La Audiencia Provincial aplica la eximente completa por alteración psíquica al hombre que mató a su padre con un hacha en abril de 2024 y después atacó a varios conductores en la N-630. El acusado ha reconocido los hechos y deberá someterse a una prolongada medida de internamiento psiquiátrico. Sus hermanos aceptaron un acuerdo para evitar el sufrimiento de un juicio público que les obligara a reconstruir una de las tragedias más estremecedoras vividas en Asturias en los últimos años.
Sábado, 21 de noviembre de 2026
Aquella noche del 8 de abril de 2024, los conductores que circulaban por la carretera N-630, a la altura de Ribera de Arriba, se encontraron con una escena difícil de comprender.
Un hombre armado con un hacha se abalanzaba contra los vehículos que pasaban por una rotonda. Algunos conductores consiguieron escapar después de sufrir ataques contra sus automóviles. Otros alertaron a los servicios de emergencia.
Poco antes, aquel hombre había matado a su propio padre.
El episodio, que conmocionó a Asturias por su extraordinaria violencia, provocó una profunda impresión entre los vecinos y abrió una investigación judicial que ahora ha llegado a un momento decisivo.
Dos años y siete meses después, el autor de los hechos ha comparecido ante la Audiencia Provincial de Asturias, ha reconocido lo sucedido y ha aceptado las conclusiones de la Fiscalía.
La Justicia considera, conforme al acuerdo alcanzado entre las partes y a las conclusiones médicas recogidas en el procedimiento, que sufrió un brote psicótico grave que anuló completamente sus capacidades en el momento del crimen.
Por ese motivo, se ha aplicado una eximente completa de responsabilidad criminal y se ha acordado una medida de internamiento en un centro adecuado para el tratamiento de su enfermedad.
Las informaciones judiciales difundidas este viernes presentan, sin embargo, una diferencia sobre la duración concreta de la medida: unas señalan 30 años y nueve meses, mientras que otra crónica de la resolución habla de 28 años, con un límite de cumplimiento efectivo de 25.
La duración exacta deberá precisarse con el texto de la sentencia.
Lo que sí está claro es que el acusado no recibirá una pena ordinaria de prisión por unos hechos cuya autoría ha reconocido, sino una medida de seguridad privativa de libertad vinculada a su situación psiquiátrica.
Una diferencia jurídica fundamental que merece ser explicada.
Una noche de abril que cambió para siempre la vida de una familia
Los hechos ocurrieron sobre las 21.55 horas del 8 de abril de 2024.
El acusado, que entonces tenía 46 años, se encontraba en una vivienda de Ribera de Arriba en la que convivía con su padre.
La víctima tenía 74 años, según la reconstrucción de la Fiscalía.
La relación familiar atravesaba dificultades. Según el relato de la acusación, el hijo responsabilizaba a su padre de la separación matrimonial y de determinadas circunstancias que, a su juicio, habían perjudicado las oportunidades personales y profesionales de los hermanos.
Aquella noche se produjo una agresión de extrema violencia.
El hombre atacó inicialmente a su padre con armas blancas. La víctima intentó defenderse y consiguió salir de la vivienda para buscar refugio.
Corrió hacia una casa cercana mientras pedía auxilio.
Los vecinos, atemorizados y sin comprender lo que estaba sucediendo, no llegaron a abrirle la puerta.
El hijo alcanzó a su padre y lo atacó con un hacha, causándole la muerte.
Después lo decapitó.
Son los hechos recogidos en las conclusiones de la acusación que el procesado ha aceptado ante la Audiencia Provincial.
Pero aquella noche la violencia no terminó en la vivienda.
Los ataques a los conductores de la N-630
Tras matar a su padre, el hombre se dirigió hacia una rotonda próxima a la carretera nacional N-630.
Allí comenzó a actuar de forma extremadamente violenta contra varios automovilistas.
Según las conclusiones fiscales, llegó a golpear vehículos con el hacha e intentó agredir mortalmente a dos conductores.
Uno de ellos consiguió escapar después de que el acusado atacara su automóvil.
Otro logró evitar la agresión y abandonar el lugar.
Los hechos provocaron importantes momentos de tensión entre quienes circulaban por la carretera.
El acusado también realizó actos con los restos de su padre que aumentaron la conmoción de los testigos.
La Guardia Civil acudió al lugar después de recibir las alertas.
La intervención policial resultó complicada debido al estado de agitación del hombre, que se resistió violentamente a su detención.
Finalmente, los agentes consiguieron reducirlo.
La investigación posterior estableció que varios conductores habían estado expuestos a un grave peligro.
Uno de ellos llegó a sufrir consecuencias psicológicas que requirieron tratamiento.
Por eso, el procedimiento judicial no se limitó al homicidio del padre.
También incluyó dos homicidios en grado de tentativa y un delito de atentado contra agentes de la autoridad.
Cuatro delitos cuya autoría ha sido reconocida por el acusado.
El diagnóstico que cambió la respuesta judicial
Uno de los elementos determinantes del procedimiento ha sido la evaluación psiquiátrica.
