenido que una medida de esas características no tenía encaje en el ordenamiento constitucional.
Después de las elecciones de 2023, esa posición cambió.
El acuerdo de investidura incorporó la amnistía, que posteriormente fue aprobada por las Cortes Generales.
Sánchez defendió ese cambio como una decisión política orientada a resolver una crisis territorial prolongada.
De hecho, en una entrevista concedida el pasado 13 de noviembre al programa de Jordi Wild, reconoció expresamente su evolución de criterio y situó el origen de esa transformación en experiencias personales y políticas posteriores a los acontecimientos de 2017.
Esa es la explicación del presidente.
La de Puigdemont, tal como la expone ahora, pone el acento en la necesidad de Sánchez de obtener los votos de Junts.
Ambas interpretaciones pueden coexistir parcialmente, pero responden a relatos políticos diferentes.
Una presenta la amnistía como una apuesta por la reconciliación.
La otra la reivindica como una conquista obtenida gracias a una posición de fuerza negociadora.
Lo que resulta indiscutible es la secuencia temporal: el PSOE pasó de rechazar la amnistía a pactarla cuando necesitó los votos independentistas para la investidura.
La entrevista vuelve a colocar esa contradicción en primer plano.
«Una persona amoral»: el retrato que Puigdemont hace de Sánchez
El momento más personal de las declaraciones llega cuando Puigdemont describe al presidente del Gobierno como una persona «amoral» y le atribuye una ambición desmedida por el poder.
No es una crítica a una medida concreta.
Es una descalificación política dirigida al carácter del jefe del Ejecutivo.
Que proceda de quien facilitó su investidura añade una dimensión singular al enfrentamiento.
Durante una parte importante de la legislatura, PSOE y Junts mantuvieron una relación parlamentaria basada en acuerdos y negociaciones sucesivas.
Ahora, uno de los protagonistas de aquella relación describe al otro con términos extraordinariamente severos.
Sin embargo, la dureza de una acusación no demuestra por sí misma su veracidad.
Puigdemont tiene también intereses políticos propios, una relación deteriorada con el PSOE y una campaña electoral en la que sus declaraciones adquieren especial repercusión.
Su testimonio debe analizarse teniendo presente ese contexto.
Lo verdaderamente significativo es que quien negoció con Sánchez desde una posición decisiva sostiene públicamente que la ambición de poder del presidente facilitó sus objetivos políticos.
Es una acusación política de primer orden.
Y una que el Gobierno tendrá que confrontar con su propia explicación de aquellos acuerdos.
La confesión más reveladora: Puigdemont sabía hasta dónde podía presionar
Hay otro pasaje de la entrevista que merece especial atención.
Puigdemont reconoce que Junts no llegó a presentar un ultimátum definitivo que reuniera dos de sus grandes reivindicaciones: el concierto económico y un referéndum de autodeterminación.
¿La razón?
Según su explicación, semejante exigencia habría proporcionado a Sánchez una justificación para abandonar las negociaciones ante su propio electorado.
La revelación resulta importante porque muestra cómo el independentismo calculaba los límites políticos del acuerdo.
No se trataba simplemente de presentar una lista de demandas y esperar una respuesta.
Junts valoraba cuáles podían ser aceptadas, cuáles podían provocar una ruptura y qué consecuencias tendría cada movimiento.
Puigdemont admite, en definitiva, que su partido también administró cuidadosamente la presión para no perder una oportunidad de negociación que consideraba excepcional.
Esa constatación introduce un matiz fundamental.
El PSOE necesitaba los votos de Junts, pero el independentismo también tenía motivos para preservar una negociación capaz de proporcionarle resultados.
La relación no fue una imposición unilateral.
Fue una negociación entre dos actores con objetivos distintos y capacidad para perjudicarse mutuamente.
Y esa dependencia recíproca ayuda a explicar tanto los acuerdos iniciales como los enfrentamientos posteriores.
La batalla por la Fiscalía y los límites de la separación de poderes
Otro de los pasajes más delicados de la entrevista se refiere a la aplicación de la amnistía y al papel de la Fiscalía.
Puigdemont recupera una conocida afirmación realizada años atrás por Sánchez sobre la dependencia de la Fiscalía y la utiliza para reclamar coherencia entre la posición política del Gobierno y la actuación del Ministerio Fiscal.
El dirigente independentista sostiene que, aprobada una ley, las instituciones deben actuar conforme a ella.
