Un antiguo alto directivo de la ingeniería asturiana reconoce ante la Audiencia Nacional que la empresa pagó viajes, hoteles y entradas VIP a responsables del Gobierno de Hugo Chávez y sus familiares. La Fiscalía examina estas atenciones en el juicio por los presuntos sobornos relacionados con la adjudicación de la central eléctrica de Termocentro. El testigo asegura que eran prácticas comerciales habituales y niega haber conocido pagos ilegales.
Martes, 17 de noviembre de 2026 | Asturias Mundial
Una entrada de 6.000 euros para disfrutar de la Fórmula 1 desde una zona exclusiva. Un palco en el Santiago Bernabéu para presenciar partidos del Real Madrid. Viajes a la Feria de Sevilla. Hoteles, desplazamientos y acompañantes incluidos.
No era el programa de vacaciones de un grupo de millonarios.
Eran algunas de las atenciones que Duro Felguera ofrecía a responsables del sector eléctrico venezolano mientras mantenía importantes negocios con el Gobierno de Hugo Chávez.
Años después, aquellas invitaciones han terminado formando parte de las pruebas examinadas por la Audiencia Nacional en el juicio que investiga una presunta trama de corrupción internacional vinculada a la adjudicación de una central eléctrica en Venezuela.
Este martes ha declarado Francisco Martín, director general del área de Energía de Duro Felguera hasta 2011.
Su testimonio ha dejado una imagen especialmente llamativa del funcionamiento de las relaciones comerciales de la compañía asturiana durante aquellos años: funcionarios y directivos públicos extranjeros disfrutando de acontecimientos deportivos y sociales de primer nivel con gastos asumidos por la empresa.
Martín ha reconocido la existencia de esas invitaciones, aunque ha negado que tuviesen una finalidad ilícita.
Según su explicación, se trataba de atenciones comerciales habituales en las relaciones con clientes, especialmente cuando estaba en juego un proyecto de enorme dimensión económica.
La Fiscalía Anticorrupción, sin embargo, investiga algo mucho más grave: si detrás de aquellas relaciones empresariales existió un sistema de pagos destinado a favorecer a Duro Felguera en la adjudicación de contratos públicos venezolanos.
Cinco invitados, entradas de 6.000 euros y un fin de semana en la Fórmula 1
Uno de los episodios más llamativos examinados durante la sesión judicial se remonta a octubre de 2009.
El escenario fue el circuito brasileño de Interlagos, donde se celebraba el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1.
Entre los asistentes invitados por Duro Felguera figuraban Nervis Villalobos, antiguo viceministro venezolano de Energía, y Genel Severeyn, directivo de Electricidad de Caracas.
Este último había desempeñado un papel especialmente importante en las relaciones con la ingeniería asturiana: fue quien firmó el contrato de Termocentro en representación de la compañía eléctrica venezolana.
Durante el interrogatorio, la Fiscalía mostró correos electrónicos internos relacionados con la organización del viaje.
Según la documentación expuesta en la vista, los pases de acceso al paddock alcanzaban los 6.000 euros por persona y se gestionaron invitaciones para hasta cinco asistentes.
El coste potencial de cinco pases de ese importe alcanzaría los 30.000 euros, sin contar posibles gastos de viajes y alojamiento.
No obstante, esa cifra es una multiplicación orientativa del precio mencionado en los correos, no una cantidad total acreditada como efectivamente desembolsada.
El episodio resulta especialmente significativo por la condición de algunos invitados.
No se trataba únicamente de empresarios privados interesados en conocer los servicios de una ingeniería española.
Entre ellos había responsables vinculados a las instituciones y empresas públicas venezolanas con las que Duro Felguera mantenía relaciones comerciales.
Y esa diferencia es precisamente la que convierte las invitaciones en un asunto relevante dentro del procedimiento judicial.
Del circuito de Interlagos al Santiago Bernabéu
La Fórmula 1 no fue la única experiencia ofrecida a los representantes venezolanos.
