Una asociación animalista pide anular el programa de control 2026-2027 y cuestiona su base científica. El Principado defiende que Asturias tiene entre 412 y 460 lobos y casi 3.900 reses atacadas en un año. El recurso no paraliza por ahora las extracciones, que ya han comenzado
La guerra por el lobo vuelve a abrirse en Asturias cuando el nuevo programa de control apenas acaba de empezar a aplicarse.
La Asociación Nacional para la Protección y el Bienestar de los Animales ha presentado un recurso potestativo de reposición contra la resolución de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria que autoriza la extracción de un máximo de 67 lobos durante el programa 2026-2027.
La organización pide directamente la nulidad de la resolución y sostiene que el Principado no dispone de una base científica suficientemente sólida para justificar un control poblacional de esa magnitud.
El recurso llega, además, cuando el plan ya ha comenzado a ejecutarse.
A finales de septiembre, el Gobierno asturiano había informado de que desde la puesta en marcha del programa, el pasado 3 de septiembre, los agentes medioambientales habían abatido siete lobos, tres en el oriente y cuatro en el occidente. Otro ejemplar apareció muerto durante ese mismo periodo en la zona occidental.
Es decir, la polémica ya no gira alrededor de una previsión sobre el papel.
Los controles están en marcha.
67 lobos sobre una población estimada de hasta 460
El número que concentra toda la controversia es el 67.
El programa aprobado por Medio Rural fija esa cifra como máximo de ejemplares que pueden ser extraídos y toma como referencia una población mínima estimada de 412 lobos, aunque los cálculos oficiales sitúan la población entre 412 y 460 ejemplares.
Asturias identifica actualmente 50 manadas, de las que 46 serían reproductoras. Los técnicos estudian además la posible existencia de otros cinco grupos.
Según los datos manejados por el Principado, el lobo ocupa aproximadamente el 83% del territorio asturiano, con presencia en alrededor de 8.300 kilómetros cuadrados.
La Administración autonómica sostiene también que la población ha experimentado un crecimiento importante durante las últimas décadas. A comienzos de siglo se contabilizaban 22 manadas.
Desde esa perspectiva, el Gobierno del Principado considera que las extracciones son una herramienta para intentar compatibilizar la conservación del lobo con la supervivencia de la ganadería extensiva.
La asociación recurrente cuestiona precisamente esa conclusión.
Casi 3.900 reses atacadas en un año
Al otro lado del conflicto están los ganaderos.
Los datos oficiales correspondientes a 2025 reflejan daños atribuidos al lobo sobre 3.893 cabezas de ganado bovino, ovino, caprino y equino.
La cifra supone un incremento considerable respecto a años anteriores.
Las indemnizaciones pagadas por estos ataques alcanzaron aproximadamente 1,91 millones de euros.
Y los daños no se producen por igual en toda Asturias.
La zona de El Palo-Esva acumuló más de un millar de reses afectadas. También se registraron cifras importantes en las áreas sin gestión específica, el centro-occidente, el centro-oriente, la zona central y el noroccidente.
Precisamente esos datos son utilizados por Medio Rural para determinar dónde deben concentrarse los controles.
Así se reparten los 67 ejemplares
El programa establece diferentes límites según las zonas.
En el área noroccidental pueden extraerse hasta 7 lobos; en El Palo-Esva, 8; en el suroccidente, 4; en el centro-occidente, 8; en la zona central, 8; en el centro-oriente, 9; y en el área de Picos de Europa situada fuera del parque nacional, otros 5.
Las zonas sin gestión específica concentran el mayor cupo: 18 ejemplares.
La suma alcanza los 67 lobos que ahora vuelven a situarse en el centro de la polémica.
Los controles pueden realizarse mediante aguardos o recechos selectivos efectuados por agentes medioambientales o personal autorizado, durante determinadas acciones cinegéticas y, cuando se considere necesario, mediante actuaciones coordinadas específicas.
La asociación cuestiona la base científica
El recurso ataca uno de los elementos fundamentales del programa: la justificación científica utilizada para establecer el número de ejemplares que pueden ser eliminados.
La asociación sostiene que los propios documentos administrativos reconocen limitaciones a la hora de comparar directamente determinados datos de población obtenidos en distintos periodos.
A partir de ahí concluye que, a su juicio, no existe suficiente rigor científico para justificar la extracción de 67 ejemplares.
También defiende que las poblaciones de lobos cuentan con mecanismos sociales y biológicos propios de regulación y rechaza la idea de que pueda hablarse de una simple reproducción descontrolada que obligue a reducir su número.
