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Piedras, amenazas y políticos escoltados: las imágenes que Euskadi creía haber dejado atrás regresan a la campaña electoral

Piedras, amenazas y políticos escoltados: las imágenes que Euskadi creía haber dejado atrás regresan a la campaña electoralPolítica
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Las agresiones al joven candidato del PP por Gipuzkoa, Jon Echeverría, los ataques contra militantes en Barakaldo y las protestas que obligaron a proteger a Feijóo en Eibar reabren una herida especialmente sensible en la sociedad vasca. Quince años después del final de la violencia terrorista de ETA, una sucesión de incidentes plantea preguntas incómodas sobre la convivencia, la radicalización de determinados grupos juveniles y los límites de la confrontación política. ¿Qué está ocurriendo realmente, quiénes protagonizan estos episodios y por qué reaparecen ahora?

18 de noviembre de 2026

Hay imágenes que en Euskadi tienen un significado distinto al que podrían tener en cualquier otro lugar de España.

Un político que necesita protección policial para abandonar una plaza. Un grupo de encapuchados que impide celebrar un acto electoral. Piedras, petardos y huevos lanzados contra quienes intentan instalar una mesa informativa. Gritos que ordenan a un partido marcharse de una localidad.

No son imágenes desconocidas para quienes vivieron los años más difíciles del terrorismo y la violencia callejera.

Por eso, cuando el pasado sábado 14 de noviembre una concentración de alrededor de 200 personas impidió que el Partido Popular celebrase un acto electoral en Hernani, la noticia adquirió una dimensión que trascendía la agresión concreta.

Jon Echeverría, un candidato de apenas 22 años, tuvo que abandonar el lugar protegido por agentes de la Ertzaintza.

Tres días después, Alberto Núñez Feijóo acudió personalmente a Gipuzkoa para respaldarlo.

Y también fue recibido entre abucheos, insultos y consignas contra su partido.

El episodio de Eibar terminó sin agresiones físicas y el mitin pudo celebrarse, pero el dispositivo policial desplegado y la tensión ambiental evidenciaron hasta qué punto la seguridad se había convertido en protagonista de la campaña.

Son hechos especialmente relevantes en una comunidad que ha realizado un enorme esfuerzo durante los últimos quince años para superar las consecuencias de décadas de terrorismo.

La pregunta no es si ETA ha vuelto. ETA desapareció como organización terrorista. La pregunta es por qué determinadas formas de intimidación política siguen apareciendo en las calles vascas.

Y para intentar responderla hay que examinar los acontecimientos de las últimas semanas, sus protagonistas y el contexto político en el que se producen.

Hernani, sábado 14 de noviembre: una mesa electoral que nunca llegó a instalarse

Todo ocurrió alrededor de las once de la mañana.

El Partido Popular había previsto instalar una mesa informativa en la plaza de los Tilos de Hernani, una localidad guipuzcoana con una larga tradición de apoyo electoral a la izquierda abertzale.

Al frente de la delegación estaba Jon Echeverría, cabeza de lista del PP al Congreso por Gipuzkoa.

El joven candidato había sido designado para encabezar una candidatura con la que los populares aspiran a recuperar representación parlamentaria por esta circunscripción.

Pero la actividad electoral no llegó a desarrollarse.

Según la reconstrucción publicada por la Agencia EFE, los militantes populares se encontraron con un grupo de aproximadamente 200 personas, algunas encapuchadas, que comenzaron a increparlos.

Se escucharon consignas en euskera exigiendo que abandonaran el lugar.

Después llegaron los lanzamientos de huevos, petardos y piedras.

Los integrantes del PP tuvieron que retirarse con protección policial.

La Ertzaintza abrió una investigación sobre lo sucedido.

El incidente no dejó heridos, pero impidió la celebración de una actividad electoral legalmente convocada.

Ese es el dato central.

Una cosa es manifestarse contra las ideas de un partido.

Otra muy distinta es impedir mediante la intimidación y el lanzamiento de objetos que pueda desarrollar su campaña.

La diferencia no es una cuestión ideológica.

Es una frontera básica del funcionamiento democrático.

