La guerra contra el peaje del Huerna pasa definitivamente de la política a los tribunales. La Federación Asturiana de Empresarios (FADE), junto a las principales asociaciones de transportistas de la región (Asetra, Cesintra, CAR, Astra y Asvipymet), ha decidido lanzar su propia ofensiva judicial para lograr la nulidad de la prórroga de la concesión de la autopista AP-66 (León-Campomanes) hasta 2050 y reclamar indemnizaciones por los sobrecostes soportados durante años.
Sus abogados, del despacho ovetense Ontier, son contundentes:
“La posibilidad de anulación es superior al 90%”, trasladaron al sector en el IX Foro de Transporte Multimodal, celebrado en Gijón, donde se escenificó el cierre de filas de empresarios y transportistas.
Un peaje que lastra Asturias
El mensaje de FADE es claro y sin adornos: el peaje del Huerna, único tramo de pago en la principal conexión por autopista entre Asturias y la Meseta, ha sido durante décadas un lastre para la competitividad regional.
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La AP-66 tiene unos 78 kilómetros y aplica un peaje de 15,60 euros por trayecto para turismos en 2025, lo que la sitúa entre las autopistas más caras de España en coste por kilómetro.
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Para vehículos pesados, la factura es todavía mayor y encarece cada envío de mercancías que entra o sale del Principado.
FADE recuerda que este sobrecoste afecta de lleno al transporte por carretera, pero se proyecta luego sobre toda la estructura productiva: industria, logística, comercio, turismo… y sobre la capacidad de Asturias para atraer inversiones frente a otros territorios donde los peajes ya han desaparecido.
La clave jurídica: una prórroga muy cuestionada
El frente empresarial se apoya en un contexto jurídico que hoy es mucho más favorable que hace unos años:
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La concesión de la AP-66, gestionada por Aucalsa, debía finalizar en 2021, pero fue prorrogada en el año 2000 hasta 2050 mediante un real decreto del Gobierno de José María Aznar.
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Esa prórroga se hizo sin licitación pública, modificando de forma sustancial las condiciones del contrato original.
En julio, la Comisión Europea emitió un dictamen muy duro sobre prórrogas de este tipo –citando expresamente la AP-66 y la AP-9 gallega– y las considera contrarias a la normativa comunitaria de contratación: cuando se amplía tanto una concesión, se está de facto otorgando un nuevo contrato, que exigiría un concurso abierto y transparente.
Ese pronunciamiento europeo es ahora una de las piezas centrales del caso: si la prórroga se considera ilegal de origen, todo el edificio jurídico del peaje hasta 2050 queda en el aire.
Dos ofensivas paralelas: Gobierno asturiano y patronal
La decisión de FADE llega apenas días después de que el Gobierno del Principado aprobara también el inicio de una acción de nulidad contra la Administración General del Estado para impugnar el mismo real decreto que extendió la concesión hasta 2050.
El Ejecutivo de Adrián Barbón sostiene que la prórroga es nula de pleno derecho y cuenta, además, con el aval de informes jurídicos y de un dictamen del Consejo Consultivo de Asturias. Si el Estado no rectifica por la vía administrativa, el Principado está dispuesto a acudir a los tribunales contencioso-administrativos y, en última instancia, al ámbito europeo.
La novedad ahora es que FADE y las asociaciones de transportistas no quieren limitarse a acompañar al Gobierno autonómico, sino presentar su propio recurso, con su propia estrategia y sus propias reclamaciones económicas.
Algunos representantes del sector, como el presidente de Cesintra, ya han verbalizado públicamente su desconfianza:
“No nos fiamos. Queremos un procedimiento propio que defienda directamente a empresas y profesionales”.
Pese a esa diferencia de tácticas, tanto el Principado como la patronal coinciden en el objetivo final: eliminar el peaje cuanto antes.
Recurso contencioso, Supremo y, previsiblemente, Luxemburgo
El plan jurídico de FADE y las asociaciones de transporte se estructura en varias fases:
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Solicitud de nulidad de la prórroga ante la Administración General del Estado, apoyándose en el dictamen de la Comisión Europea y en la jurisprudencia comunitaria sobre concesiones.
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Recurso contencioso-administrativo si el Gobierno central rechaza anular la prórroga.
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Escalada judicial hasta el Tribunal Supremo, con la previsión de que sea necesaria una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que Luxemburgo se pronuncie sobre la compatibilidad de la prórroga con el Derecho de la UE.
Los abogados de Ontier insisten en que el encaje jurídico es sólido: los argumentos de Bruselas contra este tipo de extensiones “a dedo” son muy similares a los que ya han tumbado otras concesiones en Europa.
¿Y el dinero? La batalla por la compensación patrimonial
Más allá de la anulación del peaje, el frente empresarial abre otro melón delicado: las reclamaciones patrimoniales.
Distintos estudios económicos difundidos en las últimas semanas apuntan que:
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Mantener el peaje con bonificaciones hasta 2050 supondría para el Estado un esfuerzo de varios cientos de millones de euros.
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Suprimirlo e indenmizar a la concesionaria, en cambio, tendría un coste muy inferior, con estimaciones en torno a los 80-90 millones de euros, y un impacto económico positivo para Asturias por el impulso al transporte y la actividad industrial.
FADE no entra, de momento, en cifras concretas, pero sí en el principio:
si la prórroga se demuestra ilegal, las empresas y transportistas que han soportado el sobrecoste durante años tienen derecho a una reparación.
Un peaje simbólico de la Asturias que no se resigna
La batalla contra el Huerna se ha convertido en algo más que una cuestión de tarifas. Es un símbolo político y económico:
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El Parlamento asturiano ya se ha pronunciado por unanimidad a favor de su supresión.
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Sindicatos, patronal y partidos muy diferentes mantienen aquí una inusual unidad de criterio.
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La sociedad civil lo percibe como un agravio comparativo frente a otras comunidades donde los peajes han ido desapareciendo a medida que vencían las concesiones.
El Principado estima que bonificar al 100% el peaje costaría unos 48 millones de euros al año, una cifra que, comparada con el potencial impacto positivo sobre la economía regional, muchos consideran perfectamente asumible. Pero el escenario al que aspiran tanto el Gobierno autonómico como FADE es otro: no bonificar, sino eliminar.
Una cuenta atrás que ya ha empezado
Con el Gobierno asturiano activando su propia acción de nulidad y la patronal abriendo un frente judicial paralelo, la presión sobre el Ejecutivo central aumenta. A ello se suma el procedimiento abierto por la Comisión Europea, que ya ha dado un ultimátum a España por las prórrogas de la AP-9 y la AP-66.
El peaje del Huerna, que nació envuelto en la retórica de “autopista de alta montaña” y que hoy figura entre los más caros del país, afronta posiblemente el periodo más delicado de su historia.
FADE, sus asociaciones integradas y sus abogados lo tienen claro:
si la política no ha sido capaz de desmontarlo en todos estos años, será la justicia, con la ayuda de Europa, quien termine dictando sentencia.
La partida se jugará en los tribunales.
Pero el mensaje que sale de Asturias es inequívoco:
el peaje del Huerna ya no se discute solo, se combate. Y esta vez, con munición jurídica pesada.