Pero existe una diferencia jurídica esencial entre defender la aplicación de una norma y pretender que el Ejecutivo determine cómo debe interpretar un caso concreto la Fiscalía.
La Fiscalía tiene encomendada la defensa de la legalidad y actúa conforme a los principios constitucionales de legalidad e imparcialidad, dentro de su estructura jerárquica.
La aplicación judicial de la amnistía corresponde a los órganos jurisdiccionales competentes.
Por tanto, las palabras de Puigdemont no acreditan que Sánchez impartiera instrucciones ilegales ni que existiera una intervención efectiva del Gobierno en una resolución judicial.
Sí revelan, en cambio, hasta qué punto la actuación de las instituciones judiciales y fiscales ha formado parte de las tensiones políticas posteriores al pacto.
La cuestión de fondo es especialmente sensible: dónde termina la negociación política y dónde comienzan las decisiones que deben adoptarse con independencia de los intereses del Gobierno y de sus socios parlamentarios.
Trece acuerdos y una relación que terminó entre reproches
La entrevista no presenta únicamente a un Puigdemont satisfecho con lo conseguido.
También aparece un dirigente profundamente crítico con los compromisos que, según sostiene, el PSOE no cumplió.
Junts reprocha al Gobierno el incumplimiento de buena parte de los trece acuerdos que identifica entre los compromisos de legislatura y el denominado Acuerdo de Bruselas.
Entre las materias discutidas figuran el reconocimiento nacional de Cataluña, la oficialidad del catalán en las instituciones europeas, distintas competencias y el desarrollo de los compromisos políticos sobre la cuestión territorial.
La oficialidad del catalán en la Unión Europea constituye un ejemplo significativo de las dificultades.
El Gobierno español impulsó la propuesta, pero esta no obtuvo el consenso necesario entre los Estados miembros.
Para Junts, los resultados fueron insuficientes.
Para el Ejecutivo, el hecho de que una decisión dependa de otros países supone una limitación objetiva que no puede ignorarse.
La diferencia importa.
No todos los compromisos incumplidos responden necesariamente a una negativa del Gobierno: algunos dependen de procedimientos, mayorías o instituciones sobre los que España no tiene capacidad de decisión unilateral.
En otras materias, sin embargo, la responsabilidad política de impulsar las medidas sí corresponde directamente al Ejecutivo.
La entrevista vuelve a poner de manifiesto esa distancia entre las expectativas creadas durante la negociación y los resultados obtenidos.
El referéndum que estuvo sobre la mesa
Puigdemont confirma también que su partido planteó crear las condiciones para abordar un referéndum de independencia y autodeterminación en Cataluña.
El expresidente sostiene que esa posibilidad tendría encaje constitucional.
Se trata de su interpretación política y jurídica, no de una conclusión compartida por todas las instituciones o fuerzas políticas.
El Gobierno ha defendido durante la legislatura el diálogo político dentro del marco constitucional, sin asumir públicamente la convocatoria de un referéndum unilateral de independencia.
La relevancia de la declaración reside en que confirma la amplitud de los objetivos con los que Junts acudió a las conversaciones.
La amnistía no constituía el final de sus aspiraciones.
Era parte de una agenda política más extensa, que incluía competencias, reconocimiento institucional y la cuestión de la soberanía catalana.
De ahí que la negociación de 2023 no pueda entenderse únicamente como un acuerdo puntual para obtener una investidura.
Abrió una relación parlamentaria en la que coexistieron propuestas sobre la organización territorial del Estado, compromisos económicos y decisiones legislativas.
Y esa relación terminó sometida a fuertes tensiones por las diferencias entre lo pactado, lo interpretado por cada parte y lo que finalmente pudo aprobarse.
De Waterloo a las urnas: por qué Puigdemont habla precisamente ahora
La fecha elegida para publicar estas declaraciones no puede separarse del calendario político.
Estamos a jueves 19 de noviembre.
Quedan diez días para las elecciones generales del 29 de noviembre.
Y hoy está previsto el debate cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo.
La entrevista aparece, por tanto, en un momento en el que los acuerdos con el independentismo forman parte de la discusión política nacional.
Puigdemont también atraviesa una etapa decisiva.
El líder de Junts contempla su regreso a Cataluña después de los procedimientos judiciales relacionados con la aplicación de la amnistía.