Jon Echeverría, 22 años: un candidato que no vivió los años de plomo

Hay un elemento generacional particularmente significativo en esta historia.

Jon Echeverría tiene 22 años.

Nació cuando ETA todavía estaba activa, pero era un niño cuando la organización anunció el cese definitivo de su actividad armada en octubre de 2011.

Su experiencia política pertenece fundamentalmente a una Euskadi posterior al terrorismo.

Una sociedad en la que los partidos antes amenazados por ETA pueden concurrir a las elecciones y desarrollar sus actividades sin las condiciones extraordinarias de seguridad que marcaron décadas anteriores.

Precisamente por eso resultan especialmente llamativas las imágenes de Hernani.

Un joven que participa por primera vez como cabeza de lista en unas elecciones generales se encuentra con un grupo de personas que intenta impedirle hacer campaña.

Echeverría ha denunciado que el ataque responde a la intolerancia hacia quienes representan opciones políticas diferentes a las predominantes en determinadas localidades.

En una entrevista publicada este miércoles, 18 de noviembre, ha ido más lejos y ha responsabilizado políticamente a EH Bildu del ambiente que, a su juicio, favorece estas situaciones.

Se trata de una acusación del candidato, no de una responsabilidad judicialmente establecida.

Hasta el momento no se ha acreditado públicamente que la dirección de EH Bildu organizara el ataque de Hernani.

La distinción resulta esencial.

Pero también lo es reconocer que la intimidación sufrida por los populares constituye un hecho documentado y que obligó a suspender su acto.

Barakaldo, tres días antes: dos militantes heridos en la sede del PP

Lo ocurrido en Hernani no surgió de la nada.

El miércoles 11 de noviembre, durante la jornada de huelga general convocada en Euskadi por la crisis de la vivienda, se produjo otro incidente de gravedad.

Dos jóvenes vinculados a Nuevas Generaciones del Partido Popular resultaron heridos tras un ataque contra la sede del partido en Barakaldo.

Según denunció el PP de Bizkaia, un grupo de encapuchados se dirigió contra las instalaciones mientras gritaba consignas contra los populares.

Los dos militantes tuvieron que recibir asistencia sanitaria y fueron trasladados a un centro hospitalario.

El ataque convirtió una jornada de movilización social en escenario de una agresión contra representantes de una formación política.

Conviene subrayar una diferencia importante.

La existencia de una huelga o manifestación no convierte a sus organizadores ni al conjunto de sus participantes en responsables de los actos violentos cometidos por determinados individuos.

Las responsabilidades deben establecerse sobre hechos, personas y pruebas concretas.

Pero también sería un error minimizar lo ocurrido como un simple exceso verbal.

Hubo una agresión física y dos personas necesitaron asistencia médica.

Y todo sucedió apenas tres días antes de que otro grupo impidiera un acto del PP en Gipuzkoa.

No solamente el PP: ataques y hostigamiento a otras formaciones

La sucesión de incidentes no afecta exclusivamente a los populares.

Durante los últimos días también se han denunciado actuaciones contra instalaciones y materiales electorales de otras formaciones.

Podemos Euskadi comunicó el 14 de noviembre ataques contra sus sedes de San Sebastián y Errenteria, además de daños en carteles electorales.

La formación denunció también mensajes hostiles dirigidos contra sus representantes en redes sociales.

El PNV informó de ataques contra dos de sus sedes en Gipuzkoa durante la jornada del 11 de noviembre.

En Vitoria se registraron asimismo pintadas en instalaciones del Partido Popular.

Estos acontecimientos no son idénticos en gravedad.

No puede equipararse automáticamente una pintada con una agresión física, ni una protesta verbal con un ataque que obliga a evacuar a un candidato.

Pero, considerados en conjunto, muestran un ambiente de confrontación en el que diferentes actores denuncian ataques contra su actividad política.

La intimidación no deja de serlo por el partido que la sufre, y la gravedad de cada episodio debe medirse por sus hechos, no por las simpatías que despierte la víctima.

Feijóo viaja a Euskadi y convierte el respaldo a su candidato en un acto político nacional

Alberto Núñez Feijóo reaccionó al incidente de Hernani anunciando una modificación de su agenda electoral.

