La Audiencia Nacional exige al Gobierno nuevos documentos secretos para esclarecer quién sabía lo que se preparaba antes del 30 de julio de 2026. Un informe policial apunta a la posible participación de agentes marroquíes uniformados y de paisano, mientras mandos de las fuerzas de seguridad españolas y responsables de Ceuta describen una sorprendente pasividad en el lado marroquí. Interior sostiene que no recibió información que permitiera anticipar la magnitud de la crisis. La jueza María Tardón quiere conocer las comunicaciones, sus destinatarios y las decisiones adoptadas.
Hay una pregunta que sobrevuela la investigación judicial sobre la entrada masiva de personas en Ceuta los días 30 y 31 de julio: ¿sabían las autoridades españolas lo que iba a suceder y tuvieron tiempo de prepararse?
Y hay una segunda, todavía más delicada desde el punto de vista diplomático: ¿se limitaron las fuerzas de seguridad marroquíes a permitir el paso de miles de personas o participaron activamente en dirigirlas hacia territorio español?
Las novedades conocidas esta semana han dado una nueva dimensión a ambas incógnitas.
La Audiencia Nacional dispone de informes policiales, documentos de inteligencia, imágenes de la frontera y testimonios de responsables de las fuerzas de seguridad que apuntan a la existencia de avisos previos y a comportamientos anómalos de agentes marroquíes durante la crisis.
La magistrada María Tardón ha decidido profundizar en esas pruebas y ha reclamado al Consejo de Ministros la desclasificación urgente de nuevos informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
La decisión judicial, adoptada el martes 27 de octubre, establece un plazo de quince días naturales desde la recepción del requerimiento para facilitar los documentos.
La jueza pretende reconstruir una secuencia que ahora resulta fundamental: qué información se obtuvo antes de la entrada masiva, a quién se transmitió, qué decisiones se tomaron y qué papel desempeñaron las autoridades de Marruecos.
Las alertas previas: el CNI conocía convocatorias para cruzar la frontera
La documentación incorporada a la investigación permite afirmar que los servicios de información españoles conocían la existencia de llamamientos difundidos en redes sociales para organizar entradas masivas en Ceuta.
Los avisos afectaban tanto al paso por zonas próximas a la valla fronteriza como a los intentos de cruzar por mar bordeando el espigón del Tarajal.
Según la información conocida de los documentos del CNI, las convocatorias se difundían en grupos que sumaban más de 180.000 miembros.
El 29 de julio, un día antes de la entrada masiva, los servicios de inteligencia españoles trasladaron información a sus homólogos marroquíes para advertir del riesgo y solicitar un refuerzo de la vigilancia fronteriza.
También se comunicó información a responsables españoles de los dispositivos de seguridad en Ceuta.
Este extremo introduce una distinción esencial en la controversia.
No es lo mismo afirmar que no existía ningún aviso que sostener que los avisos disponibles no permitían prever la magnitud real de lo que iba a ocurrir.
Lo primero queda cuestionado por los documentos conocidos. Lo segundo es precisamente una de las explicaciones que ofrece el Ministerio del Interior.
Los avisos existían; lo que sigue investigándose es su alcance y cómo fueron interpretados por las autoridades competentes.
Interior asegura que no pudo anticipar el verdadero alcance de la crisis
La posición del Ministerio del Interior añade una discrepancia relevante a la investigación.
En un escrito remitido a la magistrada, el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska sostiene que no recibió advertencias que permitieran anticipar una llegada de decenas de miles de personas con la intensidad que finalmente se produjo.
Según las informaciones conocidas sobre la respuesta de Interior, la Secretaría de Estado de Seguridad asegura que los informes anteriores no anunciaban una ruptura súbita del escenario operativo.
El ministerio reconoce, en cambio, que después de la entrada masiva recibió nuevas notas confidenciales del CNI sobre posibles intentos adicionales de cruzar la frontera.
