Asturias afronta el mismo debate que recorre toda España: el empadronamiento de personas sin papeles, el acceso a servicios públicos y el temor a fraudes en ayudas sociales. Pero los datos muestran una realidad muy distinta a la del discurso alarmista.
Mientras el padrón municipal se convierte en un terreno de debate nacional, Asturias observa el fenómeno con una mezcla de preocupación, prudencia y una dosis de realidad estadística: en el Principado hay personas empadronadas sin permiso de residencia, pero la mayoría no accede a ayudas económicas y muy lejos queda la imagen del supuesto “descontrol masivo”.
Para entenderlo hay que desmontar el problema en tres capas: qué permite el padrón, qué no permite, y qué fraudes se han detectado en España —algunos reales, pero excepcionalmente minoritarios—.
El padrón: obligación legal, no premio económico
En toda España —y Asturias no es excepción— empadronarse no es un privilegio, sino una obligación administrativa básica para cualquier persona que resida en un municipio más de 6 meses al año.
Da igual si la persona:
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tiene DNI,
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está en situación irregular,
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vive de alquiler,
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o reside en una habitación realquilada.
El padrón sirve para que el municipio sepa quién vive realmente allí, porque de eso dependen:
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financiación municipal,
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número de médicos,
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plazas escolares,
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refuerzos de servicios sociales,
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planificación de transporte y limpieza.
En ciudades asturianas que ya sufren despoblación —como Avilés, Mieres, Langreo o incluso Gijón en algunos barrios muy envejecidos— tener un padrón ajustado a la realidad es vital para no perder recursos.
Este es el primer punto clave: empadronar no es una puerta a privilegios; es una herramienta de planificación municipal.
Qué derechos da el padrón… y cuáles no
Un empadronado en situación irregular puede:
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acceder a sanidad básica (Atención Primaria y urgencias),
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escolarizar a sus hijos,
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recibir atención social municipal,
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acreditar tiempo de residencia en España para futuros trámites.
Pero NO puede:
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cobrar Ingreso Mínimo Vital,
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acceder a la renta mínima autonómica sin residencia legal,
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recibir prestaciones contributivas,
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obtener ayudas de vivienda autonómicas de medio o largo alcance.
Para todas esas prestaciones se exige:
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residencia legal,
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tiempo mínimo empadronado,
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cruce de datos con Hacienda, Seguridad Social y bancos,
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documentación acreditativa.
En Asturias, por ejemplo, para acceder al Salario Social Básico se exige ser residente legal y estar empadronado al menos un año de manera continuada. El padrón es un requisito, pero está lejos de ser suficiente.
Asturias: ¿cuántas personas se empadronan sin papeles?
Asturias tiene una población extranjera relativamente baja comparada con otras comunidades. El porcentaje se mueve en torno al 7–8%, mientras que la media española se acerca ya al 20%.
En Oviedo, Gijón y Avilés se producen empadronamientos irregulares como en cualquier ciudad española, pero el volumen es moderado y, según técnicos municipales, no existe evidencia de fraude masivo en el Principado.
La principal razón del empadronamiento irregular en Asturias coincide con la de otras comunidades:
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acceso a sanidad,
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acceso a escolarización,
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y permitir que Extranjería no considere persona “en paradero desconocido”.
El acceso a ayudas económicas, por el contrario, no está al alcance de quienes no tienen residencia legal.
El fraude real: existen casos… pero no donde la gente cree
Donde sí hay actividad delictiva es en el negocio negro del empadronamiento.
Y ahí los casos más graves aparecen fuera de Asturias, en puntos del país donde la presión migratoria es alta.
Ejemplos contrastados:
• Xàtiva (Valencia): 250 empadronamientos fraudulentos
Una red cobraba entre 300 y 400 euros por empadronar a desconocidos en viviendas donde nunca habían vivido. Objetivo: permitir trámites de Extranjería y, en contados casos, intentar acceder a ayudas sociales.
• Burgos: 38 extranjeros empadronados en dos pisos
Un solo individuo llegó a empadronar ilegalmente a casi cuarenta personas en viviendas que ni siquiera eran suyas.
• País Vasco: estafas vinculadas a la Renta de Garantía de Ingresos
El fraude no estaba en el padrón en sí, sino en la falsificación posterior de documentos de convivencia e ingresos para cobrar la renta mínima.
