El Gobierno del Principado afronta una negociación decisiva para sacar adelante las cuentas de 2027 mientras se agudizan las diferencias sobre cómo intervenir en el mercado de la vivienda. Covadonga Tomé exige acelerar la declaración de nuevas zonas tensionadas y reclama un calendario concreto. El consejero Ovidio Zapico defiende que los expedientes deben tramitarse con rigor y sin imposiciones políticas. Oviedo y Ribadesella encabezan una lista de nueve concejos bajo estudio.
La vivienda se ha convertido en uno de los asuntos más delicados de la negociación política en Asturias. Y no solamente por el precio de los alquileres, las dificultades de los jóvenes para emanciparse o la escasez de pisos asequibles.
La discrepancia sobre cómo y cuándo declarar nuevas zonas de mercado residencial tensionado amenaza con complicar las conversaciones para aprobar los presupuestos autonómicos de 2027.
El enfrentamiento político se ha hecho especialmente visible durante los últimos días.
Por un lado, el consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, coordinador general de Izquierda Unida en Asturias, sostiene que las nuevas declaraciones deben fundamentarse en estudios técnicos sólidos y no pueden acelerarse por exigencias políticas.
Por otro, la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé, portavoz de Somos Asturies, reclama decisiones inmediatas y un calendario que permita ampliar las zonas tensionadas durante los próximos meses.
La cuestión tiene una trascendencia que supera las competencias de una consejería: el voto de Tomé resulta clave para que el Gobierno autonómico alcance la mayoría absoluta necesaria para aprobar las cuentas con sus apoyos actuales.
Y la diputada ha situado la política de vivienda entre las condiciones para negociar su respaldo.
Tomé mantiene su exigencia: quiere zonas tensionadas y fechas concretas
La última intervención de Covadonga Tomé se produjo ayer, sábado 7 de noviembre, en Gijón.
La parlamentaria reiteró que la declaración de nuevas zonas de mercado residencial tensionado constituye una condición indispensable para negociar su apoyo a los presupuestos.
Su reclamación va más allá de un compromiso genérico.
Tomé exige que el Principado concrete qué municipios y barrios serán incluidos en las próximas declaraciones y en qué plazos se desarrollarán los procedimientos.
La diputada considera que el Ejecutivo dispone de herramientas legales para acelerar la tramitación y que las dificultades administrativas no deben convertirse en un obstáculo para aplicar medidas destinadas a contener el precio del alquiler.
Ya el jueves había advertido de que su propuesta no pretendía forzar procedimientos ilegales ni eludir las exigencias técnicas.
«No estamos pidiendo imposibles, ni atajos jurídicos», declaró, al defender una aplicación más rápida de las medidas previstas en la legislación estatal.
La representante de Somos Asturies también ha cuestionado los tiempos empleados por el Gobierno regional en la primera declaración de zonas tensionadas.
Según recordó, aquella tramitación se anunció a comienzos de 2025 y no culminó hasta julio de 2026.
Su preocupación es que los nuevos expedientes vuelvan a prolongarse durante meses y que algunas declaraciones no lleguen a materializarse hasta finales de 2027.
Zapico responde: «No se trata de correr mucho, se trata de hacer las cosas bien»
La posición del responsable autonómico de Vivienda es diferente.
El viernes, Ovidio Zapico rechazó que las decisiones sobre las nuevas zonas tensionadas deban adoptarse bajo presiones políticas.
«No se trata de correr mucho, se trata de hacer las cosas bien», afirmó.
El consejero sostiene que las declaraciones deben apoyarse en datos sobre el mercado inmobiliario, los ingresos de las familias y la evolución del precio de las viviendas.
A su juicio, aprobar delimitaciones territoriales sin una justificación suficiente podría debilitar las medidas e incluso facilitar futuras impugnaciones judiciales.
Zapico no rechaza ampliar las zonas tensionadas. Lo que rechaza es aceptar que la extensión y el calendario de las declaraciones se fijen al margen de los estudios técnicos.
El también dirigente de IU recuerda que su departamento lleva trabajando desde agosto en una nueva fase de expedientes.
Su intención es continuar con el procedimiento previsto, analizar las particularidades de cada territorio y delimitar las áreas en las que concurran los requisitos legales.
Esta posición introduce una diferencia fundamental respecto a las reclamaciones de Tomé.
Mientras la diputada defiende extender la intervención al conjunto del área metropolitana central, la Consejería plantea estudiar barrios, localidades y núcleos concretos, sin dar por hecho que todos los municipios deban declararse íntegramente tensionados.
Nueve concejos bajo estudio: Oviedo y Ribadesella, los más avanzados
En medio de la controversia política, la Consejería de Vivienda ha concretado el alcance de los trabajos que tiene actualmente en marcha.
El Principado estudia nuevas declaraciones de zonas tensionadas en nueve concejos asturianos: Oviedo, Ribadesella, Muros del Nalón, Gijón, Avilés, Siero, Villaviciosa, Corvera y Langreo.
