Mezquitas señaladas y menores captados: la investigación de Núcleo Nacional revela una trama de odio en Asturias
Los mensajes intervenidos recogen propuestas de hostigamiento en Oviedo, Gijón y Avilés. La causa investiga la conexión entre el grupo juvenil White Boys y una estructura dirigida por adultos, con disciplina interna y contactos internacionales. Tras las 14 detenciones del 6 de noviembre, las pesquisas siguen abiertas.
Una denuncia por amenazas en Gijón, teléfonos intervenidos y conversaciones entre jóvenes y adultos. La investigación de Núcleo Nacional ha ido conectando esos elementos hasta describir una presunta estructura de captación, adoctrinamiento y violencia con una importante presencia en Asturias.
Las últimas informaciones publicadas sobre el procedimiento sitúan centros religiosos y menores entre los objetivos mencionados en los chats, y describen cómo algunos integrantes de White Boys habrían pasado a formar parte de Núcleo Nacional.
Los investigadores examinan tanto el contenido de las conversaciones como las actuaciones atribuidas a sus participantes. Una amenaza escrita, un preparativo y una agresión consumada son hechos diferentes, y determinar qué ocurrió en cada caso será decisivo para establecer las responsabilidades individuales.
Oviedo, Gijón y Avilés, en los mensajes
Las conversaciones de 2024 divulgadas el miércoles por El País recogen referencias a una mezquita de Avilés, propuestas de hostigamiento contra un centro musulmán de Oviedo y búsquedas de información sobre centros religiosos y de menores en Gijón.
Las referencias muestran que el discurso violento incluía objetivos concretos. No acreditan que se ejecutaran ataques contra todos los lugares señalados, ni permiten afirmar que exista actualmente una amenaza inminente contra ellos.
El adolescente que denunció las amenazas
La reconstrucción de las pesquisas publicada este jueves sitúa un antecedente en la denuncia presentada por un joven de 17 años el 10 de noviembre de 2024, en una comisaría de Gijón.
El análisis de dispositivos permitió identificar un grupo de mensajería con 41 integrantes de entre 14 y 22 años, vinculado a White Boys. Los investigadores le atribuyen 14 acciones de acoso y agresión y otras 11 que sus propios participantes denominaban «cacerías».
En octubre de 2025 se produjo una primera intervención policial con 17 detenidos. Aquella actuación y la operación del pasado 6 de noviembre corresponden a momentos distintos de las investigaciones: sus cifras no describen un único operativo.
Una cantera juvenil bajo supervisión adulta
La presunta conexión entre ambas organizaciones es uno de los aspectos centrales de la causa.
Las pesquisas señalan a un veterano militante de la ultraderecha asturiana como responsable de reclutar jóvenes y mantener una fuerte disciplina. En otro chat, denominado Núcleo Nacional Asturias, figuraban 121 participantes, 19 de ellos presentes también en White Boys.
La pertenencia a esos grupos de mensajería no demuestra por sí sola una participación delictiva. Los investigadores analizan el papel de cada persona y sus intervenciones.
La información conocida este jueves describe captaciones a través de padres que ya pertenecían a la organización, exigencias de asistencia a actos y normas de vestimenta. La hipótesis policial es que White Boys funcionaba como una vía de incorporación a una estructura mayor.
Una dirección que aprobaba y coordinaba actuaciones
La documentación judicial conocida describe una organización jerarquizada, con subordinación a sus responsables y normas internas. La magistrada le atribuye un «carácter paramilitar» y una orientación hacia la promoción del odio y la violencia ideológica.
El atestado señala también la presunta supervisión adulta de comunicaciones y acciones juveniles. Esas valoraciones forman parte de una causa en instrucción y deberán someterse al correspondiente contraste judicial.
En el registro de la sede de Burgos se intervinieron barras, palos, material pirotécnico, aerosoles de defensa y armas blancas, según la documentación divulgada. Ese hallazgo corresponde a un lugar concreto y no permite atribuir la posesión de todos esos efectos a cada detenido.
De Asturias a los contactos en Ucrania
La dimensión territorial de la investigación supera el Principado. Los informes policiales recogen desplazamientos de varios militantes a Ucrania en agosto de 2026, contactos con la 12.ª Brigada Azov y publicaciones en las que aparecen realizando prácticas con fusiles de asalto.
Los investigadores sostienen que el objetivo era adquirir conocimientos para transmitirlos posteriormente a militantes en España. En las comunicaciones analizadas aparecen referencias a un «alzamiento armado».
Esa expresión forma parte del material investigado. No demuestra por sí sola que existieran los medios necesarios para llevarlo a cabo.
La estructura descrita en los informes incluye departamentos y delegaciones territoriales, con Asturias entre los núcleos consolidados. Determinar quién impartía instrucciones y qué actuaciones se derivaron de ellas es una de las cuestiones que debe resolver el procedimiento.
Diez investigados quedaron en libertad con restricciones
La operación del viernes 6 de noviembre terminó con 14 detenidos y registros en Asturias, Madrid, Guadalajara, Valladolid, Pontevedra, Burgos y Alicante.
Diez de los arrestados quedaron posteriormente en libertad con medidas cautelares: retirada del pasaporte, prohibición de salir de España y comparecencias semanales en el juzgado. Tres de esos diez son asturianos.
La causa incluye la investigación de presuntos delitos de incitación al odio, asociación ilícita y tenencia ilícita de armas. La libertad provisional no supone el archivo de las actuaciones. Todos los investigados mantienen su presunción de inocencia.
La denuncia de Avilés requiere una investigación propia
El miércoles 11, el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Asturias denunció públicamente una agresión contra varias compañeras que difundían la convocatoria de huelga en Avilés y atribuyó los hechos a miembros de Núcleo Nacional.
La autoría señalada procede del relato sindical. La información contrastada no aporta una confirmación policial o judicial que permita darla por acreditada, ni vincular automáticamente ese episodio con la causa abierta.
Tampoco se han podido confirmar medidas específicas de protección en los centros mencionados en las conversaciones. Que esas actuaciones no se hayan hecho públicas no significa que no existan.
El siguiente paso judicial será precisar el alcance de las conductas investigadas: qué quedó en los mensajes, qué llegó a prepararse y qué violencia se ejerció, además de establecer quién respondió por cada decisión.
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