El pulso entre Asturias y el Estado por el peaje del Huerna sigue subiendo de tono. El Gobierno del Principado de Asturias ha remitido una nueva comunicación formal al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en la que reitera, sin matices, la exigencia de suspender temporalmente el peaje de la AP-66 ante el grave deterioro del nivel de servicio provocado por las obras y las incidencias continuas en la red viaria alternativa.
No es un gesto simbólico ni una carta más. Es la continuación directa del escrito enviado el pasado 5 de febrero y de una cadena de reclamaciones acumuladas durante meses. El mensaje del Principado es claro: no se puede cobrar como si nada estuviera pasando cuando la autopista funciona peor y no hay una alternativa real gratuita.
Obras, restricciones y tiempos de viaje disparados
El Ejecutivo autonómico detalla que la autopista del Huerna lleva meses afectada de forma simultánea y prolongada por dos frentes críticos:
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Las obras de modernización de los túneles, con reducciones de carril, circulación por calzada contraria, estrechamientos y límites de velocidad.
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Las actuaciones de emergencia y estabilización del talud tras el desprendimiento de noviembre de 2024, que han agravado todavía más la situación.
Según los datos oficiales de Tráfico, estas actuaciones han generado retenciones recurrentes, velocidades anormalmente bajas y aumentos significativos del tiempo de recorrido, afectando de lleno a la fluidez de la principal conexión entre Asturias y la Meseta.
Dicho de otro modo: se paga peaje por un servicio claramente degradado.
La alternativa gratuita tampoco responde
El Principado subraya además un factor clave: la red alternativa gratuita no está en condiciones de absorber el tráfico. Especialmente la N-630 por el puerto de Pajares, donde este invierno se han sucedido:
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Restricciones al tráfico pesado.
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Obligación de cadenas o neumáticos de invierno.
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Cortes puntuales por nieve y hielo.
A esto se suma un nuevo elemento que refuerza la reclamación: el desprendimiento registrado la pasada semana en la N-630, que obligó a habilitar un paso alternativo regulado, generando retenciones importantes y una nueva merma de capacidad en la única vía sin peaje.
Resultado: ni autopista en condiciones ni alternativa viable.
El argumento jurídico: pagar solo si el servicio es proporcional
El Principado no solo apela al sentido común, sino también al derecho. En su escrito recuerda la reciente jurisprudencia derivada de una sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña, basada en la doctrina del Tribunal Supremo, en relación con la AP-9.
Esa resolución consolida un principio clave:
el peaje debe ser proporcional al nivel de servicio prestado, y cuando ese servicio se ve gravemente afectado de forma acreditada, la Administración debe corregir el desequilibrio.
Con ese respaldo jurídico, Asturias pide al ministerio que analice específicamente la situación actual de la AP-66 y adopte medidas inmediatas:
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Suspensión temporal del peaje, o
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Sistemas de compensación proporcional en los días en los que la fluidez esté claramente comprometida.
Dos frentes abiertos, una misma reclamación
El Gobierno autonómico recuerda además que esta exigencia no tiene nada que ver con el otro gran frente político y jurídico: la impugnación de la prórroga de la concesión del Huerna, actualmente en revisión de oficio.
Son dos vías distintas y compatibles:
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Una, estructural y de fondo, sobre la legalidad de la prórroga.
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Otra, inmediata y práctica, sobre qué hacer mientras los conductores pagan por un servicio mermado.
El fondo del conflicto
Lo que Asturias pone sobre la mesa es una pregunta incómoda para el Estado:
¿Es justo mantener un peaje íntegro cuando la autopista funciona a medio gas y no hay alternativa segura y fluida?
El Principado insiste en que no se trata de una batalla política, sino de equidad, proporcionalidad y respeto a los usuarios. Y avisa, implícitamente, de que el debate no va a desaparecer mientras el Huerna siga siendo un cuello de botella… con peaje.