El líder del Partido Popular decidió desplazarse personalmente a Gipuzkoa para acompañar a Jon Echeverría.

La visita se produjo el martes 17 de noviembre.

El escenario elegido fue Eibar.

La presencia del candidato a la Presidencia del Gobierno elevó la repercusión nacional del episodio.

Pero tampoco allí desapareció la tensión.

Durante el acto celebrado en la plaza Unzaga, grupos de manifestantes increparon a Feijóo y a los representantes populares.

Se escucharon insultos y consignas exigiendo su marcha.

La Ertzaintza y la Policía Local desplegaron un importante dispositivo de seguridad que impidió que los manifestantes se aproximaran al lugar donde se desarrollaba el mitin.

A diferencia de Hernani, el acto pudo concluir sin incidentes físicos de consideración.

Feijóo reivindicó el derecho de su partido a realizar campaña en cualquier localidad y aseguró que no retrocedería ante las intimidaciones.

Su mensaje tuvo también una dimensión electoral.

El dirigente popular vinculó los acontecimientos con sus críticas a las relaciones parlamentarias entre el PSOE y EH Bildu.

Y utilizó la visita para reforzar su discurso sobre la defensa de la libertad política y la memoria del terrorismo.

La violencia sufrida por su candidato se convirtió así en un asunto central de la campaña nacional.

El Gobierno pide protección para Echeverría

La preocupación por la seguridad llegó también al Ministerio del Interior.

El lunes 16 de noviembre, el Partido Popular solicitó formalmente medidas específicas de protección para su candidato guipuzcoano.

La petición fue dirigida al ministro Fernando Grande-Marlaska.

Interior trasladó posteriormente a la Ertzaintza la necesidad de realizar una valoración urgente del riesgo y adoptar las medidas de protección que correspondieran.

La actuación resulta significativa porque demuestra que el episodio ha trascendido el intercambio de acusaciones políticas.

La seguridad de un candidato electoral requiere una evaluación operativa por parte de los cuerpos policiales competentes.

En Euskadi, la Ertzaintza desempeña un papel fundamental en esa protección.

El Partido Popular ha cuestionado la suficiencia del dispositivo desplegado inicialmente en Hernani.

Desde el ámbito policial también se han escuchado críticas.

El Sindicato Profesional de la Policía Vasca denunció la gravedad del incidente y pidió revisar la planificación de seguridad.

Sin embargo, para determinar si existieron fallos concretos de previsión o actuación será necesario conocer los resultados de las correspondientes investigaciones.

La existencia de un ataque no demuestra automáticamente una negligencia policial.

La reacción del lehendakari y del PNV

Una de las cuestiones que más interés ha despertado es cómo han reaccionado las instituciones vascas.

El lehendakari, Imanol Pradales, expresó públicamente su rechazo a los hechos de Hernani y trasladó su solidaridad a Jon Echeverría.

También el presidente del PNV, Aitor Esteban, condenó el ataque.

Esteban recordó que las diferencias políticas deben resolverse mediante la palabra y el debate democrático.

Su posición fue clara: intimidar o agredir a alguien por defender ideas distintas resulta inadmisible.

Estas condenas son relevantes porque contradicen la interpretación de que todas las fuerzas nacionalistas vascas comparten una actitud de tolerancia hacia este tipo de actuaciones.

El PNV, que gobierna Euskadi junto al PSE-EE, ha manifestado su rechazo a los incidentes.

Otra cuestión es el debate sobre si la respuesta institucional y policial resulta suficientemente eficaz.

El PP considera que no.

El Gobierno vasco y las autoridades competentes tendrán que responder con actuaciones y explicaciones sobre las medidas adoptadas.

¿Y qué dice EH Bildu?

La posición de EH Bildu es uno de los asuntos más controvertidos de esta historia.

La coalición soberanista ocupa un lugar central en la confrontación política vasca y nacional.

Su trayectoria está vinculada a la evolución de la izquierda abertzale después del final de ETA, y mantiene una intensa rivalidad con el Partido Popular.