Según el testimonio conocido este martes, Duro Felguera también invitó a responsables del sector eléctrico de Venezuela a presenciar partidos del Real Madrid.
Entre los beneficiarios de esas atenciones figuraban Javier Alvarado, expresidente de Electricidad de Caracas; Nervis Villalobos, exviceministro de Energía, y Luis Carlos de León, vinculado al ámbito financiero de la administración eléctrica venezolana.
Las invitaciones incluyeron encuentros del equipo madridista contra el Racing de Santander y el Barcelona.
Los asistentes acudieron acompañados por sus esposas.
Francisco Martín explicó que la compañía disponía de un palco en el estadio Santiago Bernabéu que utilizaba para atender a clientes que se desplazaban a Madrid por motivos profesionales.
Su argumento fue que aquellas invitaciones formaban parte de las relaciones comerciales habituales de una empresa que gestionaba contratos internacionales de gran envergadura.
Pero el interrogatorio no se limitó al fútbol.
También se examinaron desplazamientos a Valencia para asistir a acontecimientos de Fórmula 1, en algunos casos con presencia de hijos menores de los dirigentes invitados.
A ello se sumaron visitas a la Feria de Sevilla, con los correspondientes gastos de desplazamiento y alojamiento.
El resultado fue una sucesión de viajes y experiencias de alto nivel que ahora se analizan en un contexto muy distinto al de las reuniones comerciales para las que se organizaron.
Cuando las invitaciones empezaron a resultar excesivas
Uno de los detalles más reveladores de la sesión judicial apareció en los correos internos examinados por la Fiscalía.
Luis Barrios, responsable de la empresa venezolana Terca, que actuaba como intermediaria comercial de Duro Felguera, llegó a advertir de que había que controlar las peticiones de Luis Carlos de León.
Según lo expuesto durante el juicio, el motivo era que estaba solicitando demasiadas entradas VIP y otras atenciones.
El episodio introduce una cuestión especialmente interesante.
Las invitaciones no solo existían: según esos correos, llegaron a generar preocupación por su volumen entre quienes participaban en su organización.
Francisco Martín explicó que él trasladaba las solicitudes recibidas desde Venezuela y que correspondía a la dirección de la compañía decidir si se autorizaban.
De este modo, el antiguo responsable de Energía situó su intervención en la gestión y transmisión de peticiones, pero rechazó haber participado en pagos irregulares.
Para la Fiscalía, estos intercambios forman parte del contexto de unas relaciones empresariales que deben examinarse junto con los contratos, las transferencias económicas y las decisiones que permitieron adjudicar la central venezolana.
Conviene subrayar que el pago de viajes o invitaciones, por sí solo, no acredita automáticamente un delito de corrupción.
La cuestión jurídica es determinar si existió una relación entre esas ventajas y el ejercicio de funciones públicas, así como la finalidad y las circunstancias en las que se concedieron.
Termocentro: el contrato millonario que está detrás de todo
Para entender la importancia de estos episodios hay que regresar a 2009.
Venezuela atravesaba entonces una grave crisis energética, con problemas de suministro eléctrico que llevaron al Gobierno de Hugo Chávez a impulsar nuevos proyectos de generación.
En aquel escenario apareció la oportunidad de construir Termocentro, una gran instalación termoeléctrica destinada a reforzar el abastecimiento energético del país.
Duro Felguera consiguió hacerse con el proyecto a través de una estructura empresarial vinculada a la compañía.
La adjudicación se produjo sin un concurso público ordinario, circunstancia que los antiguos responsables empresariales han relacionado con la emergencia energética venezolana.
Las cifras del proyecto fueron extraordinarias.
La operación se ha situado en las investigaciones judiciales en torno a los 1.500 millones de dólares, aunque en diferentes fases de la relación contractual se manejaron importes superiores.
Era uno de esos contratos internacionales capaces de transformar la cartera de pedidos de una gran ingeniería.