Se habrían remitido seis comunicaciones en los ocho días siguientes al comienzo de la crisis, la primera fechada el 31 de julio.
La contradicción aparente entre la existencia de avisos previos y la respuesta oficial de Interior exige analizar quién recibió exactamente cada documento.
La cuestión no se resuelve afirmando simplemente que el Gobierno sabía todo lo que iba a pasar o que no sabía nada.
La información disponible apunta a distintos niveles de conocimiento, y la investigación debe establecer si los avisos fueron recibidos por los responsables adecuados y si permitían adoptar medidas adicionales.
Las imágenes que investiga la Policía: agentes marroquíes que no intervenían y otros que habrían señalado el camino
La posible participación de agentes de Marruecos representa uno de los aspectos más sensibles del procedimiento.
Un informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), integrado en la Policía Nacional, analiza fotografías, grabaciones y testimonios sobre el comportamiento de las fuerzas de seguridad marroquíes durante las entradas.
El documento describe a agentes uniformados que observaban el avance de las personas sin intervenir para impedirlo.
También recoge indicios de que algunos individuos, uniformados o vestidos de paisano, habrían orientado a los grupos hacia determinados puntos de acceso al territorio español.
En las imágenes analizadas por los investigadores aparecen movimientos hacia la zona de Castillejos y el espigón del Tarajal.
La Policía considera que determinadas actuaciones podrían indicar que existieron personas encargadas de facilitar u orientar el flujo.
El informe no se limita a describir una ausencia de intervención. Examina la posibilidad de que algunos participantes desempeñaran un papel activo en la organización de los desplazamientos.
Sin embargo, debe mantenerse una distinción fundamental: el documento recoge indicios policiales, pero no constituye una sentencia que demuestre la existencia de una operación ordenada por el Gobierno marroquí.
La investigación debe establecer quiénes eran esas personas, qué funciones desempeñaban y si actuaban por iniciativa propia o siguiendo instrucciones.
Seis embarcaciones marroquíes frente a Ceuta la noche anterior
Otro testimonio incorporado a la investigación procede de un mando de la Guardia Civil.
El teniente coronel Miguel Lobo, responsable de operaciones de la Comandancia de Ceuta, declaró ante la magistrada que la noche anterior a la entrada masiva se observó la presencia de seis embarcaciones marroquíes en las proximidades de la ciudad.
El despliegue, según su relato, incluía patrulleras y embarcaciones interceptoras.
El mando señaló además que los agentes marroquíes no estaban actuando para contener los movimientos de personas que se dirigían hacia la frontera.
La presencia de esas embarcaciones adquiere interés porque la jueza también ha solicitado al Ministerio de Defensa información sobre posibles entradas de buques militares marroquíes en aguas territoriales españolas entre el 29 de julio y el 10 de agosto.
Este punto todavía debe esclarecerse.
Observar embarcaciones marroquíes frente a Ceuta no demuestra, por sí solo, que penetraran en aguas españolas ni que participaran en una operación para facilitar las entradas.
Pero el testimonio ha llevado la investigación a examinar también la dimensión marítima de la crisis.
Tres testigos reconocen a responsables marroquíes en fotografías
Una de las diligencias más recientes puede ayudar a determinar quiénes estaban presentes en el lado marroquí durante las jornadas investigadas.
Tres ciudadanos de Marruecos que entraron en Ceuta el 30 de julio han prestado declaración policial y han sido citados a comparecer ante la magistrada.
Los tres identificaron en fotografías a distintas autoridades marroquíes que se encontraban en la frontera o en sus inmediaciones.
Entre las personas reconocidas figura el responsable administrativo de Castillejos, conocido como bacha, además de mandos policiales.
Uno de los testigos, antiguo integrante de la Gendarmería, afirmó haber visto al responsable local hablando por teléfono y transmitiendo indicaciones a agentes.
Sin embargo, los testimonios presentan un límite probatorio importante.