El lunes 16 de noviembre, dos días después del ataque, la cabeza de lista de EH Bildu por Gipuzkoa, Oihana Etxebarrieta, expresó el rechazo de su formación al lanzamiento de objetos contra Jon Echeverría.

Esta declaración debe formar parte del relato.

No sería correcto afirmar que EH Bildu no manifestó rechazo alguno.

Ahora bien, el PP considera insuficiente esa respuesta y reclama una condena más contundente del clima de hostilidad que denuncia.

Además, el sábado 14 de noviembre, Arnaldo Otegi utilizó durante un acto electoral en Bilbao un lenguaje de fuerte confrontación contra PP y Vox.

El dirigente de EH Bildu llamó a movilizar al electorado de la izquierda independentista para impedir el avance de esas formaciones.

El Partido Popular interpreta ese discurso como parte de un ambiente político que favorece la hostilidad hacia sus representantes.

Pero es necesario distinguir entre tres cuestiones diferentes: el discurso político, la responsabilidad moral que pueda atribuirse a determinados mensajes y la responsabilidad concreta por una agresión.

No son equivalentes.

Para atribuir a una organización política la autoría o instigación de un ataque hacen falta pruebas que vayan más allá de sus posiciones ideológicas o de las declaraciones de sus dirigentes.

La condena de los hechos y la exigencia de responsabilidades individuales son compatibles con una crítica política profunda a EH Bildu o a cualquier otra formación.

Quince años después de ETA: por qué estas imágenes tienen una carga histórica tan profunda

El 20 de octubre de 2011, ETA anunció el cese definitivo de su actividad armada.

El 3 de mayo de 2018 comunicó su disolución.

Aquellas fechas marcaron el final de una de las etapas más dolorosas de la historia reciente de España.

Durante décadas, el terrorismo condicionó profundamente la vida política y social del País Vasco.

Centenares de personas fueron asesinadas.

Miles vivieron bajo amenaza.

Políticos, periodistas, jueces, empresarios, policías y ciudadanos tuvieron que modificar sus hábitos por razones de seguridad.

En numerosas localidades, especialmente durante los años más difíciles, defender públicamente determinadas ideas podía suponer un riesgo personal.

El terrorismo no actuaba únicamente mediante atentados.

La amenaza también generaba un ambiente de presión social.

Y alrededor de aquella realidad se desarrollaron fenómenos de violencia callejera.

El más conocido fue la llamada kale borroka.

Qué fue la kale borroka y por qué vuelve a mencionarse

La expresión kale borroka, literalmente lucha callejera, se utilizó durante años para identificar diferentes formas de violencia urbana vinculadas a sectores radicales del entorno de la izquierda abertzale.

Los ataques podían dirigirse contra instalaciones públicas, vehículos, entidades financieras, sedes políticas o personas consideradas adversarias.

En determinados periodos, esa violencia funcionó como una herramienta de intimidación complementaria al terrorismo.

No todas sus manifestaciones tuvieron la misma gravedad ni todos sus participantes mantuvieron las mismas relaciones orgánicas.

Pero su capacidad para generar miedo quedó ampliamente documentada.

Después del final de ETA, el contexto político y social cambió profundamente.

La violencia terrorista desapareció y la normalización democrática permitió recuperar espacios de convivencia que habían permanecido condicionados por la amenaza.

Sin embargo, los incidentes recientes han llevado a algunos dirigentes y analistas a preguntarse si determinadas prácticas de intimidación callejera están reapareciendo.

La comparación tiene fundamento histórico en algunos comportamientos: encapuchamientos, lanzamiento de objetos, presión contra adversarios políticos o intentos de impedir actos.

Pero afirmar que ha regresado la kale borroka como fenómeno organizado exigiría demostrar una continuidad, coordinación y estructura que los incidentes conocidos no permiten establecer por sí solos.

El parecido de determinadas imágenes no equivale a la existencia de una nueva organización terrorista.

Y esa diferencia resulta indispensable para entender lo que sucede.

Una nueva generación que no conoció el terrorismo

Uno de los elementos más inquietantes para numerosos observadores es la juventud de algunos participantes en los altercados.

