La coalición exigirá al Gobierno asturiano que, frente al "tijeretazo" del PP, priorice en su presupuesto la atención a este colectivo

Izquierda Unida denunció hoy los nuevos recortes del Gobierno central a la atención a las personas dependientes y que suponen que la Ley de la Dependencia esté “tocada de muerte”. La coalición exigirá al Gobierno asturiano que, frente al "tijeretazo" del PP, priorice en su presupuesto la atención a este colectivo.

El senador de IU, Jesús Iglesias, y  la diputada autonómica Noemí Martín, defendieron esta mañana en rueda de prensa medidas para mantener el compromiso del Estado y de las Comunidades Autónomas para garantizar servicios y recursos a estos colectivos. La falta de voluntad política ha supuesto que, en estos momentos, 300.000 personas estén en las listas de espera de la dependencia, de las que 175.000 se corresponden con grandes dependientes. En Asturias, las cifras se elevan a más de 7.000 solicitantes, de los que, entre 3.800 y 4.000 son grandes dependientes.

La situación, explicó el senador, es “gravísima: desde 1 de enero a 1 de septiembre solo ha habido 43 nuevas incorporaciones a las prestaciones reconocidas en la Ley de Dependiente. Es decir, solo se produce un nuevo ingreso cuando se produce una baja, lamentablemente, por fallecimientos”.

Los recortes impuestos en el real decreto aprobado por el Gobierno en julio pasado, tendentes a la estabilidad presupuestaria, supondrá, aseguró Iglesias, el endurecimiento de las exigencias de acceso a las prestaciones que afectará no solo a las nuevas solicitudes sino también a personas que ya tienen reconocida la prestación. “Los recortes perjudicarán a los nuevos dependientes y, en el mismo decreto ley, se destaca la capacidad de revisión por parte de las administraciones, por lo que se pondrá en marcha un mecanismo para dejar sin cobertura a gente que hoy ya tiene prestación”.

Por su parte la diputada Noemí Martín resaltó la necesidad de que Asturias plante cara a los recortes. “Asturias fue la primera Comunidad Autónoma que puso en marcha Ley de Dependencia y, sin negar las dificultades de su aplicación, a lo largo de los siete años que IU tuvo responsabilidad de gestionar esta política, se hizo un esfuerzo muy importante en la consolidación y ampliación de recursos y servicios para dar respuesta a la dependencia que tal y como dice ley, mayoritariamente debe de ser a través de servicios públicos”.

Para la parlamentaria de IU, el Principado tiene que poner en marcha nuevos recursos que, aunque concluidos, permanecen sin uso. “El Gobierno de Asturias, aun siendo conscientes de las dificultades, debe ajustar sus presupuestos con sus políticas al desarrollo de esta ley y por el apoyo de todas las entidades de carácter social que prestan servicio a personas dependientes.  Además, hay que garantizar que todos aquellos servicios que están en disposición de abrirse se abran”. Noemí Martín recordó que existen equipamientos infrautilizados y otros finalizados, como los de Avilés y Castrillón, que deben ser abiertos pues, añadió “son recursos que ya tenemos y no solo atenderán dependientes, siendo además generadores de empleo”.

Para Jesús Iglesias, los recortes del Gobierno de Mariano Rajoy responden a un plan claro para modificar el modelo social que, si se toca la ley de dependencia, supondrá “dejar coja a la cuarta pata del Estado del Bienestar.  Los recortes apuntan al desarrollo de lo que es ya una estrategia, con una búsqueda de la recentralización del Estado en el que el Gobierno de la nación toma decisiones sobre competencias ya transferidas y para ello crea un consejo territorial que pretende convertir en un corsé para mermar la capacidad de decisión de las Comunidades Autónomas”.

Noemí Martín criticó lo que denominó “perversión del lenguaje del PP, que dicen una cosa y hacen otra. El PP dice estar muy preocupado con políticas de atención a la familia o de la mujer y, al tiempo, recorta la ley de dependencia, que es fundamental en el ámbito familiar. Si hablamos de las mujeres, es sobre ellas en las que recae mayoritariamente la responsabilidad del cuidado de las personas dependientes. Es decir, cuando se recorta la ley de Dependencia se hace una política en contra de las que dicen favorecer a la familia y los derechos de las mujeres”.