El informe oficial del Ministerio de Sanidad revela que 14 de los 29 procedimientos finalizados en Asturias terminaron por el fallecimiento de la persona solicitante antes de concluir los trámites. Solo diez culminaron con la prestación de ayuda para morir. Los datos abren un interrogante sobre los tiempos de respuesta del sistema sanitario ante pacientes en situaciones de especial vulnerabilidad.
Viernes, 20 de noviembre de 2026
Hay decisiones que no pueden esperar indefinidamente. Y pocas resultan tan íntimas, difíciles y trascendentales como la de una persona que, después de afrontar una enfermedad grave o un sufrimiento que considera insoportable, solicita ayuda médica para morir.
En Asturias, durante 2025, catorce personas fallecieron mientras se tramitaba su solicitud de eutanasia.
No llegaron a completar el procedimiento.
No se trata de estimaciones ni de denuncias de una asociación. Es una cifra recogida en el informe anual del Ministerio de Sanidad, difundido el pasado miércoles, 18 de noviembre.
El documento contiene un dato que merece detenerse a pensar: de los 29 procedimientos de ayuda para morir cerrados en Asturias durante el pasado año, catorce terminaron porque la persona solicitante falleció durante su tramitación.
Representan el 48,3 %.
Prácticamente uno de cada dos.
El informe no determina que esas muertes fueran consecuencia de retrasos administrativos. Las personas que solicitan la prestación suelen encontrarse en situaciones clínicas especialmente graves, con enfermedades que pueden evolucionar rápidamente.
Pero la estadística obliga a formular una pregunta incómoda: ¿dispone el sistema sanitario de mecanismos suficientemente ágiles para responder a quienes quizá no tienen mucho tiempo por delante?
Diez personas recibieron la prestación; catorce murieron antes de terminar el procedimiento
El balance asturiano de 2025 permite distinguir cuatro desenlaces entre los 29 procedimientos finalizados.
Diez personas recibieron la prestación de ayuda para morir.
Catorce fallecieron durante la tramitación.
Cuatro solicitudes fueron denegadas.
Y una terminó con la revocación de la petición.
Esto significa que el 34,5 % de los procedimientos cerrados culminó con la prestación solicitada, mientras que el porcentaje de fallecimientos durante la tramitación alcanzó el 48,3 %.
Es importante aclarar que el Ministerio contabiliza también 29 solicitudes nuevas presentadas en Asturias durante 2025, pero ambos grupos de expedientes no tienen por qué coincidir: los procedimientos finalizados pueden incluir peticiones de años anteriores.
La diferencia resulta fundamental para interpretar correctamente las estadísticas.
Detrás de cada expediente existe una persona que, en algún momento, decidió iniciar un procedimiento regulado por ley para solicitar ayuda médica para morir.
Y, detrás de cada fallecimiento durante la tramitación, existe una historia individual que las estadísticas oficiales no permiten reconstruir.
Asturias supera ampliamente la media nacional de fallecimientos durante la tramitación
El contraste con el conjunto de España es especialmente significativo.
En 2025 finalizaron en todo el país 1.219 procedimientos de ayuda para morir.
De ellos, 574 culminaron con la prestación.
Otros 382 terminaron porque la persona solicitante falleció durante la tramitación.
Esto representa el 31,3 % de los procedimientos finalizados.
En Asturias, el porcentaje fue del 48,3 %.
La diferencia supera los 16 puntos porcentuales.
La comparación no permite concluir automáticamente que la tramitación asturiana sea más lenta.
Para determinarlo sería necesario conocer el estado clínico de las personas solicitantes, el tiempo transcurrido entre la petición y el fallecimiento y las posibles diferencias de composición de los pacientes entre comunidades autónomas.
Además, Asturias registra un número reducido de procedimientos, por lo que unos pocos casos pueden modificar considerablemente los porcentajes.
Pero el dato justifica analizar qué está ocurriendo.
Porque la función de las estadísticas sanitarias no consiste únicamente en contar expedientes. También debe permitir identificar situaciones que merecen una evaluación más profunda.
¿Cuánto tiempo necesita España para resolver una petición de eutanasia?