Muchos pertenecen a generaciones que apenas conocieron los últimos años de ETA o nacieron después de su desaparición.

No vivieron personalmente el clima de amenazas que condicionaba la actividad política.

No recuerdan las manifestaciones silenciosas después de los asesinatos.

No tuvieron que comprobar si había explosivos bajo un vehículo.

Ni conocieron de primera mano la experiencia cotidiana de quienes necesitaban escolta para acudir a trabajar.

Eso abre un debate sobre la transmisión de la memoria.

La ausencia de experiencia directa no determina necesariamente una mayor predisposición a la violencia.

Pero sí plantea la importancia de explicar a las nuevas generaciones las consecuencias que tuvo su utilización como instrumento político.

En una entrevista publicada el 15 de noviembre, la candidata del PNV por Gipuzkoa, Maribel Vaquero, destacó precisamente la necesidad de transmitir ese aprendizaje histórico a los jóvenes.

Su reflexión parte de una idea: una sociedad puede haber superado el terrorismo y, sin embargo, necesitar seguir explicando por qué ninguna causa política justifica la intimidación.

El desafío no consiste solamente en recordar lo ocurrido.

Consiste en evitar que determinados comportamientos lleguen a considerarse aceptables por quienes nunca padecieron sus consecuencias.

¿Por qué está ocurriendo ahora?

No existe una explicación única ni una investigación pública que permita atribuir todos los incidentes a una misma causa.

Pero sí pueden identificarse varios factores que ayudan a comprender el contexto.

El primero es la intensidad de la confrontación electoral.

España celebrará elecciones generales el próximo 29 de noviembre.

Los partidos han elevado el tono de sus discursos y Euskadi constituye uno de los territorios donde la competencia política tiene una dimensión identitaria especialmente marcada.

La rivalidad entre el nacionalismo vasco, la izquierda independentista y los partidos de ámbito estatal se desarrolla en un contexto de fuerte movilización.

El segundo factor es la persistencia de espacios de radicalismo político.

La desaparición de ETA no significó la desaparición automática de todas las culturas políticas que habían normalizado en algún momento la confrontación violenta.

Determinados grupos pueden mantener prácticas de intimidación sin pertenecer a una estructura terrorista ni contar necesariamente con el respaldo de partidos institucionales.

El tercer elemento es la influencia de las redes sociales y la movilización juvenil.

Las convocatorias, los mensajes y los vídeos circulan con rapidez.

Un incidente local puede adquirir inmediatamente una repercusión nacional.

Y las dinámicas de enfrentamiento pueden intensificarse cuando determinados grupos buscan visibilidad.

El cuarto factor es la tensión entre conflictos sociales y confrontación partidista.

Las protestas por la vivienda, las movilizaciones laborales y otros conflictos legítimos pueden coincidir con la actuación de grupos interesados en utilizar esos escenarios para enfrentarse a adversarios políticos.

Eso no convierte las reivindicaciones sociales en violentas.

Pero obliga a distinguir entre quienes ejercen pacíficamente sus derechos y quienes aprovechan una movilización para cometer agresiones.

Finalmente, existe el peso de la memoria histórica y la polarización política.

En Euskadi, determinadas palabras, símbolos y actuaciones evocan experiencias especialmente dolorosas.

Esa memoria hace que episodios que en otros territorios podrían interpretarse como altercados electorales adquieran una gravedad emocional y política mayor.

Ninguno de estos factores demuestra por sí mismo quién organizó los ataques.

Son elementos de contexto, no conclusiones de una investigación policial.

Bilbao y los disturbios de octubre: otra señal de un clima de confrontación

Los incidentes de noviembre llegan después de otros episodios violentos registrados durante las semanas anteriores.

El 26 de octubre se produjeron disturbios en Bilbao relacionados con las protestas contra la presencia del agitador político Vito Quiles.

Las alteraciones del orden público derivaron en enfrentamientos y detenciones.

El episodio dio lugar a una intensa controversia entre los partidos.

Algunas formaciones denunciaron la actuación de grupos violentos.