Según las conclusiones de la Fiscalía, el acusado presenta un trastorno esquizoide de la personalidad y, durante los hechos, sufrió un trastorno psicótico breve de especial gravedad.
El episodio afectó completamente a sus capacidades para comprender el carácter ilícito de sus actos y actuar conforme a esa comprensión.
El brote requirió atención psiquiátrica urgente y tratamiento especializado.
Posteriormente, la fase aguda remitió con la medicación, aunque los informes recogidos por la acusación señalan la persistencia de la patología de base y la necesidad de seguimiento médico.
La cuestión decisiva para el tribunal no ha sido únicamente la existencia de un diagnóstico psiquiátrico.
Lo determinante ha sido establecer cómo afectaba aquella alteración mental a sus capacidades en el momento preciso de cometer los hechos.
En este caso, las conclusiones aceptadas por todas las partes sostienen que la afectación fue completa.
Y esa circunstancia tiene consecuencias jurídicas muy importantes.
¿Cómo puede alguien reconocer un homicidio y quedar exento de responsabilidad penal?
Es una de las preguntas que probablemente se hagan muchos ciudadanos al conocer la resolución.
El Código Penal español distingue entre la autoría material de un hecho y la responsabilidad penal de quien lo comete.
Una persona puede haber realizado una conducta constitutiva de delito y, sin embargo, encontrarse en una situación que legalmente excluya su responsabilidad criminal.
El artículo 20.1 del Código Penal contempla esa posibilidad cuando, como consecuencia de una anomalía o alteración psíquica, la persona no puede comprender la ilicitud de lo que hace o actuar conforme a esa comprensión.
No basta, por tanto, con padecer una enfermedad mental.
Tampoco significa que cualquier trastorno psiquiátrico permita evitar una condena.
Para aplicar la eximente completa debe acreditarse una afectación de las capacidades jurídicamente relevantes con la intensidad exigida por la ley.
En el caso de Ribera de Arriba, las evaluaciones médicas recogidas en el procedimiento llevaron a la Fiscalía, la defensa y la acusación particular a coincidir en la aplicación de esta circunstancia.
El acusado reconoce que cometió los hechos, pero la Justicia considera que, en aquel momento, no reunía las condiciones necesarias para atribuirle responsabilidad penal.
Eso no significa que pueda regresar libremente a su vida anterior.
La legislación permite imponer medidas de seguridad cuando concurren los requisitos legales.
Y una de ellas es el internamiento en un establecimiento psiquiátrico adecuado.
No es una pena de prisión: qué significa el internamiento psiquiátrico judicial
Aunque ambas situaciones implican una privación de libertad, una condena de prisión y una medida de seguridad de internamiento psiquiátrico no son jurídicamente equivalentes.
La prisión es una pena que se impone a quien ha sido declarado penalmente responsable de un delito.
El internamiento psiquiátrico puede imponerse a una persona exenta de responsabilidad criminal cuando la ley permite adoptar esa medida de seguridad y concurren las condiciones necesarias.
Su finalidad está vinculada al tratamiento de la alteración psíquica y a la prevención de nuevos hechos delictivos.
El Código Penal establece límites y mecanismos de control judicial.
Entre otras cuestiones, el internamiento no puede superar el tiempo máximo legalmente establecido en la sentencia y su mantenimiento está sujeto a revisión.
La evolución clínica y las valoraciones profesionales pueden resultar relevantes para determinar si procede mantener, modificar o poner fin a la medida, siempre mediante las resoluciones judiciales correspondientes.
Por tanto, una medida fijada con un límite de muchos años no significa necesariamente que la persona vaya a permanecer ingresada durante todo ese periodo de forma ininterrumpida.
Tampoco supone que pueda abandonar el centro simplemente porque mejore su estado de salud.
Las decisiones sobre su situación corresponden a la autoridad judicial, con las garantías y procedimientos establecidos legalmente.
En el caso de Ribera de Arriba, el acusado se encontraba hasta ahora en prisión provisional en el Centro Penitenciario de Asturias.
La decisión adoptada tras su comparecencia implica una respuesta judicial diferente, basada en la necesidad de tratamiento psiquiátrico.
La decisión de los hermanos: evitar otro sufrimiento
Hay una dimensión especialmente dolorosa en este procedimiento.
Los familiares de la víctima también son familiares del hombre que la mató.
Los hermanos del acusado perdieron a su padre aquella noche de abril.
Y desde entonces han tenido que afrontar no solo la tragedia, sino también las consecuencias emocionales y judiciales de lo sucedido.
Inicialmente estaba prevista la celebración de un juicio con tribunal del jurado.
Eso habría supuesto escuchar declaraciones, reconstruir los acontecimientos, examinar pruebas y volver a revivir públicamente los momentos más dolorosos.
Pero la acusación particular, representada por el abogado Eladio Rico, llegó a un acuerdo con la Fiscalía y la defensa.
El objetivo era evitar la celebración de un juicio prolongado y la exposición de la familia a un nuevo proceso de sufrimiento.
El acuerdo permitía que el acusado reconociera los hechos y aceptara las consecuencias jurídicas propuestas.