Según lo publicado, descarta regresar durante la campaña electoral y sitúa diciembre como una posibilidad, sin comprometer una fecha definitiva.
Su entrevista cumple varias funciones políticas.
Le permite reivindicar los resultados conseguidos por Junts, justificar su posición ante sus propios seguidores y explicar las razones del deterioro de su relación con el PSOE.
También le permite intervenir en el debate nacional sin ser candidato a la presidencia del Gobierno.
Lo que no puede establecerse únicamente a partir de sus declaraciones es qué repercusión electoral tendrán.
Su contenido es relevante por sí mismo, con independencia de cómo termine interpretándolo el electorado.
La contradicción que Sánchez tendrá que explicar
La entrevista sitúa nuevamente en el centro del debate una de las cuestiones que han acompañado al presidente durante toda la legislatura.
Pedro Sánchez defendió inicialmente que determinadas concesiones al independentismo no eran posibles.
Después, su Gobierno impulsó algunas de ellas.
La explicación socialista ha sido que las circunstancias políticas cambiaron y que las medidas respondían a una estrategia de convivencia, diálogo y superación del conflicto catalán.
Puigdemont contrapone ahora una versión en la que la necesidad de poder del presidente desempeña un papel decisivo.
El contraste merece un análisis riguroso.
Porque la negociación parlamentaria es una práctica legítima dentro de una democracia.
Los gobiernos minoritarios necesitan alcanzar acuerdos y asumir compromisos con otras fuerzas políticas.
Pero la legitimidad de negociar no elimina la obligación de explicar los cambios de posición, justificar las concesiones y rendir cuentas de los compromisos alcanzados.
La pregunta no es si Sánchez tenía derecho a negociar con Junts. Lo tenía. La pregunta es si explicó con suficiente transparencia a los ciudadanos las razones, las condiciones y las consecuencias de aquel pacto.
Y la entrevista añade otra cuestión: ¿coincidía realmente la interpretación que el PSOE hacía de los acuerdos con la que defendía Puigdemont?
Los reproches actuales indican que, al menos en aspectos fundamentales, ambas partes mantuvieron expectativas diferentes.
La lección de una negociación que cambió la política española
Tres años después de la investidura, el relato de Carles Puigdemont obliga a revisar uno de los episodios más determinantes de la política reciente.
Un dirigente independentista, cuyos siete diputados resultaban imprescindibles para formar Gobierno, asegura que utilizó esa posición para obtener concesiones que consideraba inalcanzables en otras circunstancias.
El presidente socialista defendió esos acuerdos como instrumentos para mejorar la convivencia y dar estabilidad institucional al país.
La distancia entre ambas versiones constituye el núcleo de la controversia.
La entrevista no demuestra que todas las decisiones adoptadas por Sánchez respondieran exclusivamente a su ambición personal.
Tampoco permite dar por acreditadas las acusaciones de Puigdemont sobre sus motivaciones o su conducta.
Pero sí ofrece un testimonio directo sobre cómo uno de los actores fundamentales de aquella investidura entendió la negociación y cuáles eran sus objetivos.
Y ese testimonio resulta especialmente significativo porque no procede de un adversario que permaneciera al margen de los acuerdos.
Procede de quien los negoció, obtuvo compromisos y facilitó con sus diputados la continuidad del Ejecutivo.
Lo más incómodo para Sánchez no es que Puigdemont lo critique. Es que el dirigente independentista reivindique públicamente haber utilizado su necesidad de apoyo parlamentario para avanzar en una agenda política que el PSOE había rechazado anteriormente.
El presidente puede defender que sus decisiones contribuyeron a la normalización de Cataluña.
Puigdemont puede reivindicarlas como una victoria del independentismo.
Corresponde a los ciudadanos valorar ambas interpretaciones.
Lo que el debate democrático exige es que las decisiones, los acuerdos y sus consecuencias puedan examinarse sin ocultaciones ni versiones incompatibles con los hechos.
A diez días de las elecciones, la exclusiva de El Mundo devuelve a primer plano las preguntas que acompañan a Pedro Sánchez desde noviembre de 2023.
Qué se negoció, qué se prometió, qué se cumplió y por qué se aceptaron compromisos que antes se rechazaban.
Puigdemont ha contado su versión.
Ahora queda contrastarla con los hechos y con las explicaciones de quienes estaban al otro lado de la mesa.

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