Fue una de las redes más relevantes, pero aun así, minoritarias respecto al total de beneficiarios.
• Andalucía y Murcia: alquiler de direcciones
En varios municipios se detectaron propietarios que cobraban cantidades pequeñas —50 o 80 euros— por empadronar a inmigrantes sin contrato, generalmente para que pudieran escolarizar a sus hijos o acceder a sanidad.
¿Y qué ocurre en Asturias con este tipo de fraudes?
Asturias ha detectado casos aislados, especialmente en Gijón y Oviedo, donde:
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se han empadronado personas en viviendas sin condiciones,
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se han usado contratos de alquiler falsos,
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o se han encontrado pisos con un número no creíble de empadronados.
Pero no hay redes del tamaño de las que se descubrieron en Valencia o Burgos.
Los técnicos municipales coinciden en que el fraude existe, pero es pequeño, localizado y muy vigilado.
Además, en Asturias ocurre lo que pasa en ciudades como Madrid o Barcelona:
muchos inmigrantes no consiguen empadronarse pese a vivir efectivamente en el municipio.
Esto genera otra consecuencia: surgen pequeñas mafias que hacen negocio cobrando por algo que el Ayuntamiento debería gestionar gratuitamente.
¿De verdad se puede “cobrar en varias comunidades”?
No. Ese es uno de los grandes mitos.
Para cobrar una renta autonómica (como el Salario Social en Asturias, la RGI vasca o la Renta Valenciana de Inclusión) hace falta:
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residencia legal,
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empadronamiento prolongado,
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demostración de ingresos,
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e incompatibilidad expresa con otras rentas mínimas autonómicas.
Además, los sistemas autonómicos cruzan:
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datos de padrón,
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datos de Seguridad Social,
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datos bancarios,
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datos fiscales.
La posibilidad de cobrar dos ayudas autonómicas a la vez es prácticamente imposible salvo en los minutos contados en que una baja no se ha cruzado aún con un alta.
Es decir:
Puede haber picaresca. Puede haber agujeros. Pero no existe la “ruta del doble cobro” como fenómeno generalizado.
La cifra verdadera: ¿quién vive realmente de ayudas en España?
Aquí está el dato que desmonta todos los relatos:
— Más del 80% de quienes reciben prestaciones sociales en España son españoles.
— Entre los extranjeros, la mayoría cotiza al sistema y no recibe ayudas.
Con casi tres millones de trabajadores extranjeros cotizando, el impacto económico neto de la inmigración es —según prácticamente todos los estudios independientes— positivo: aportan más al sistema del Estado del bienestar de lo que perciben.
Asturias frente a España: dos fotos distintas del mismo debate
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España vive un boom demográfico migrante sin precedentes: casi 10 millones de residentes extranjeros.
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Asturias, al contrario, sufre despoblación y envejecimiento acelerado.
Mientras en otras regiones el debate sobre empadronamiento gira en torno a la “presión migratoria”, en Asturias se habla de otra cosa:
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falta de población joven,
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pérdida de financiación municipal si el padrón baja,
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necesidad de trabajadores en sectores como cuidados, residencias, hostelería e industria.
Asturias necesita regularidad, control y rigor, sí,
pero también necesita gente.
El padrón, en nuestro contexto, es más un instrumento de supervivencia demográfica que un problema de fraude masivo.
Un mito potente, una realidad mucho más gris
Hay fraude. Sí.
Hay mafias. Sí.
Hay agujeros administrativos. Sí.
Hay personas que intentan aprovecharlos. Sí.
Pero:
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no es masivo,
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no es fácil,
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no es rentable para la mayoría,
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y no se corresponde con la imagen del “vivir sin trabajar”.
Asturias vive este debate con más serenidad que otras regiones porque la realidad demográfica es distinta.
Lo que aquí preocupa no es un supuesto “efecto llamada”, sino el riesgo contrario: quedarse sin población suficiente para sostener su economía y su estado del bienestar.
El mito del padrón dorado seguirá llenando titulares,
pero los datos dejan claro que la historia real es mucho menos épica y mucho más humana:
un sistema lleno de rigideces, unas pocas grietas aprovechadas por unos pocos,
y miles de personas —españolas y extranjeras— intentando vivir, trabajar o salir adelante… con un padrón debajo del brazo.
