El Ejecutivo empezará a diseñarla en semanas, será voluntaria por concejos y amenaza con romper la sintonía con Otea

Asturias ha entrado de lleno en el debate que ya ha sacudido a otros grandes destinos: la implantación de una tasa turística. El Gobierno del Principado ha dejado claro que no se trata de una idea a largo plazo ni de un globo sonda. La voluntad política es firme y el trabajo técnico arrancará “en semanas”, con el objetivo de definir un modelo propio que permita a los ayuntamientos cobrar un canon por pernoctación a los visitantes.

El anuncio ha llegado tras la primera reunión entre la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, y el nuevo presidente de la patronal hostelera Otea, Javier Martínez. Un encuentro cordial, casi institucional, en el que la tasa turística no figuró en el orden del día, pero cuya sombra planea ya sobre la relación entre el Ejecutivo y el sector.

Una decisión política con calendario

El Gobierno regional no esconde sus cartas. La tasa turística forma parte del equilibrio parlamentario que sostiene los presupuestos autonómicos y responde, además, a una estrategia más amplia: dotar a los concejos de nuevas herramientas de financiación ligadas al turismo y avanzar hacia un modelo que, según el Ejecutivo, permita sostener servicios públicos, infraestructuras y promoción sin cargar todo el coste sobre los residentes.

La idea que se maneja en estos momentos es clara en un punto clave: la tasa será voluntaria. No se aplicará de forma automática en toda Asturias, sino que cada ayuntamiento decidirá si la activa o no, atendiendo a su realidad turística. Un enfoque que busca evitar un agravio a los concejos rurales con baja presión turística y concentrar el impacto en zonas con alta afluencia de visitantes.

El elefante en la habitación: el rechazo empresarial

Si el Gobierno pisa el acelerador, la patronal pisa el freno. Otea mantiene una oposición frontal a la medida, a la que ha llegado a calificar como “un impuesto a las vacaciones”. Los empresarios temen que encarecer las estancias reste competitividad a Asturias frente a otros destinos del norte y penalice especialmente a un sector que, recuerdan, sostiene miles de empleos y ha atravesado años complejos de recuperación.

La preocupación no es solo económica. En el sector existe inquietud por la falta de concreción: no se conocen cuantías, ni exenciones, ni el destino exacto de los fondos recaudados. Tampoco si habrá diferencias entre hoteles, alojamientos rurales, campings o apartamentos turísticos. Esa indefinición alimenta la desconfianza y explica por qué la tasa, aunque no se habló en la reunión, fue el tema más comentado tras ella.

Un modelo inspirado fuera… pero adaptado a Asturias

El Ejecutivo regional mira a experiencias ya consolidadas en otras comunidades y en Europa, donde este tipo de tasas se utilizan para financiar desde la limpieza urbana hasta proyectos medioambientales o de promoción turística. Sin embargo, en Asturias insisten en que no habrá copia y pega.

La heterogeneidad del territorio —con picos de saturación en la costa en verano y amplias zonas del interior con turismo estacional o limitado— obliga a diseñar un sistema flexible. De ahí la apuesta por la voluntariedad municipal y por un proceso de diálogo previo con ayuntamientos y agentes del sector.

Una relación en tensión contenida

La reunión entre Llamedo y la nueva dirección de Otea sirvió para escenificar normalidad. Se habló de los bonos de turismo rural, de ayudas a la eficiencia energética y de la presencia de Asturias en Feria Internacional de Turismo, la gran cita del sector en Madrid. Todo, menos la tasa.

Pero el silencio no disipa el conflicto. Gobierno y patronal son conscientes de que el debate llegará pronto y que pondrá a prueba una relación que hasta ahora había sido fluida. El Ejecutivo defiende que escuchar no significa renunciar. Otea avisa de que no aceptará el impuesto sin plantar batalla.

Lo que viene ahora

En las próximas semanas, el Principado abrirá conversaciones con los concejos para conocer su disposición a aplicar la tasa y comenzará a perfilar el marco legal que la haría posible. El objetivo no declarado, pero evidente, es que el sistema pueda estar listo para entrar en vigor en un horizonte cercano, posiblemente ligado a la temporada alta.

Asturias se asoma así a un cambio de calado en su política turística. La pregunta ya no es si habrá tasa, sino cómo será, dónde se aplicará y si el Gobierno logrará imponerla sin romper puentes con el sector. El debate está servido y promete convertirse en uno de los grandes focos de tensión política y económica del año.