Otras criticaron el protagonismo de agitadores que, según su interpretación, utilizan actos públicos para provocar confrontaciones.

Lo sucedido demuestra que la tensión no se limita exclusivamente a la actividad del Partido Popular.

También afecta a otras controversias políticas y sociales.

Sin embargo, atribuir todos esos episodios a una misma organización o estrategia exigiría pruebas que no se han establecido públicamente.

La coincidencia temporal no basta para demostrar coordinación.

¿Está regresando el miedo a hacer política en determinadas localidades?

Esta es probablemente la cuestión más delicada.

Durante los años de ETA, numerosos representantes políticos desarrollaban su actividad bajo condiciones extraordinarias de seguridad.

La amenaza condicionaba desde los desplazamientos cotidianos hasta la organización de actos públicos.

Hoy la situación es radicalmente diferente.

No existe una campaña terrorista comparable a la de aquellas décadas.

Los partidos participan en las instituciones democráticas y la actividad política se desarrolla generalmente con normalidad.

Pero los incidentes de Hernani muestran que todavía pueden producirse situaciones en las que la intimidación impide ejercer derechos fundamentales.

El problema no consiste exclusivamente en los objetos lanzados contra unos militantes.

Consiste en que un partido político no pudo celebrar una actividad que tenía derecho a desarrollar.

La democracia no exige que los ciudadanos acepten las ideas de todas las formaciones.

Ni siquiera que las respeten intelectualmente.

Permite criticarlas, discutirlas y rechazarlas con toda contundencia.

Pero exige que sus representantes puedan expresarlas sin sufrir agresiones.

Ese es el límite que se traspasó en Hernani.

Y es precisamente lo que convierte este episodio en un asunto de interés para toda la sociedad, con independencia de sus preferencias electorales.

La violencia también se convierte en argumento de campaña

Hay una segunda dimensión del problema.

Los acontecimientos han pasado a formar parte del debate electoral nacional.

Feijóo los utiliza para cuestionar las relaciones del PSOE con EH Bildu.

El PP denuncia que el acercamiento parlamentario entre ambas formaciones contribuye a normalizar políticamente a una organización cuya trayectoria y antecedentes considera inseparables de la historia de ETA.

Desde posiciones diferentes se sostiene que la participación de EH Bildu en las instituciones forma parte de la normalización democrática posterior al final del terrorismo y que sus responsabilidades actuales deben juzgarse por sus actuaciones presentes.

Ambas interpretaciones forman parte de una discusión política que permanece abierta.

Pero existe una distinción fundamental.

La participación legal de una formación en las instituciones no implica responsabilidad por cualquier acto cometido por personas de su entorno ideológico.

Del mismo modo, la condena verbal de la violencia no impide examinar críticamente la coherencia de los discursos políticos y las actuaciones de sus representantes.

El debate democrático puede abordar ambas cuestiones.

Lo que no debería ocurrir es que la discusión sobre pactos parlamentarios termine ocultando la responsabilidad concreta de quienes agreden o intimidan.

Porque, al margen de las estrategias electorales, los ataques existieron.

Y deben investigarse.

¿Qué responsabilidad tienen las instituciones?

La protección de la actividad política constituye una obligación de las autoridades.

La Ertzaintza y los organismos competentes deben evaluar los riesgos y adoptar medidas proporcionadas para que los partidos puedan realizar sus actos.

Eso incluye proteger a quienes participan en ellos y garantizar que también puedan desarrollarse manifestaciones pacíficas de protesta.

Los dos derechos deben coexistir.

Pero cuando una concentración pretende impedir por la fuerza una actividad política, corresponde a las autoridades intervenir para garantizar la seguridad y el ejercicio de los derechos afectados.

Tras Hernani, el Ministerio del Interior solicitó una valoración urgente del riesgo de Jon Echeverría.

La investigación deberá determinar quiénes participaron en el lanzamiento de objetos y si se produjeron infracciones penales.

También permitirá evaluar la planificación del dispositivo de seguridad.

El PP ha denunciado falta de protección suficiente.

Por su parte, la actuación policial permitió evacuar a los participantes sin heridos.

