He nacido justamente en la mitad del siglo pasado. Tengo suficiente edad para afirmar, sin miedo a equivocarme, que jamás, como en estos dos últimos años, he visto a una mayoría de los ciudadanos tan desilusionados con sus gestores políticos, en definitiva sus representantes en las diversas instituciones del Estado. Día sí y día también esa desilusión ya se está -como era de esperar que ocurriría- instalando en la calle.

No se puede considerar normal que, respondiendo a las diversas iniciativas adoptadas por la mayoría absoluta del Gobierno del Partido Popular, hayamos visto en la calle protestas y manifestaciones de descontento de colectivos tan diversos con los de los jueces, abogados, estudiantes, catedráticos, profesores, médicos, funcionarios, pescadores, mineros, policías, despedidos, parados, desahuciados, privatizados, dependientes, recortados, pobres y abandonados. Aquí todo el mundo protesta, ¿todos estarán equivocados?.

Cientos de políticos, de uno y otro signo, están incursos en casos de corrupción; el presidente de la gran patronal encarcelado y acusado de varios delitos; el ex tesorero del Partido en el Gobierno en prisión; decenas de banqueros acusados de malversación o estafa; la mayoría de las empresas del Ibex y cientos de particulares con cuentas en paraísos fiscales y eludiendo la tributación al Estado español. Y así una interminable lista de ejemplos hirientes y dolorosos para el personal de a pie.

El Director de la Policía, Ignacio Cosidó, declaró que "hay una escalada de violencia para desestabilizar el Estado de Derecho". El Director de la Policía, al mandato de su Partido -al igual que lo están haciendo desde los diversos medios de comunicación de la ultra derecha española y los pertenecientes a la Conferencia Episcopal- pretende juntar a las churras y a las merinas con los lobos, y, aprovechando el barullo, tener la coartada para poder demonizar tanto al rebaño como a los pastores.

Lo que está pasando en España, en las calles de España, es la consecuencia de la ruptura del sistema establecido al aplicar unas políticas antisociales, injustas y que siempre benefician a los que más tienen. Políticas que no logran atajar la tremenda lacra del paro y que destruyeron el poco estado de bienestar -poco comparado al de otros países- del que veníamos disfrutando. Lobos y vándalos callejeros -a río revuelto- siempre los hubo y los habrá, pero es labor precisamente de la policía la de detectárlos y ponerlos a buen recaudo para evitar confusiones e interpretaciones interesadas y parodistas.

Los españoles están mal, muy mal, y esta situación no debiera ni puede seguir así, con este Gobierno de Mariano Rajoy nadando en la auto complacencia, mirando para otro lado, esperando ordenes de Bruselas y alejándose cada vez más de la realidad social.

Cáritas acaba de publicar su último informe. A los seis millones de parados hay que añadir que un millón y medio de españoles ya no pueden atender sus pagos básicos; setecientos mil hogares no reciben ninguna ayuda; cinco millones de personas están en riesgo de exclusión severa, y la tasa infantil de la pobreza es ya de un 30% (en Europa solo nos supera Romanía).