Pero también se convirtió en el origen de una investigación penal que acabaría alcanzando a la antigua cúpula de Duro Felguera y a varios responsables venezolanos.
La Fiscalía sostiene que se utilizaron contratos de asesoramiento y sociedades intermediarias para encubrir pagos indebidos destinados a favorecer los intereses de la empresa.
La investigación ha puesto el foco en operaciones que, según la acusación, alcanzaron aproximadamente los 105,6 millones de dólares en pagos investigados.
No se trata de una cifra relacionada con las entradas de Fórmula 1 o las invitaciones deportivas, sino con el conjunto de las operaciones económicas que forman parte del procedimiento.
La responsabilidad penal de cada acusado debe determinarse individualmente, teniendo en cuenta también los acuerdos de conformidad ya alcanzados.
El expresidente de Duro Felguera ya reconoció su participación
El juicio comenzó el pasado 19 de octubre con una novedad de enorme relevancia.
Juan Carlos Torres Inclán, expresidente de Duro Felguera, alcanzó un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción y reconoció su participación en los hechos delictivos que se le atribuían.
El pacto permitió sustituir las elevadas penas inicialmente solicitadas por una multa de 4.800 euros, teniendo en cuenta las circunstancias apreciadas en el acuerdo, entre ellas la colaboración con la justicia y las dilaciones indebidas.
El reconocimiento de Torres Inclán supone un elemento importante para comprender la situación procesal del caso.
Pero no convierte automáticamente en culpables al resto de investigados.
Entre quienes han rechazado las acusaciones se encuentran antiguos responsables venezolanos que sostienen su inocencia y han cuestionado diferentes aspectos de la investigación.
La Audiencia Nacional debe continuar examinando las pruebas y las responsabilidades individuales.
La empresa intermediaria y el cambio que provocó discrepancias
Otro de los asuntos abordados este martes ha sido el papel de Terca, la sociedad venezolana que colaboraba comercialmente con Duro Felguera.
La empresa estaba dirigida por Luis Barrios.
Según el relato de Francisco Martín, esta sociedad contaba con un contrato en vigor y desarrollaba actividades comerciales que él consideraba legítimas.
Sin embargo, en 2011 se produjo un cambio relevante.
La dirección de Duro Felguera decidió sustituir a Terca y contratar a través de Ingespre, una sociedad vinculada al exviceministro venezolano Nervis Villalobos.
Martín aseguró que se opuso a esa decisión.
Según explicó, Barrios mantenía un contrato vigente y Terca era una empresa con capacidad para desarrollar su trabajo.
Pero el consejo de administración terminó imponiendo la nueva fórmula.
La justificación que, según el testigo, recibió desde la dirección fue que Duro Felguera atravesaba dificultades para cobrar importantes cantidades pendientes en Venezuela.
La compañía necesitaba a alguien que tuviese acceso directo a los mecanismos de autorización presupuestaria del Gobierno venezolano.
En particular, a los denominados puntos de cuenta, documentos utilizados para autorizar determinadas operaciones y desembolsos públicos.
La explicación introduce una de las cuestiones centrales del caso: hasta qué punto las relaciones con antiguos responsables políticos venezolanos eran necesarias para gestionar un contrato y cuándo podían convertirse en una vía para obtener ventajas indebidas.
Martín insistió en que no había tenido conocimiento de sobornos ni había constatado operaciones ilícitas.
Otro testigo defiende que la intermediaria venezolana era una empresa real
Durante la sesión también declaró Jesús Esteban, antiguo responsable de desarrollo de negocios de Duro Felguera establecido en Orlando, Estados Unidos.
Fue quien recomendó inicialmente contratar los servicios de Terca.
Esteban explicó que conocía a la compañía venezolana desde mediados de los años noventa, cuando había trabajado en empresas como Westinghouse y Siemens.
Según su testimonio, Terca disponía de oficinas y desarrollaba una actividad comercial efectiva.