Las partes coincidieron en la aplicación de la eximente completa por alteración psíquica y en la necesidad de adoptar medidas de seguridad.
La familia no tenía que demostrar de nuevo lo que había sucedido ni enfrentarse durante varios días a una reconstrucción pública del crimen.
La tragedia no desaparece con una resolución judicial.
Pero el acuerdo evita que los familiares tengan que atravesar determinadas situaciones que podrían incrementar su dolor.
La comparecencia que puso fin al juicio previsto
La ratificación del acuerdo se produjo este viernes, 20 de noviembre, ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Asturias.
El acusado compareció por videoconferencia desde el Centro Penitenciario de Asturias.
La magistrada María Luisa Barrio presidió la actuación judicial.
El hombre aceptó las conclusiones acordadas previamente por las partes.
La Fiscalía había considerado los hechos constitutivos de un homicidio consumado, dos homicidios en grado de tentativa y un delito de atentado.
Todos ellos quedaron comprendidos en la petición de aplicación de la eximente completa.
La conformidad evitó que se desarrollara el juicio con jurado inicialmente previsto.
Además de la medida de internamiento, las conclusiones fiscales contemplaban restricciones de acercamiento y comunicación respecto de los hermanos del acusado.
También incluían responsabilidades civiles derivadas de los hechos.
Indemnizaciones para los hermanos y para los conductores afectados
El acuerdo judicial también aborda las consecuencias económicas del crimen.
Según la información difundida por Europa Press a partir de las conclusiones de la Fiscalía, el acusado deberá indemnizar a cada uno de sus dos hermanos con 25.000 euros.
La suma prevista para ambos asciende, por tanto, a 50.000 euros.
También se contemplan indemnizaciones para las compañías aseguradoras de los vehículos dañados.
Las cantidades recogidas son de 202,20 y 429,02 euros.
Además, uno de los conductores afectados recibirá una indemnización de 1.200 euros por las consecuencias que sufrió tras el ataque, entre ellas migrañas y un trastorno de ansiedad.
A ello podrían añadirse los gastos de reparación del vehículo que no hayan quedado cubiertos por su seguro, en la cuantía que se determine durante la ejecución de la resolución.
Son cantidades que responden a conceptos jurídicos concretos.
Pero ninguna compensación económica puede borrar lo sucedido ni sustituir la pérdida sufrida por la familia.
Enfermedad mental y violencia: una distinción imprescindible
La extraordinaria violencia de este caso no debe conducir a conclusiones generales sobre las personas que padecen trastornos mentales.
La inmensa mayoría no comete delitos violentos.
La existencia de una enfermedad psiquiátrica no implica, por sí misma, peligrosidad.
Tampoco puede deducirse que una persona sea incapaz de controlar su conducta simplemente porque haya recibido un diagnóstico.
Cada situación requiere una evaluación individual.
En Ribera de Arriba, la cuestión central fue la existencia de un brote psicótico agudo cuya intensidad, según las conclusiones periciales aceptadas por las partes, anuló completamente las capacidades relevantes para la responsabilidad penal.
El sistema judicial debe valorar simultáneamente la gravedad de los hechos, las circunstancias personales del autor, los derechos de las víctimas y las medidas necesarias para proteger a la sociedad.
Precisamente por eso, la ley distingue entre castigar una conducta penalmente responsable y adoptar una medida de seguridad cuando concurre una eximente completa.
Dos años después, una resolución que no puede borrar aquella noche
El crimen de Ribera de Arriba dejó una huella profunda en Asturias.
Por la violencia de los hechos, por la angustia de los conductores que se encontraron con el acusado y, especialmente, por el sufrimiento de una familia que perdió a su padre en circunstancias terribles.
La comparecencia de este viernes representa un paso decisivo para cerrar el procedimiento judicial.
El acusado ha reconocido los hechos.
Las partes han coincidido en la existencia de una alteración psíquica que anuló completamente sus capacidades.
Y la Audiencia ha adoptado una respuesta basada en medidas de seguridad y tratamiento psiquiátrico, en lugar de una pena ordinaria de prisión.
Queda por precisar documentalmente la duración exacta del internamiento y comprobar la firmeza de la resolución.
Pero el sentido de la decisión judicial está claro.
La Justicia ha determinado que el autor de aquel crimen debe permanecer sometido a una medida de seguridad psiquiátrica, precisamente porque no podía ser considerado penalmente responsable en el momento de los hechos.
Para sus hermanos, el acuerdo ha permitido evitar un juicio que les habría obligado a enfrentarse nuevamente a los detalles más dolorosos de la tragedia.
Para la sociedad, el caso ofrece una oportunidad de comprender una distinción esencial del Derecho penal: que reconocer la autoría de un crimen y ser declarado penalmente responsable no siempre son lo mismo.
Y para quienes aquella noche circularon por la N-630, lo sucedido seguirá siendo un recuerdo difícil de olvidar.
La resolución judicial pone fin al juicio que estaba previsto. Las consecuencias humanas de aquella noche, sin embargo, permanecerán mucho más tiempo.

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