El informe de Sanidad aporta dos cifras que ayudan a comprender la complejidad del procedimiento.
En el conjunto de España, el tiempo medio desde la primera solicitud hasta la resolución fue de 46,5 días.
Entre la primera solicitud y la realización efectiva de la prestación transcurrieron, de media, 72,4 días.
Es decir, algo más de dos meses hasta la prestación en los procedimientos que llegaron a realizarse.
Estos plazos responden a un procedimiento que contempla distintas evaluaciones y garantías.
La eutanasia no es una actuación médica que pueda practicarse inmediatamente después de recibir una petición.
La legislación establece requisitos, comprobaciones y mecanismos para asegurar que la decisión reúne las condiciones legales y responde a una voluntad libre e informada.
Estas garantías resultan esenciales para proteger los derechos de las personas solicitantes.
Pero también plantean una dificultad.
¿Qué ocurre cuando la evolución de una enfermedad es más rápida que el propio procedimiento?
El informe nacional permite conocer los tiempos medios del conjunto de España, pero esos promedios no deben atribuirse directamente a Asturias.
Para comprender los catorce fallecimientos registrados en el Principado es necesario conocer los plazos concretos de esos expedientes.
Y esa información debería ocupar un lugar central en cualquier explicación pública sobre el funcionamiento de la prestación.
Un derecho reconocido por ley desde 2021
España aprobó en 2021 la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, que reconoce, bajo determinadas condiciones, el derecho a solicitar y recibir ayuda médica para morir.
La norma establece un procedimiento sanitario con intervención de profesionales médicos y mecanismos de supervisión.
No basta con expresar el deseo de morir.
La persona solicitante debe cumplir los requisitos establecidos, recibir la información correspondiente y superar las evaluaciones previstas.
La legislación también contempla la posibilidad de retirar la solicitud.
Por eso resulta imprescindible diferenciar las denegaciones de las revocaciones.
Una solicitud denegada significa que no se ha autorizado la prestación.
Una revocación supone que la persona solicitante ha retirado su petición.
Y un fallecimiento durante la tramitación constituye un desenlace diferente de ambos.
No implica necesariamente una denegación, una renuncia ni una actuación irregular.
Sin embargo, cuando este último desenlace afecta a casi la mitad de los procedimientos cerrados en una comunidad autónoma, resulta razonable examinar las circunstancias.
Más solicitudes en España y una realidad sanitaria que crece
El informe de Sanidad también refleja una evolución importante en el conjunto del país.
Durante 2025 se presentaron 1.284 nuevas solicitudes de ayuda para morir.
La cifra representa un incremento del 30,6 % respecto a las 983 registradas en 2024.
También aumentaron las prestaciones realizadas.
En 2024 fueron 423.
En 2025 ascendieron a 574.
El incremento fue del 35,7 %.
Desde la entrada en vigor de la ley, en junio de 2021, hasta el cierre de 2025, se habían realizado 1.698 prestaciones de ayuda para morir en España.
Los datos muestran que el procedimiento se ha ido incorporando progresivamente a la realidad asistencial.
Pero también evidencian que una parte importante de las solicitudes no termina con la prestación.
En el conjunto nacional, además de los 382 fallecimientos durante la tramitación, se registraron 165 denegaciones y 98 revocaciones.
Cada categoría responde a circunstancias distintas y exige un análisis específico.
Asturias: 29 nuevas solicitudes y una tasa ligeramente superior a la española
Durante 2025 se registraron 29 nuevas solicitudes de ayuda para morir en Asturias.
La cifra equivale a una tasa de 32,6 solicitudes por cada millón de habitantes mayores de edad.
La media nacional fue de 31,2.
Asturias se situó, por tanto, ligeramente por encima del promedio español en solicitudes respecto a la población adulta.
Sin embargo, permaneció lejos de comunidades con tasas considerablemente más elevadas.
Cataluña registró 73,6 solicitudes por millón de habitantes mayores de edad; Navarra, 67,2; y el País Vasco, 60,5.
Las diferencias territoriales pueden responder a múltiples factores, desde las características de la población hasta el conocimiento de la prestación o las circunstancias de acceso al sistema sanitario.