Ambos elementos deben tenerse en cuenta.

La cuestión de fondo es qué medidas serán necesarias para evitar nuevos incidentes durante los días que restan de campaña.

Una sociedad vasca que no puede reducirse a los violentos

Existe un riesgo adicional en la interpretación de estos acontecimientos.

Presentar a Euskadi como una sociedad dominada nuevamente por la violencia sería una simplificación que no se corresponde con la realidad documentada.

La comunidad ha experimentado profundas transformaciones desde el final del terrorismo.

La inmensa mayoría de la actividad política y social se desarrolla pacíficamente.

Las instituciones funcionan, los partidos compiten electoralmente y las diferencias ideológicas se expresan cotidianamente mediante procedimientos democráticos.

Además, los incidentes han recibido condenas desde distintas posiciones políticas, incluido el Gobierno vasco.

Por tanto, no puede confundirse la actuación de grupos violentos con el comportamiento del conjunto de la sociedad vasca.

Precisamente una de las principales conquistas de las últimas décadas ha sido la consolidación de una convivencia que permite mantener posiciones políticas profundamente diferentes sin recurrir a la violencia.

Reconocer esa realidad no obliga a minimizar los ataques recientes.

Significa situarlos en su dimensión correcta.

Euskadi no ha regresado a los años del terrorismo, pero los episodios de intimidación política muestran que la convivencia democrática sigue necesitando protección y vigilancia.

Las preguntas que quedan pendientes

Los acontecimientos de noviembre dejan numerosas cuestiones abiertas.

¿Quiénes organizaron la concentración que impidió el acto electoral de Hernani?

¿Existió coordinación previa entre los participantes?

¿Se han identificado a las personas que lanzaron piedras, huevos y petardos?

¿Hay relación entre los agresores de Hernani y quienes participaron en el ataque de Barakaldo?

¿Qué resultados ha ofrecido la investigación de la Ertzaintza?

¿Se ha completado la valoración del riesgo del candidato del PP?

¿Será necesario reforzar la protección de otros representantes políticos durante la campaña?

¿Existen indicios de estructuras organizadas dedicadas a promover actos violentos o se trata de grupos y episodios independientes?

Son preguntas que solamente podrán resolverse mediante investigaciones, pruebas y actuaciones oficiales.

No sería responsable contestarlas atribuyendo culpabilidades sin acreditar.

Pero tampoco sería razonable ignorarlas.

Porque afectan directamente al derecho de los ciudadanos a participar en la vida pública.

La lección pendiente: nadie debería necesitar una escolta para defender sus ideas

Quince años después del cese definitivo de ETA, Euskadi es una sociedad muy distinta de la que conoció las décadas del terrorismo.

Los cambios son profundos y forman parte de una conquista colectiva.

Pero las imágenes de Hernani y Eibar recuerdan que los derechos democráticos no se mantienen únicamente mediante declaraciones institucionales.

Necesitan protección efectiva.

Un candidato de 22 años debería poder instalar una mesa electoral en cualquier plaza.

Un militante debería poder acudir a la sede de su partido sin temor a ser agredido.

Y un ciudadano debería poder expresar sus diferencias políticas sin recurrir al lanzamiento de piedras.

La discrepancia puede ser apasionada.

La confrontación ideológica puede ser intensa.

Las campañas electorales pueden enfrentar proyectos incompatibles.

Pero nada de eso exige convertir al adversario en alguien a quien expulsar físicamente del espacio público.

Lo ocurrido en Gipuzkoa no demuestra que haya regresado ETA. Sí demuestra que todavía existen personas dispuestas a utilizar la intimidación para impedir que otros ejerzan sus derechos políticos.

Y esa constatación debería preocupar más allá de las siglas.

Porque una democracia no se mide solamente por la libertad de quienes defienden las ideas mayoritarias.

También se mide por la libertad de quienes acuden a una plaza sabiendo que buena parte de sus vecinos no piensa como ellos.

Euskadi conoce demasiado bien el precio que se paga cuando esa libertad desaparece.

La responsabilidad de las instituciones, los partidos y la sociedad es impedir que vuelva a ponerse en cuestión.

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