La Autoridad Portuaria ejecuta el desalojo alegando riesgo y falta de seguridad; colectivos por la vivienda denuncian “un castigo a la pobreza” y señalan la crisis habitacional

Una embarcación amarrada en un muelle puede ser una postal turística… o el último refugio cuando ya no queda nada más. Esa línea fina se rompió este martes en el Muelle Deportivo de Las Palmas de Gran Canaria, donde Margarita, una mujer asturiana de 71 años, fue desalojada del velero en el que vivía desde hace años y que, de facto, se había convertido en su hogar.

El operativo, ejecutado por Puertos de Las Palmas (Autoridad Portuaria), se desarrolló en un ambiente de tensión: presencia de Guardia Civil y Policía Portuaria, discusión prolongada en el pantalán, gritos de apoyo desde el muelle y el momento final, cuando Margarita y la persona que la acompañaba fueron retiradas del barco mientras ella suplicaba que no la sacaran.

La escena ha encendido una mecha que ya estaba prendida: la de quienes viven en barcos por pura necesidad en una ciudad donde el alquiler se ha convertido en una barrera casi insalvable para miles de personas.

Qué pasó: un desalojo con protesta y un final abrupto

Según relatan los asistentes y las crónicas del desalojo, la mañana avanzó entre intentos de negociación, reproches y un pulso de legitimidades: la autoridad del puerto frente a la realidad social de una mujer mayor, sola y sin alternativa habitacional clara.

En el muelle se concentraron colectivos vinculados al derecho a la vivienda y a la defensa de quienes residen en embarcaciones, que corearon consignas de apoyo a Margarita y denunciaron que se estaba actuando contra una persona vulnerable “sin una salida real”.

La imagen —una mujer mayor llorando en cubierta mientras le anuncian que tiene que abandonar el barco— es de esas que no se explican con un expediente administrativo.

La versión oficial: “riesgo para su vida y para el entorno”

La Autoridad Portuaria sostiene que el desalojo no se debe al uso residencial del barco, sino a razones técnicas y de seguridad. En su argumentario figuran problemas relacionados con:

• Conservación y mantenimiento del casco

• Higiene y acumulación de residuos

• Flotabilidad y seguridad

• Ausencia o carencia de elementos considerados esenciales para la navegación, según distintas comunicaciones públicas

El mensaje de fondo es contundente: el puerto afirma que permitir que alguien viva ahí podría suponer un peligro, y que por eso interviene.

La respuesta de los colectivos: “Esto va de vivienda, no de pintura”

Los colectivos que se movilizaron por el caso rechazan el relato oficial y lo consideran una coartada. Aseguran que la embarcación podía mantenerse a flote y que el problema real es otro: que vivir en un barco se ha convertido en la última puerta abierta para quienes no pueden pagar un alquiler.

Denuncian además que el desalojo se enmarca en una estrategia de endurecimiento contra el uso habitacional de los pantalanes del Muelle Deportivo y advierten de que no es un caso aislado: en la zona habría decenas —incluso cientos— de personas en situaciones similares, algunas empadronadas y con su vida metida literalmente en una cabina.

El conflicto, por tanto, no es solo jurídico. Es político, social y moral: ¿qué haces con la gente cuando la ciudad expulsa?

Quién es Margarita: duelo, precariedad y un refugio a la deriva

Margarita trabajó como transportista y lleva décadas vinculada a Canarias. Su entorno describe un punto de quiebre personal tras la muerte de su hijo por cáncer. Desde entonces, su vida se fue estrechando hasta quedar reducida a lo básico: una pensión insuficiente para una vivienda convencional y un velero como última solución estable.

Para ella, el barco no era un capricho romántico ni una vida bohemia: era la única forma de no dormir en la calle.

Y ahora qué: una pensión como parche y la incógnita del día después

Tras el desalojo, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria activó una respuesta de urgencia: alojamiento temporal en una pensión y seguimiento por servicios sociales para valorar opciones a corto plazo.

Pero el gran interrogante no se resuelve con una noche bajo techo: ¿qué pasa mañana? ¿Y la semana que viene? ¿Y cuando se acabe la solución provisional?

Los colectivos advierten de que, si la ciudad solo ofrece parches, el siguiente episodio es previsible: otra persona desalojada, otro barco, otro muelle.

El fondo del asunto: cuando el puerto se convierte en termómetro social

Este caso ha estallado porque condensa varias crisis a la vez:

• Crisis de vivienda: alquileres altos, poca oferta, precariedad.

• Soledad y vulnerabilidad: envejecimiento, salud, duelo, falta de red familiar.

• Choque institucional: competencias repartidas entre puerto, ministerio y ayuntamiento.

• Espacios en disputa: un muelle deportivo pensado para ocio frente a su uso como refugio.

Y, sobre todo, una pregunta incómoda: si vivir en un barco es “inadmisible”, ¿qué alternativa real se ofrece a quien no puede pagar una casa?

Un desalojo que abre una grieta mayor

El velero ya no es la casa de Margarita. El puerto insiste en que actuó por seguridad. Los colectivos sostienen que la seguridad era una excusa y que lo ocurrido es, en realidad, un desahucio de la pobreza.

Lo indiscutible es esto: una mujer de 71 años ha perdido el único lugar donde dormía, y el debate sobre quién tiene derecho a quedarse —y dónde— acaba de ganar una cara muy concreta.