Reconocer a un funcionario en una fotografía no equivale a demostrar que esa persona organizó la entrada masiva.
De hecho, uno de los declarantes aseguró que nadie le dio instrucciones para cruzar, aunque tampoco fue interceptado por los agentes marroquíes que se encontraban en la zona.
La magistrada deberá determinar qué hechos presenciaron realmente, qué personas pueden identificarse con certeza y si sus declaraciones permiten establecer alguna actuación coordinada.
Los responsables de Ceuta denuncian pasividad y falta de medios
Las declaraciones judiciales de tres consejeros del Gobierno de Ceuta han añadido otra perspectiva a la investigación.
Alberto Ramón Gaitán, Nabila Benzina y Alejandro Ramírez comparecieron el martes 27 de octubre para explicar cómo vivieron y gestionaron la llegada masiva de personas.
Según sus testimonios, las fuerzas de seguridad marroquíes mantuvieron una actitud de pasividad mientras miles de personas se dirigían hacia la frontera.
Describieron escenas de agentes que permanecían tumbados sobre toallas, consultaban sus teléfonos móviles o no intervenían ante el paso de los grupos.
Los consejeros también aseguraron que las autoridades ceutíes habían solicitado al Gobierno central mayores recursos de seguridad antes de la crisis.
Esta afirmación introduce otro elemento que deberá contrastarse mediante documentos: cuándo se formularon esas peticiones, qué medios se solicitaron y qué respuestas recibieron.
La Ciudad Autónoma ha cifrado en unos 45 millones de euros los costes extraordinarios derivados de la crisis, incluyendo refuerzos de servicios públicos, asistencia y otras actuaciones.
La jueza exige conocer los destinatarios exactos de dos notas secretas
El nuevo requerimiento judicial no se limita a solicitar información general sobre la crisis.
La magistrada quiere conocer los destinatarios concretos de dos comunicaciones del CNI, fechadas el 27 y el 30 de julio.
También reclama las horas de envío, las constancias de recepción y las comunicaciones posteriores relacionadas con los acontecimientos.
La investigación persigue reconstruir el recorrido de la información desde los servicios de inteligencia hasta los responsables políticos y policiales.
La documentación solicitada puede ayudar a responder varias preguntas: qué advertía exactamente el CNI antes del 30 de julio, qué autoridades recibieron las comunicaciones, qué medidas de seguridad se adoptaron, qué información se intercambió con los servicios marroquíes y qué se sabía sobre la posible actuación de agentes y embarcaciones de Marruecos.
La jueza considera esos documentos necesarios para esclarecer los hechos.
El Consejo de Ministros ya había autorizado la desclasificación de una primera remesa de material en septiembre, pero la magistrada considera insuficiente la información recibida hasta ahora.
La investigación está pasando de una pregunta general —si existían avisos— a otra mucho más concreta: quién conoció cada aviso y qué hizo después.
Una causa bajo especial protección judicial
A comienzos de octubre, María Tardón adoptó medidas para reforzar la reserva de las investigaciones policiales.
La magistrada justificó esa decisión por el riesgo de interferencias externas y ordenó que determinados avances se comunicaran directamente al juzgado y a la Fiscalía.
La medida refleja la sensibilidad del procedimiento, en el que se examinan actuaciones de las fuerzas de seguridad, información clasificada y posibles vínculos con responsables de instituciones extranjeras.
La causa se abrió tras una denuncia de Iustitia Europa y se centra en esclarecer si pueden existir conductas delictivas relacionadas con la integridad territorial del Estado.
No obstante, la apertura de diligencias no equivale a demostrar que se cometió un delito ni a establecer responsabilidades penales.
La investigación continúa en fase de recopilación y valoración de pruebas.
Casi 80.000 entradas y una crisis humanitaria de enormes dimensiones
El origen de la investigación es la entrada masiva de personas desde Marruecos hacia Ceuta los días 30 y 31 de julio de 2026.