El número de solicitudes, por sí solo, no permite determinar si un territorio ofrece mejor o peor atención.
Tampoco permite conocer cuántas personas que podrían reunir los requisitos legales deciden no iniciar el procedimiento.
La pregunta que debe responder el Sespa
El Servicio de Salud del Principado de Asturias tiene ahora ante sí una cuestión que merece una explicación detallada.
No basta con conocer cuántas solicitudes se registraron y cómo terminaron.
Para entender lo sucedido con los catorce fallecimientos durante la tramitación sería necesario aclarar cuánto tiempo transcurrió entre la solicitud y la muerte de cada persona, en qué fase se encontraba el expediente y si existieron circunstancias que dificultaron su avance.
También sería relevante saber qué acompañamiento clínico y psicológico recibieron esas personas y sus familias, así como si se identificaron situaciones en las que la evolución de la enfermedad impidió completar los trámites.
Otro elemento importante sería conocer si existen procedimientos que permitan agilizar determinadas fases cuando la situación médica del solicitante se deteriora rápidamente, siempre dentro de las garantías legales.
Son preguntas que no presuponen una negligencia.
Buscan comprender si el procedimiento está adaptado a las circunstancias de quienes lo utilizan.
Porque existe una diferencia fundamental entre reconocer un derecho y garantizar que pueda ejercerse efectivamente dentro de las condiciones previstas por la ley.
El riesgo de convertir a las personas en expedientes
Hay algo que conviene no perder de vista al analizar estas estadísticas.
Las personas que solicitan la eutanasia no constituyen un grupo homogéneo.
Sus enfermedades, situaciones familiares, circunstancias personales y expectativas pueden ser profundamente diferentes.
Algunas pueden encontrarse en fases avanzadas de enfermedades oncológicas.
Otras pueden convivir durante años con enfermedades neurológicas graves.
Y la evolución de cada situación clínica condiciona inevitablemente los tiempos disponibles.
El informe nacional señala que las enfermedades oncológicas y neurológicas concentran buena parte de los procedimientos de ayuda para morir.
También refleja que la edad media de las personas cuyos procedimientos finalizaron en 2025 fue de 70,6 años.
Son cifras que ayudan a comprender la especial vulnerabilidad de muchos solicitantes.
Y recuerdan que los tiempos administrativos no se experimentan de la misma manera cuando una persona afronta una situación clínica irreversible.
Para alguien con una enfermedad de evolución lenta, varias semanas pueden tener un significado.
Para otra persona cuya situación se deteriora rápidamente, ese mismo periodo puede resultar decisivo.
La cuestión no consiste en eliminar las garantías.
Consiste en evaluar si su aplicación permite responder adecuadamente a situaciones clínicas muy diferentes.
Catorce fallecimientos y una obligación de transparencia
La publicación del informe anual del Ministerio de Sanidad representa un ejercicio importante de transparencia.
Permite conocer cómo se está aplicando una ley que afecta a algunas de las decisiones más delicadas que puede afrontar una persona.
También permite identificar diferencias entre territorios y formular preguntas sobre el funcionamiento de los procedimientos.
En Asturias, el dato central resulta difícil de ignorar.
De los 29 procedimientos finalizados durante 2025, catorce terminaron porque la persona solicitante falleció antes de concluir la tramitación.
No sabemos, a partir de las cifras publicadas, si una resolución más rápida habría cambiado el desenlace de alguno de esos expedientes.
Tampoco conocemos las circunstancias clínicas individuales que explican cada fallecimiento.
Lo que sí sabemos es que la proporción de procedimientos terminados de esta manera supera ampliamente la media nacional.
Y que detrás de ese porcentaje existen catorce personas que solicitaron ayuda médica para morir y fallecieron antes de completar el procedimiento.
La cuestión que Asturias debe plantearse no es únicamente cuántas personas ejercen este derecho, sino si el sistema dispone de los medios, los tiempos y las garantías necesarios para responder cuando la enfermedad no espera.
Porque, en determinadas circunstancias, el tiempo no es solamente una cuestión administrativa.
Es una parte esencial de la vida que queda.

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