El acuerdo anunciado esta semana entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, sobre la reforma del sistema de financiación autonómica ha provocado un terremoto político que va mucho más allá de Cataluña. El pacto introduce por primera vez de forma explícita el principio de ordinalidad, promete 4.700 millones de euros adicionales para la Generalitat y abre la puerta a una financiación con “singularidad catalana”, aunque deja sin cerrar el elemento más sensible del sistema: la recaudación del IRPF.

Un acuerdo político… con mucha letra pequeña pendiente

El núcleo del acuerdo es el compromiso del Gobierno con la ordinalidad: que Cataluña no pierda posiciones en el reparto de recursos en relación con lo que aporta al conjunto del Estado. En la práctica, significa que una comunidad que está entre las primeras en contribución fiscal no debería caer a los últimos puestos cuando se redistribuyen los fondos para financiar servicios públicos.

Este principio, largamente reivindicado por ERC, se traduce —según lo anunciado— en una mejora de 4.700 millones de euros anuales, aproximadamente un 12% más de capacidad presupuestaria para Cataluña. La cifra es políticamente potente, pero todavía no se ha explicado con detalle de dónde saldrá el dinero ni cómo afectará al resto de comunidades autónomas.

El Gobierno sostiene que el nuevo modelo será “singular” para Cataluña, pero generalizable al resto de territorios. Es decir, no se trataría de un privilegio exclusivo, sino de una reforma estructural del sistema de financiación autonómica de régimen común. Sin embargo, ese carácter general aún no se ha concretado en cifras ni en fórmulas comparables.

Solidaridad sí, pero con incógnitas

El acuerdo incorpora una cuota de solidaridad, un concepto clave para entender el equilibrio del sistema. La idea es que Cataluña, tras recibir recursos acordes a su aportación, siga contribuyendo al sostenimiento del conjunto del Estado y a la financiación de comunidades con menor capacidad fiscal.

El problema es que no se ha hecho pública la cuantía de esa cuota, ni cómo se compensarán las posibles pérdidas relativas de otras autonomías. Sin esos datos, es imposible saber si el nuevo modelo refuerza la solidaridad interterritorial o la limita en favor de la ordinalidad.

El gran escollo: quién recauda el IRPF

Donde el acuerdo se queda corto —y ERC lo reconoce abiertamente— es en la recaudación del IRPF. Los republicanos llevan meses exigiendo que la Generalitat pueda recaudar íntegramente este impuesto, que es la columna vertebral del sistema fiscal. Ese paso supondría un cambio de poder real: no solo más dinero, sino más control sobre los ingresos.

Por ahora, no hay acuerdo. El Gobierno no se ha comprometido a ceder la gestión total del IRPF y ERC mantiene esta cuestión como condición clave para negociar tanto los Presupuestos Generales del Estado como los catalanes. La Agencia Tributaria de Cataluña se está reforzando, pero el salto que implicaría gestionar decenas de miles de millones de euros sigue sin fecha ni respaldo legal cerrado.

El camino parlamentario: largo y empinado

Para que la reforma sea efectiva no basta con un acuerdo político. Será necesario modificar leyes orgánicas fundamentales, como la LOFCA, lo que exige mayoría absoluta en el Congreso. Eso obliga al PSOE y a ERC a recabar el apoyo de un amplio abanico de socios parlamentarios, en un contexto de alta tensión territorial.

Antes, el Ministerio de Hacienda —dirigido por María Jesús Montero— deberá presentar el modelo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde el Partido Popular ya ha expresado su malestar por haber conocido el pacto a posteriori y no de forma multilateral.

¿Qué supone para el resto de españoles?

El impacto real dependerá de cómo se articule el reparto final. Hay tres escenarios posibles:

• Que aumente el volumen total de recursos, lo que implicaría más gasto público o más ingresos del Estado.

• Que se redistribuya la tarta, con ganadores y perdedores entre comunidades.

• Que el acuerdo se quede en un ajuste parcial, útil para garantizar estabilidad política, pero insuficiente para una reforma profunda.

En cualquiera de los casos, el pacto marca un precedente: la financiación autonómica vuelve al centro del debate nacional, con Cataluña como punta de lanza y con la ordinalidad convertida en un principio político asumido por el Gobierno central.

Una alianza con lectura política clara

Para Junqueras, el acuerdo refuerza su perfil negociador frente a Junts y le permite exhibir resultados tangibles. Para Sánchez, supone oxígeno parlamentario y una imagen de sintonía con sus socios en un momento delicado de la legislatura.

Pero el verdadero examen aún no ha llegado. Hasta que no se conozcan los números, las leyes y el reparto final, el acuerdo seguirá siendo, a la vez, una promesa de reforma histórica y una fuente potencial de conflicto territorial.

Lo firmado abre una puerta. Lo que hay detrás todavía está por construirse.