Las cifras publicadas durante la crisis se sitúan en torno a las 80.000 personas, aunque los balances varían según las fuentes y el periodo contabilizado.
Numerosas personas intentaron alcanzar territorio español por mar, bordeando el espigón del Tarajal, mientras otras accedieron por distintos puntos de la frontera terrestre.
La situación desbordó los dispositivos habituales de control, recepción y asistencia.
Las jornadas dejaron además un elevado número de fallecimientos asociados a los intentos de entrada, cuya contabilización completa y circunstancias forman parte de las cuestiones que requieren esclarecimiento.
La dimensión humana es inseparable de la investigación.
Miles de personas se expusieron a peligros extraordinarios, especialmente durante los cruces a nado, y los servicios públicos de Ceuta tuvieron que afrontar una emergencia de enorme magnitud.
Determinar si existieron decisiones que facilitaron deliberadamente esos movimientos no solo tiene relevancia política o diplomática. También resulta esencial para comprender los riesgos que afrontaron quienes intentaron cruzar.
Lo que sabemos y lo que todavía no está demostrado
La documentación y los testimonios conocidos permiten establecer varias conclusiones provisionales.
Primero. Existieron avisos sobre convocatorias para acceder masivamente a Ceuta antes del 30 de julio.
Segundo. El CNI trasladó información a responsables españoles y a los servicios de inteligencia marroquíes.
Tercero. La Policía Nacional ha documentado comportamientos de agentes marroquíes que considera compatibles con una actitud permisiva y, en determinados casos, con una posible participación activa en el desplazamiento de personas hacia la frontera.
Cuarto. Mandos policiales, guardias civiles y responsables del Gobierno ceutí han declarado sobre la pasividad de las fuerzas marroquíes y sobre circunstancias que consideran anómalas.
Quinto. El Ministerio del Interior sostiene que no recibió avisos capaces de anticipar la magnitud de la crisis, una posición que deberá contrastarse con el contenido y los destinatarios de las comunicaciones.
Lo que no está demostrado es que el Gobierno de Marruecos ordenara organizar la entrada masiva, que el Ejecutivo español conociera de antemano su dimensión exacta o que existiera una decisión deliberada de permitirla por parte de responsables españoles.
Confundir estas sospechas con hechos acreditados debilitaría una investigación que, precisamente, está tratando de resolverlas.
Las preguntas que ahora debe responder la Justicia
La crisis de Ceuta ya no se investiga únicamente como un episodio de desbordamiento fronterizo.
La Audiencia Nacional está examinando si hubo una actuación organizada desde Marruecos y si las autoridades españolas dispusieron de información suficiente para anticipar una emergencia de dimensiones extraordinarias.
Las próximas pruebas pueden resultar decisivas.
La documentación del CNI permitirá reconstruir la cadena de avisos. Los testimonios policiales pueden ayudar a identificar a los participantes en los acontecimientos. Y la información sobre las embarcaciones marroquíes contribuirá a esclarecer qué ocurrió también en el ámbito marítimo.
Pero el principal interrogante permanece abierto.
Si los servicios de inteligencia habían detectado las convocatorias y Marruecos conocía lo que se estaba preparando, ¿por qué la frontera terminó desbordada de aquella manera?
La respuesta puede encontrarse en la valoración de los riesgos, en las decisiones adoptadas, en la capacidad real de respuesta o en actuaciones que todavía no se han esclarecido.
Lo que está en juego no es únicamente determinar quién conocía una alerta.
Es reconstruir cómo se produjo una de las mayores crisis fronterizas recientes de España, qué responsabilidad correspondió a cada institución y si las pruebas permiten establecer que hubo algo más que una sucesión de decisiones insuficientes y circunstancias excepcionales.
La jueza ha pedido los documentos. La Policía ha aportado imágenes. Los mandos han declarado. Ahora falta conocer qué ocurrió entre los primeros avisos y las decenas de miles de personas que terminaron cruzando hacia Ceuta.
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