Son, en cualquier caso, los argumentos de la organización recurrente, no una conclusión administrativa ni judicial.
El Principado sostiene exactamente lo contrario
Medio Rural defiende que dispone de uno de los sistemas de seguimiento de la especie más prolongados de España.
El Principado realiza estudios de población desde 1986, mediante censos, seguimiento de manadas y colaboración con investigadores especializados.
La Consejería entiende que esos trabajos permiten acreditar una población viable y disponer de información suficiente para adoptar medidas de gestión.
El conflicto entra así en un terreno mucho más complejo que el simple debate entre partidarios y detractores del lobo.
La discusión es también científica:
cuántos lobos hay realmente, cómo evoluciona su población y cuántos pueden extraerse sin poner en riesgo su conservación.
Mastines, cierres y prevención frente a los controles
La asociación que ha presentado el recurso propone sustituir las extracciones por un mayor esfuerzo preventivo.
Entre sus propuestas aparecen más ayudas para instalar cerramientos, mejorar y reparar apriscos y facilitar mastines a las explotaciones ganaderas.
También defiende capturas controladas para trasladar determinados ejemplares a otros territorios.
El Principado responde que la prevención ya forma parte de su política y que existen ayudas destinadas a financiar medidas de protección de las explotaciones, además del sistema de indemnizaciones por ataques.
Y ahí reaparece una de las preguntas que lleva años recorriendo el campo asturiano:
¿es suficiente proteger mejor al ganado o también resulta necesario controlar el número de lobos?
Los tribunales ya han tumbado programas anteriores
El nuevo recurso aparece además después de varios reveses judiciales sufridos por anteriores programas de control.
El Tribunal Supremo anuló el programa correspondiente a 2022-2023 al considerar que las medidas previstas no encajaban en el régimen de protección jurídica que tenía entonces la especie.
Posteriormente también fue anulado el programa 2025-2026 por problemas relacionados con su cobertura normativa.
El Gobierno asturiano reaccionó modificando su Plan de Gestión del Lobo para adaptarlo al nuevo marco legal y sostiene que el actual programa se ha diseñado con plenas garantías jurídicas.
Las organizaciones conservacionistas discrepan.
Y no es el único frente abierto.
Otros colectivos ecologistas ya han presentado un recurso contencioso-administrativo contra el programa 2026-2027 y han solicitado judicialmente su suspensión cautelar.
El recurso no paraliza las extracciones
Este punto es especialmente importante.
La presentación del nuevo recurso no significa que el programa haya quedado suspendido.
No consta que las extracciones hayan sido paralizadas como consecuencia de esta reclamación administrativa.
Mientras las impugnaciones siguen su recorrido, los controles continúan pudiendo ejecutarse dentro de los límites establecidos por el Principado.
A finales de septiembre ya se había alcanzado aproximadamente el 12% del cupo previsto, con siete ejemplares abatidos.
El programa permanecerá vigente hasta finales de 2027 salvo que una resolución administrativa o judicial determine lo contrario.
Un conflicto que no admite soluciones sencillas
Reducir el debate a una pelea entre ganaderos y ecologistas resulta demasiado fácil.
Asturias tiene una población significativa de lobos.
También tiene miles de explotaciones ganaderas que sostienen una parte fundamental de la economía y del paisaje rural.
Los ataques existen.
Las pérdidas existen.
Las indemnizaciones cuestan millones de euros.
Y, al mismo tiempo, la conservación del lobo está sometida a obligaciones legales y ambientales que las administraciones deben cumplir.
Los tribunales ya han demostrado además que no basta con decidir cuántos ejemplares se eliminan: hay que justificar jurídicamente y científicamente por qué se hace.
Por eso los 67 lobos del actual programa representan mucho más que una cifra.
En ellos confluyen ganadería, conservación, ciencia, política rural, dinero público y Derecho.
Siete lobos menos y una batalla que acaba de empezar
Por ahora hay una realidad inmediata.
El Principado mantiene su programa.
Los controles han comenzado.
Los ganaderos continúan denunciando ataques.
Las organizaciones animalistas y conservacionistas siguen recurriendo las medidas.
Y los tribunales vuelven a aparecer en el horizonte.
La gran discusión ya no consiste únicamente en decidir si Asturias debe controlar su población de lobos.
La batalla que vuelve a abrirse es mucho más concreta:
si el Principado puede demostrar que existen razones científicas, jurídicas y ganaderas suficientes para justificar la extracción de 67 ejemplares.
Mientras esa respuesta llega, los lobos continúan siendo abatidos y el conflicto vuelve a dividir, una vez más, al campo asturiano.