Los expedientes se encuentran en diferentes fases de elaboración.
Según explicó Zapico el viernes, Oviedo y Ribadesella son los dos ámbitos en los que los trabajos técnicos están más avanzados.
El consejero prevé firmar en las próximas semanas las resoluciones que permitirán iniciar formalmente sus procedimientos.
A continuación se situarían Muros del Nalón y Siero.
Entre las áreas que se están examinando figuran también localidades como La Felguera, en Langreo, y Lugones y La Pola, en Siero.
En Avilés y Gijón se contempla la posibilidad de ampliar los espacios que ya cuentan con esta consideración.
Sin embargo, conviene distinguir dos momentos diferentes.
Iniciar un expediente no significa que una zona haya sido declarada oficialmente tensionada.
Después deben completarse los trámites correspondientes, incluida la información pública o audiencia que proceda, el análisis de las alegaciones y la aprobación definitiva de la declaración.
Por tanto, aunque Oviedo y Ribadesella se encuentran más cerca de iniciar formalmente sus procedimientos, todavía no existe una fecha oficial para que las nuevas medidas entren en vigor.
El Parlamento rechaza declarar tensionada toda el área central
Uno de los acontecimientos más relevantes de esta semana tuvo lugar el martes 3 de noviembre.
La Comisión de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos de la Junta General del Principado debatió una iniciativa de Covadonga Tomé para impulsar la declaración como zona tensionada de la totalidad del área metropolitana central.
La propuesta fue rechazada por todos los demás grupos parlamentarios, incluidos PSOE e Izquierda Unida, los dos partidos que integran el Gobierno autonómico.
La votación evidenció que existen diferencias importantes sobre el alcance territorial de la medida.
Tomé defendió la necesidad de actuar de forma más amplia y rápida ante las dificultades de acceso a la vivienda.
Los grupos que rechazaron la iniciativa cuestionaron, por diferentes motivos, que se pudiera establecer una delimitación general sin justificar adecuadamente las circunstancias de cada ámbito.
Desde el Ejecutivo se insiste en que una declaración de este tipo debe responder a criterios verificables y no únicamente a límites administrativos o geográficos.
La votación no impide continuar con los expedientes ya iniciados o en preparación, pero sí refleja la dificultad para alcanzar un acuerdo sobre la propuesta concreta defendida por Somos Asturies.
Asturias ya tiene doce zonas tensionadas: así funciona el modelo
La controversia llega cuando Asturias acaba de poner en marcha su primera fase de intervención en el mercado del alquiler.
Desde el 30 de julio de 2026 están en vigor doce zonas de mercado residencial tensionado repartidas entre cinco concejos: Gijón, Avilés, Gozón, Cabrales y Llanes.
En Gijón, la medida afecta a los barrios de Cimadevilla y La Arena.
En Avilés se aplica al barrio de La Magdalena.
En Gozón comprende Luanco.
En Cabrales incluye Arenas y Poo.
Y en Llanes alcanza distintos núcleos, entre ellos la capital del concejo, Posada, Nueva, Poo, Barro y Celorio.
Estas declaraciones tienen una vigencia inicial de tres años y permiten aplicar medidas específicas contempladas en la Ley estatal de Vivienda.
Entre sus efectos figuran determinadas limitaciones a las rentas de nuevos contratos de alquiler, atendiendo a las características de la vivienda, los contratos anteriores y la condición del propietario.
También pueden establecerse incentivos fiscales y medidas destinadas a ampliar la oferta de vivienda asequible.
La experiencia de esta primera fase es precisamente uno de los argumentos utilizados por Zapico para defender la conveniencia de delimitar cuidadosamente cada zona.
El consejero recuerda que la situación del mercado inmobiliario puede variar considerablemente entre barrios de una misma ciudad.
¿Qué significa realmente declarar una zona tensionada?
La denominación puede resultar confusa para quienes no conocen su alcance.
Una zona de mercado residencial tensionado es un territorio en el que se acredita una dificultad especial para acceder a una vivienda en condiciones asequibles.
La Ley estatal 12/2023 contempla dos grandes criterios para justificar esta declaración.
El primero se refiere al esfuerzo económico que deben realizar las familias.
Una zona puede cumplir este requisito cuando el coste medio de la vivienda, incluidos determinados gastos y suministros básicos, supera el 30% de los ingresos medios de los hogares.
El segundo criterio tiene en cuenta la evolución de los precios.
También puede justificarse la declaración cuando el precio de compra o alquiler haya aumentado durante los cinco años anteriores al menos tres puntos porcentuales por encima del incremento acumulado del IPC autonómico.
No es necesario que concurran simultáneamente ambos supuestos.
La declaración requiere, además, un procedimiento administrativo y la elaboración de medidas destinadas a corregir los desequilibrios detectados.
Su finalidad es facilitar una intervención específica en aquellos mercados donde acceder a una vivienda habitual resulta especialmente difícil.
La discusión política asturiana no se centra, por tanto, únicamente en la conveniencia de aplicar estas herramientas.
