El Gobierno del Principado ha elevado el tono contra el acuerdo anunciado entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras para reformar la financiación autonómica. El consejero de Hacienda y portavoz del Ejecutivo asturiano, Guillermo Peláez, reclamó la convocatoria inmediata del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y avisó de que el nuevo modelo “no puede ser un contrato de adhesión”, en referencia a un esquema pactado primero con ERC y después presentado al resto de comunidades.

La reacción tiene un componente especialmente llamativo: Asturias está gobernada por el PSOE, el mismo partido que lidera el Gobierno central. Aun así, el Principado exige que cualquier reforma se negocie de forma multilateral y con la participación efectiva de todos los territorios.

Qué es lo que ha encendido la mecha

El acuerdo entre Moncloa y ERC se ha difundido con dos ideas-fuerza:

• Ordinalidad: Cataluña debería mantener una posición similar en el reparto final de recursos a la que ocupa en aportación fiscal.

• 4.700 millones más para Cataluña: ERC sostiene que el nuevo modelo daría a la Generalitat 4.700 millones de euros adicionales, lo que equivaldría a un 12% más de capacidad presupuestaria.

El problema, y ahí Asturias clava el diente, es que no se conoce aún la letra pequeña: de dónde sale el dinero, qué fórmulas se usarán, cómo queda el “ranking” de comunidades y qué ocurre con la solidaridad interterritorial.

Peláez: “Lo que afecta a todos, debe negociarse entre todos”

El consejero asturiano sostiene que la financiación autonómica debe garantizar que todas las comunidades puedan sostener servicios públicos de calidad en un plano de igualdad, y que el modelo debe incorporar las necesidades específicas de territorios como Asturias, marcados por el envejecimiento, la dispersión y el mayor coste de prestar sanidad, educación o dependencia en zonas con población muy repartida.

En ese marco, Peláez pide el CPFF no como un trámite, sino como el lugar real de negociación. En otras palabras: Asturias no quiere que Hacienda llegue con el plato ya servido y diga “esto es lo que hay”.

El “bloque de Santiago”: Asturias se agarra a una alianza que ya existe

El Principado no habla solo. Peláez recordó que la posición de Asturias pasa por defender los acuerdos adoptados en la Junta General y por la llamada Declaración de Santiago, firmada por un grupo de ocho comunidades que llevan años reclamando que el modelo de financiación tenga en cuenta el coste real de los servicios y variables como:

• dispersión de la población,

• superficie,

• envejecimiento y sobreenvejecimiento,

• baja densidad demográfica,

• y otros factores que encarecen el Estado del bienestar en territorios menos poblados.

Ese bloque, con gobiernos de distinto signo, se formó precisamente para evitar que el reparto se decida solo por peso poblacional o por fuerza política coyuntural en Madrid.

Por qué este choque puede ir a más

La clave política es sencilla: el pacto con ERC no se queda en Cataluña, porque cualquier reforma del modelo afecta al conjunto del Estado. Y el CPFF se convierte ahora en el ring donde:

• el Gobierno intentará vender que el nuevo sistema beneficia a todas,

• varias comunidades exigirán saber qué ganan y qué pierden,

• y el PP, que gobierna en muchas autonomías, buscará convertir el acuerdo en un símbolo de “cesión al independentismo”.

A la vez, hay un factor técnico que lo complica todo: para que el nuevo modelo sea real, harán falta reformas legislativas de calado y mayorías parlamentarias sólidas. Es decir, esto no se arregla con una foto en Moncloa y dos frases contundentes: hay que pasar por el Congreso y por la negociación autonómica.

¿Qué se juega Asturias exactamente?

Asturias teme quedar atrapada en un modelo en el que la ordinalidad —si se aplica con fuerza— reordene el reparto y deje a comunidades con necesidades estructurales más caras (por demografía y territorio) con menos margen para financiar servicios.

Dicho sin eufemismos: el Principado quiere garantías de que el sistema no se convierta en un “pago por estabilidad parlamentaria” que termine perjudicando a regiones con menor capacidad de presión política, pero con grandes costes públicos.

Una grieta incómoda dentro del PSOE

La reacción asturiana también deja una imagen difícil para el PSOE: un gobierno autonómico socialista marcando distancias con un acuerdo impulsado por un Ejecutivo socialista. Y lo hace, además, con una frase muy agresiva en términos institucionales: “contrato de adhesión”.

Eso no es una crítica técnica: es una acusación política de fondo. Viene a decir: “No nos podéis pedir que firmemos a ciegas algo que habéis pactado primero con otros”.

Qué pasa ahora

El siguiente paso será el CPFF, donde Hacienda tendrá que poner números y explicar el esquema con detalle. Ese momento decidirá si el choque se desinfla —porque el modelo realmente mejora recursos y equilibra solidaridad— o si se convierte en una batalla abierta entre territorios.

Hasta entonces, Asturias ya ha dejado claro su mensaje: la financiación autonómica no se firma como quien acepta las cookies de una web. Aquí, o se negocia de verdad, o habrá bronca.