Educación remitirá al ministerio público los perfiles que puedan contener delitos contra docentes y estudiantes. La preocupación coincide con la expansión de los llamados «curis», cuentas de memes escolares que en algunos casos utilizan caricaturas, rumores y referencias personales para humillar a personas reconocibles dentro de un instituto.
No hace falta publicar el nombre de un profesor para que todo el instituto sepa de quién se están burlando. Puede bastar una caricatura, un apodo o una referencia a su clase. Esa identificación dentro de la comunidad escolar es una de las claves del fenómeno que preocupa a las autoridades: el anonimato protege aparentemente a quien publica, pero no impide que la persona señalada quede expuesta ante sus compañeros o alumnos.
La Consejería de Educación y la Fiscalía Superior de Asturias han acordado este 5 de noviembre reforzar su colaboración ante la proliferación de perfiles anónimos que ridiculizan a alumnado y profesorado. Varios centros asturianos ya han denunciado estas prácticas, según ha comunicado el Principado.
La consejera, Eva Ledo, y el fiscal superior, Gabriel Bernal, han analizado cómo identificar posibles conductas delictivas. Educación trasladará a la Fiscalía los contenidos que puedan ser constitutivos de delito, sin excluir las actuaciones que correspondan a los propios centros.
El anuncio, sin embargo, deja todavía preguntas importantes: no se ha facilitado cuántos centros están afectados, cuántas cuentas se han detectado ni cuántos docentes o estudiantes han sido señalados. Hay una preocupación institucional expresa, pero no una estadística pública que permita medir su dimensión en Asturias.
Qué son los «curis» y por qué preocupan
El problema asturiano se produce en un contexto más amplio. La Policía Nacional difundió el 23 de octubre una advertencia sobre los llamados «curis», perfiles que comparten dibujos, memes o vídeos relacionados con la vida escolar y que suelen incorporar nombres, siglas o imágenes de centros educativos.
La advertencia distingue expresamente los contenidos humorísticos respetuosos de los que atacan a personas concretas. El riesgo aparece cuando las publicaciones incorporan burlas sobre el físico, rumores o montajes vejatorios. Una persona puede resultar identificable para su entorno aunque no aparezcan su fotografía ni su nombre completo, recuerda la Policía.
La comunicación del Principado no precisa si todos los perfiles detectados en Asturias responden a este formato. No sería riguroso darlo por hecho. Lo que sí coincide es el mecanismo que se pretende vigilar: cuentas anónimas que convierten a integrantes de una comunidad educativa en objeto de escarnio.
La diferencia no es el dibujo: es lo que se hace con él
Una caricatura no es, por sí misma, una prueba de acoso. Tampoco una crítica a un profesor constituye automáticamente una infracción. El contenido, la gravedad y las circunstancias importan, y la Fiscalía asturiana examinará cada caso para determinar si existe una conducta delictiva.
Bernal ha situado el debate en la frontera entre la broma y el hostigamiento: «El respeto no es opcional», ha advertido. Su planteamiento no consiste en prohibir el humor escolar, sino en recordar que detrás de una publicación hay personas cuyos derechos merecen protección.
La diferencia práctica es relevante. Cuestionar una explicación, protestar por una evaluación o parodiar una situación de clase no equivale necesariamente a señalar reiteradamente a alguien para degradarlo. Tampoco basta con llamar «broma» a una publicación para neutralizar sus posibles consecuencias.
Según la Policía Nacional, determinados contenidos pueden generar responsabilidades civiles y, en función del caso, encajar en delitos contra la integridad moral o injurias graves. No toda publicación ofensiva será delito, pero el uso de una cuenta anónima no excluye responsabilidades.
Una burla que puede seguir circulando después de clase
El cambio respecto a las bromas escolares tradicionales está en las posibilidades de difusión. Una publicación puede copiarse, comentarse y reaparecer fuera de la cuenta original. Su retirada no garantiza que desaparezcan las versiones que otros usuarios hayan guardado.
Ese funcionamiento ayuda a entender por qué la respuesta no puede limitarse a localizar al administrador de un perfil. También exige frenar la circulación del contenido y acompañar a quien lo sufre.
El profesor señalado sigue teniendo que entrar en el aula. El alumno ridiculizado sigue compartiendo espacio con quienes han visto la publicación. La dimensión digital no separa el conflicto de la vida del centro: puede devolverlo cada mañana a clase.
Asturias no es la única comunidad que está reaccionando
Aragón remitió el 22 de octubre instrucciones comunes a sus centros para responder a cuentas con contenidos vejatorios. Según informó Radio Huesca, las pautas incluyen conservar pruebas, comunicar los hechos a Educación e Inspección y promover la denuncia de las publicaciones ante las plataformas.
En La Rioja, ANPE comunicó el 29 de octubre haber recibido varias denuncias de docentes relacionadas con los «curis». El sindicato reclama protocolos específicos y apoyo jurídico y psicológico, y subraya que investigar a los autores no debe recaer sobre los profesores afectados. Son denuncias atendidas por la organización, no una medición del conjunto del sistema educativo.
En Asturias, Educación enviará a los centros un boletín con recomendaciones de la Delegación de Protección de Datos y pautas sobre el uso de las redes sociales. El objetivo anunciado es reforzar el asesoramiento que comenzó tras las primeras denuncias.
Ser menor no significa que no haya consecuencias
La edad del autor es relevante. Entre los 14 y los 17 años puede exigirse responsabilidad conforme a la legislación penal de menores cuando los hechos constituyan delito. Por debajo de los 14 no se aplica ese régimen penal, aunque la ley contempla la intervención de los servicios de protección cuando corresponda.
Por tanto, ni todos los casos tendrán el mismo recorrido ni la minoría de edad permite concluir que no se puede actuar.
Guardar las pruebas sin multiplicar la humillación
La recomendación policial es conservar capturas con el contenido, la fecha y el perfil, además de los enlaces, y evitar reenviar el material salvo para comunicar los hechos o aportar pruebas. Después, denunciar las publicaciones ante la plataforma y trasladar lo sucedido al centro y, cuando corresponda, a la Policía.
Compartir una captura para expresar indignación también puede ampliar la exposición de la víctima. Ayudar no consiste en hacer más conocido el ataque, sino en facilitar su retirada y la intervención de quienes deben investigarlo.
El paso anunciado en Asturias abre esa vía de coordinación. Su eficacia dependerá ahora de cómo se traduzca en respuestas: qué contenidos se retiran, qué casos se investigan y qué apoyo reciben docentes y estudiantes mientras se resuelven.
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