También gira alrededor de cómo justificar legalmente su aplicación y cuánto tiempo debe dedicar la Administración a preparar los expedientes.
El voto de Tomé y los presupuestos de 2027
La negociación adquiere especial relevancia porque Asturias se encuentra ante la elaboración de los últimos presupuestos autonómicos de la legislatura.
El Ejecutivo de coalición necesita reunir los apoyos parlamentarios suficientes para aprobar las cuentas.
Y Covadonga Tomé ha presentado un documento con catorce propuestas que considera prioritarias para negociar su respaldo.
La vivienda ocupa un lugar destacado, pero no es el único asunto.
Entre sus reivindicaciones figuran también medidas relacionadas con la universidad pública, la movilidad, la prevención de desahucios y el funcionamiento de la radiotelevisión pública autonómica.
En materia de vivienda, además de ampliar las zonas tensionadas, propone medidas fiscales sobre determinadas adquisiciones de segundas residencias y actuaciones para prevenir la pérdida de la vivienda habitual.
La diputada ha señalado que debe existir margen para negociar, pero mantiene su exigencia de compromisos concretos.
Por su parte, IU sostiene que el procedimiento técnico iniciado por la Consejería no debe quedar sometido a condiciones políticas que comprometan su rigor.
La formación se muestra dispuesta a recibir aportaciones que permitan mejorar ese proceso.
La incógnita es si ambas posiciones podrán acercarse lo suficiente para alcanzar un acuerdo presupuestario.
Por ahora, no se ha anunciado una ruptura definitiva de las negociaciones ni existe un pacto cerrado sobre este asunto.
El 30 de noviembre, una fecha política importante
La discusión cuenta con un horizonte temporal cercano.
Covadonga Tomé había reclamado que se iniciaran antes del 30 de noviembre los trámites para extender la declaración de zonas tensionadas al área central de Asturias.
Esa exigencia ha adquirido relevancia en las conversaciones sobre los presupuestos.
Sin embargo, la Consejería mantiene que cada expediente debe seguir su propio proceso y que no puede comprometer de antemano una declaración favorable para todos los municipios.
La diferencia entre iniciar procedimientos, completar los informes técnicos y conseguir la declaración definitiva será determinante para valorar cualquier posible acuerdo.
La aprobación de las cuentas autonómicas dependerá, además, del conjunto de la negociación presupuestaria y no exclusivamente de esta medida.
Pero el calendario de vivienda se ha convertido en uno de sus asuntos más sensibles.
Los ciudadanos, pendientes de una disputa que afecta a sus alquileres
Detrás de las declaraciones políticas existe una preocupación cotidiana para muchos hogares asturianos.
Encontrar una vivienda en alquiler a un precio asumible se ha convertido en una dificultad para jóvenes, familias y trabajadores que necesitan residir cerca de sus centros de empleo.
La presión resulta especialmente visible en determinadas áreas urbanas y municipios con una fuerte demanda residencial o turística.
La declaración de zonas tensionadas pretende ofrecer instrumentos para contener determinados incrementos de precios y mejorar el acceso a la vivienda.
Sin embargo, su eficacia depende también de otros factores, como la disponibilidad de pisos, la construcción de vivienda asequible y la evolución de la oferta.
Ni la declaración de una zona tensionada garantiza por sí sola una reducción inmediata de todos los alquileres ni la existencia de estudios técnicos elimina la urgencia social del problema.
Ambas cuestiones forman parte del desafío que debe afrontar la política de vivienda.
Mientras las formaciones parlamentarias negocian, quienes buscan un alquiler necesitan soluciones que puedan traducirse en mejoras reales de acceso a una vivienda.
Una negociación abierta con dos cuestiones por resolver
El Gobierno de Asturias afronta ahora dos decisiones relacionadas, pero diferentes.
La primera es administrativa: determinar qué territorios reúnen los requisitos para ser declarados zonas de mercado residencial tensionado y completar los expedientes correspondientes.
La segunda es política: decidir qué compromisos sobre vivienda pueden incorporarse a un eventual acuerdo para aprobar los presupuestos de 2027.
Ovidio Zapico defiende que las declaraciones se realicen con el respaldo técnico necesario y sin calendarios impuestos.
Covadonga Tomé considera que la urgencia del problema exige acelerar las actuaciones y concretar fechas.
Las dos posiciones coinciden en la necesidad de intervenir sobre las dificultades de acceso a la vivienda, pero mantienen diferencias sobre el alcance y el ritmo de esas actuaciones.
Oviedo y Ribadesella serán los primeros territorios en los que podrá comprobarse cómo avanza esta nueva fase del procedimiento.
Y las próximas semanas permitirán conocer si las conversaciones presupuestarias consiguen incorporar compromisos aceptables para ambas partes.
Mientras tanto, la vivienda continúa ocupando un lugar central en el debate político asturiano.
La gran cuestión ya no es solamente dónde se limitarán los alquileres, sino qué decisiones concretas adoptará el Principado y cuándo comenzarán a notarlas los ciudadanos.
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