Por tanto, rechazó que se tratase de una sociedad ficticia creada exclusivamente para canalizar pagos irregulares.
También aseguró que la compañía había superado los controles corporativos correspondientes.
El testigo negó haber recibido solicitudes de sobornos o tenido conocimiento de pagos ilegales relacionados con la adjudicación de Termocentro.
Su versión fue que el contrato respondió a una necesidad energética real de Venezuela.
Esteban afirmó que se desvinculó directamente del proyecto en diciembre de 2008, después de la firma del acuerdo inicial de reserva de maquinaria, valorado en más de 600 millones de dólares.
La Fiscalía le preguntó, sin embargo, por correos posteriores en los que continuaba apareciendo su nombre.
El antiguo responsable empresarial sostuvo que no recordaba esas gestiones.
También dijo conocer únicamente por referencias indirectas la decisión de sustituir a Terca por Ingespre.
Una historia que vuelve a colocar a Duro Felguera bajo el foco judicial
Lo sucedido en la Audiencia Nacional tiene una especial trascendencia para Asturias.
Duro Felguera ha sido durante décadas uno de los nombres más importantes de la ingeniería industrial asturiana, con una larga trayectoria internacional y proyectos energéticos en numerosos países.
Su historia empresarial está estrechamente vinculada a Gijón y al desarrollo industrial del Principado.
El juicio de Termocentro afecta a decisiones tomadas hace más de quince años, bajo una dirección diferente y en circunstancias económicas y políticas muy distintas de las actuales.
Pero su repercusión sigue siendo importante.
La compañía ha atravesado en los últimos años graves dificultades financieras y un complejo proceso de reestructuración.
En ese contexto, el procedimiento judicial representa otro capítulo de una historia empresarial marcada por grandes contratos internacionales, problemas de ejecución y operaciones que terminaron en los tribunales.
No obstante, es importante diferenciar las responsabilidades que se investigan por actuaciones del pasado de la situación de la empresa y de sus trabajadores en la actualidad.
El procedimiento se centra en hechos concretos y en las personas físicas y jurídicas acusadas por ellos.
¿Dónde termina una atención comercial y empieza un posible soborno?
Esta es probablemente la pregunta más importante que deja la declaración de Francisco Martín.
Las grandes empresas internacionales organizan habitualmente visitas, reuniones y actividades con clientes.
No toda invitación constituye una conducta ilegal.
Pero cuando los destinatarios son responsables públicos con capacidad de intervenir en adjudicaciones o decisiones económicas, las circunstancias cambian.
El valor de los regalos, su frecuencia, el momento en el que se ofrecen y su relación con las decisiones administrativas pueden resultar determinantes.
En el caso de Duro Felguera, la Fiscalía está examinando esas invitaciones dentro de una investigación mucho más amplia sobre presuntas comisiones millonarias.
La defensa de los antiguos responsables empresariales que han negado los hechos sostiene, por su parte, que las operaciones respondían a relaciones comerciales legítimas y a las necesidades de un gran contrato energético.
Será el tribunal quien deba valorar las pruebas.
Lo que ha quedado expuesto este martes es que Duro Felguera pagó experiencias de elevado coste a responsables venezolanos relacionados con un negocio multimillonario, según ha reconocido uno de sus antiguos directivos.
Para Francisco Martín, eran atenciones comerciales habituales.
Para la investigación judicial, forman parte de unas relaciones que merecen ser examinadas en el contexto de los presuntos sobornos.
Y ahí reside el verdadero interés de esta historia.
Porque, quince años después de aquellas carreras de Fórmula 1, partidos de fútbol y viajes a la Feria de Sevilla, la pregunta ya no es cuánto costaban las entradas.
La pregunta es qué papel desempeñaron aquellas invitaciones en las relaciones entre una gran empresa española y los responsables públicos de un país que le adjudicó uno de sus contratos más importantes.
La Audiencia Nacional todavía tiene que terminar de responderla.

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