La industria de defensa española atraviesa uno de sus momentos más delicados de los últimos años y Asturias se ha convertido en el epicentro de la tormenta. La decisión del Tribunal Supremo de admitir a trámite el recurso presentado por Santa Bárbara Sistemas ha provocado un auténtico shock político e industrial en el Principado, donde estaban llamados a materializarse algunos de los mayores proyectos fabriles del rearme español.
El recurso, presentado por la histórica empresa de armamento —hoy en manos del grupo estadounidense General Dynamics European Land Systems (GDELS)—, solicita como medida cautelar la suspensión de 3.000 millones de euros en préstamos públicos al 0% concedidos por el Gobierno a la UTE formada por Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E). Son fondos clave para poner en marcha los dos grandes programas de obuses autopropulsados destinados a modernizar el Ejército de Tierra.
La admisión a trámite no implica, por ahora, que esos créditos estén bloqueados. Pero abre un frente judicial sin precedentes que amenaza con paralizar decisiones, enfriar inversiones y alterar calendarios en un sector donde el tiempo es dinero… y poder.
El corazón del conflicto: 3.000 millones y dos programas clave
El choque gira en torno a dos líneas de financiación pública:
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Obuses autopropulsados sobre ruedas, con un crédito de 1.181 millones de euros.
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Obuses autopropulsados sobre cadenas, con otros 1.821 millones.
Ambos préstamos forman parte del gran paquete de 14.224 millones de euros aprobado por el Gobierno para impulsar la modernización de las Fuerzas Armadas mediante préstamos sin intereses. De ese total, Indra concentra cerca de 7.944 millones, ya sea en solitario o en consorcios, lo que la sitúa como principal beneficiaria del nuevo ciclo inversor.
No es un detalle menor: el Ejecutivo ha apostado por Indra como eje vertebrador de la industria de defensa española, una estrategia que choca frontalmente con los intereses de Santa Bárbara, empresa con décadas de presencia en España pero capital extranjero.
El Tallerón y Trubia: Asturias en el centro del tablero
La tensión se multiplica en Asturias porque los grandes proyectos amenazados tienen nombre y apellidos.
El Tallerón (Gijón)
La antigua planta de Duro Felguera, adquirida por Indra, es la gran apuesta industrial del Estado en el norte. Allí estaba previsto concentrar la fabricación de los nuevos sistemas terrestres del Ejército, con inversiones millonarias, empleo cualificado y la ambición de convertir Gijón en referente nacional de vehículos blindados.
Trubia (Oviedo)
A pocos kilómetros, Santa Bárbara mantiene su histórica fábrica de Trubia, especializada en blindados y piezas clave. Y aquí surge la paradoja que resume la crudeza del conflicto: las dos empresas que hoy se enfrentan en los tribunales son, al mismo tiempo, socias industriales.
Enemigos y socios a la vez: el caso Tess Defence
Indra y Santa Bárbara comparten mesa en Tess Defence, el consorcio encargado del vehículo 8x8 “Dragón”. Indra controla la mayoría del capital, mientras que Santa Bárbara, EM&E y SAPA participan como socios relevantes.
En ese programa, las barcazas del blindado se fabrican en Trubia y el ensamblaje final se realizará en El Tallerón. Es decir, Gijón y Trubia están condenadas a entenderse, aunque Madrid y los despachos jurídicos ardan.
Además, Tess Defence tiene en marcha otros proyectos, como el Vehículo de Apoyo de Cadenas (VAC), también respaldado por financiación pública. Todo ello convierte cualquier bloqueo financiero en una amenaza sistémica para el conjunto del sector.
El trasfondo político e industrial
El conflicto no nace de la nada. Desde hace más de un año, Indra y Santa Bárbara mantienen un enfrentamiento estratégico que estalló cuando la compañía española intentó adquirir la firma de Trubia y la operación fracasó. Desde entonces, la pugna es abierta.
Para el Gobierno, el objetivo es claro: reducir la dependencia de empresas extranjeras en un sector considerado estratégico, construir un gran actor nacional y aprovechar la ola de inversión europea en defensa. Indra, participada en torno a un 28% por el Estado a través de la SEPI, encaja perfectamente en ese diseño.
Para Santa Bárbara, en cambio, el esquema distorsiona la competencia, margina a otros actores y utiliza el poder del Estado para redibujar el mapa industrial.
Qué significa realmente la decisión del Supremo
Conviene subrayarlo: el Supremo no ha paralizado nada todavía. Lo que ha hecho es aceptar estudiar el recurso y decidir si concede o no la medida cautelar solicitada.
Pero en un sector como el de la defensa, la mera duda ya es un problema. Los programas militares requieren planificación a largo plazo, compromisos financieros sólidos y certezas jurídicas. Un proceso judicial prolongado puede bastar para retrasar inversiones, congelar contrataciones y sembrar incertidumbre entre proveedores y trabajadores.
Los escenarios que se abren
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No hay suspensión cautelar: los proyectos siguen, pero bajo una nube judicial que puede ralentizar decisiones clave.
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Suspensión parcial o total de los créditos: el golpe sería directo al calendario industrial de Indra en Gijón y al ecosistema auxiliar asturiano.
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Salida negociada: presión política e industrial para rebajar el conflicto y evitar que la guerra judicial termine dañando a todos.
Una batalla que va más allá de Asturias
Lo que está en juego no es solo una fábrica ni dos programas de obuses. Es el modelo de industria de defensa que España quiere construir, quién lo lidera, con qué dinero público y bajo qué reglas.
En Asturias, donde El Tallerón y Trubia simbolizan décadas de tradición industrial y una apuesta de futuro, la preocupación es palpable. Porque si este pulso se enquista, no solo peligran los planes de Indra, sino todo el relato de Asturias como gran polo del rearme industrial español.
Y esa es, quizá, la mayor amenaza de todas.
